Por: Línea Democracia y Gobernabilidad
Es abogado de la Universidad Libre, especializado en teoría jurídica y filosofía del derecho de la misma universidad, además cuenta con una especialización en derecho constitucional de la Universidad de los Andes.
Entre 1990 y 1991 fue el director general del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) durante la administración de Juan Martín Caicedo Ferrer como alcalde de Bogotá. Siendo cercano a miembros del movimiento liberal de la corriente de Galán en Bogotá, en 1994 aspiró a la Cámara de Representantes como fórmula del exsenador Rafael Amador, pero no logró quedar elegido. Para dichas elecciones nacionales acompañó y apoyó las candidaturas de Enrique Parejo y, luego, de Ernesto Samper.
Tras no lograr quedar en la Cámara, en 1997 aspiró al Concejo de Bogotá por el Partido Liberal con el apoyo de Rafael Amador, quedando elegido tras alcanzar 7297 votos. Mientras fue concejal se acercó a Enrique Peñalosa, con quien mantendría cercanía política por varios años. De la mano de Peñalosa logró la reelección en el Concejo en el 2000 y 2003. Como concejal destacó principalmente por su participación en la creación de proyectos como el Transmilenio y organizaciones para la regulación del espacio público.
Para 2006 aspiró al Senado por el movimiento de Enrique Peñalosa, Por el país que soñamos, que no consiguió pasar el umbral en esa corporación, aunque sí logró dos representantes a la Cámara, entre los que se encontraban David Luna. Luego de ese fracaso, decidió apoyar la fallida candidatura de Peñalosa a la Alcaldía de Bogotá, siendo su jefe de debate.
Posterior a ello, nuevamente con el apoyo de Peñalosa, se unió hacia 2008 al Partido Verde, actualmente Alianza Verde, respondiendo al llamado del entonces presidente del partido, Carlos Ramón González. De esta forma encabezó la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá que lanzó el partido, quedando elegido junto con Ángela María Robledo. Ya siendo representante tuvo sus primeros distanciamientos con Peñalosa, luego de que este último expresara un apoyo en favor de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá.
Después de su paso por la Cámara de Representantes, en representación del Partido Verde apoyó la reelección de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia en 2014 y pasó a militar en el Partido de la U. Prada fue el gerente regional en Bogotá de la campaña de Santos, lo cual llevó a que fuera nombrado, en 2014, director del Sena.
Tras su labor como director del Sena (2014-2017) fue denunciado por María Andrea Nieto, la directora que le siguió, por presuntas irregularidades y clientelismo durante la dirección de Prada. En respuesta a las denuncias, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar, por, al menos, 161 hallazgos administrativos, de los cuales 5 tenía alcance fiscal por $804.997 millones, 75 con alcance disciplinario y 3 con alcance penal. Las investigaciones que se adelantaban en contra de Prada tenían que ver con irregularidades contractuales en 35 obras, nepotismo y la ampliación de la planta laboral de 28.000 a 36.000 contratistas.
Para 2020 ya algunas investigaciones que tenía en la Procuraduría fueron archivadas, pero se desconocen el estado de las que tenía abiertas, y en el presente año, la Fiscalía archivó el proceso que tenía abierto por suscribir 4 contratos como director del Sena. Cabe mencionar que Prada no presenta antecedentes disciplinarios, fiscales ni penales.
Finalmente, tras su paso por el Sena, fue secretario general de la Presidencia de la República de Juan Manuel Santos entre 2017 y 2018. Con la campaña presidencial de este año, Prada llegó como cuota del ‘santismo’ a ser jefe de debate de Gustavo Petro, quien luego de su triunfo el pasado 19 de junio lo nombró coordinador del empalme de la cartera del interior y, ahora, ministro del interior.
Ahora bien, tras el proceso de empalme y su respectivo informe, las tres políticas del gobierno de Iván Duque alineadas con el de Gustavo Petro (semáforo verde) en asuntos de interior son:
Las líneas de acción comunales del Conpes 3922 de 2018 de Fortalecimiento de tejido social, Fortalecimiento de las organizaciones campesinas, Portafolio de oferta institucional para organizaciones campesinas, Asistencia técnica departamental, Acompañamiento de la construcción de la política pública del campesinado y fortalecer el GRIE y el Plan Ágora, mediante la creación de indicadores que respondan con los territorios priorizados y los flagelos que mayoritariamente afectan la elección democrática.
Brindar las garantías para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos, en particular los territoriales y ambientales, el acceso a la información pública, la libertad de prensa. Ahí entra el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos con el desmonte del Esmad y el Programa Integral de Garantía para las mujeres lideresas y defensoras de DDHH.
El Grupo de Articulación Interna para la política Pública de Victimas (GAPV), encargado de coordinar diferentes acciones al interior del Ministerio con el fin de contribuir a una mejor implementación de la Ley 1448 de 2011 y de las sentencias derivadas.
Por su parte, las políticas que el gobierno de Gustavo Petro no continuará, porque no van acorde con su proyecto político (semáforo rojo) son:
La Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana, que tiene vacíos para garantizar el ejercicio de derechos como la protesta social y libertad de expresión.
Políticas públicas que desconocen la participación de actores en su formulación, como las políticas públicas del campesinado, que no tuvieron la participación de las organizaciones campesinas, y la orientada a la población LGBTIQ+.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) con su Evaluación de Riesgo a cargo de la Policía Nacional pasaría al Ministerio de Interior.