Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares
La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, Human Rights Watch -HRW, sacudió este miércoles a Colombia con el informe en el que se revelan los vínculos de la nueva cúpula militar, nombrada el pasado 10 de diciembre por el presidente Iván Duque, con casos de ejecuciones extrajudiciales o llamados ´Falsos Positivos’.
Hace tres meses PARES ya había advertido del riesgo que implicaba que el presidente Iván Duque recurriera afanosamente al espejo retrovisor de la ‘Seguridad Democrática’. De hecho, el 11 de diciembre, Duque le entregó a la Fuerzas Militares el ‘Plan de Guerra’, un documento secreto que señala cómo será la estrategia militar durante su gobierno.
Nueve oficiales involucrados con los ‘falsos positivos’
Según el mandatario, la nueva cúpula militar era prenda de garantía para asumir la vigilancia y protección del territorio nacional, “son un grupo de militares con gran experiencia en inteligencia y contrainteligencia para recuperar territorios para que los colombianos sientan el más puro de los bienes públicos, la ausencia de miedo y la ausencia de violencia” señaló el presidente en ese momento.
Sin embargo, el informe de Human Rights Watch señala que son nueve nombres de esa cúpula militar ‘ejemplar’, según Duque, que están involucrados con las ejecuciones extrajudiciales.
Dentro de los nombres se encuentra el del Comandante del Ejército Nacional, Nicacio Martínez Espinel y quien fue el encargado de nombrar la estructura encargada de dicho ‘Plan de Guerra’, que completan los ocho polémicos oficiales mencionados por la investigación de HRW.
El nombramiento y las funciones que tiene que desempeñar cada uno de esos oficiales mencionados por HRW, no son un aspecto menor. Dentro de las responsabilidades que tendrán los ocho oficiales que son señalados, se encuentran: la supervisión de varios Comandos del Ejército, incluyendo los de personal, reclutamiento y logística.
Además, bajo su cargo tendrán la supervisión de diversos Departamentos del Ejército, como el de inteligencia y contrainteligencia y de educación militar; asesorar al comandante del Ejército sobre políticas para modernizar la fuerza, así como la supervisión de cursos especializados a soldados.
Asimismo, hay nombres que estarán a cargo de comandar la Unidad Especial que opera en el Bajo Cauca, y la Unidad Especial que opera en el Catatumbo, frontera con Venezuela.
«Las autoridades deberían investigarlos» HRW
Precisamente, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, advirtió que “Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”.
Frente a quienes se deberían iniciar las respectivas investigaciones, son los mismos oficiales que estarán encargados de llevar a cabo el ‘Plan de Guerra’ o como lo llama el ejército “Plan de Campaña Bicentenario Héroes de la Libertad”, manifestado en el comunicado de prensa del Ejercito Nacional, con fecha de 21 de diciembre de 2018.
Los encargados del nombramiento del 21 de diciembre, fueron el ministro de Defensa Guillermo Botero y el general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quienes designaron a los nuevos comandantes que conforman la estructura con funciones determinantes dentro del Ejército Nacional.
Así pues, trascurrieron solo 68 días para que la comunidad internacional expresara la delicada advertencia en la que se vincula, a los designados por el general y el ministro, con las ejecuciones extrajudiciales.
La premisa de Human Rights Watch, que se ampara en el derecho internacional dice lo siguiente, “es que los comandantes no solo son responsables por los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ordenen o cometan en forma directa. También deben ser penalmente responsables si sabían o deberían haber sabido que subordinados bajo su control efectivo estaban cometiendo estos delitos, pero no adoptaron todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”.
Martínez Espinel, el polémico nombramiento de Duque
La cabeza de este escándalo es el general Nicacio Martínez Espinel, quien fue el segundo comandante de la Décima Brigada Blindada entre 2004 y 2006, en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Según el informe, la Fiscalía General de la Nación le ha abierto investigaciones alrededor de 23 ejecuciones presuntamente perpetradas por soldados, de la Brigada que comandaba en 2005.
El informe revela un documento al que Human Rights Watch tuvo acceso, donde aparece la firma de Martínez Espinel que certifica el pago de 1.000.000 de pesos a un informante, el cual según el ex coronel fue fundamental para llevar a cabo dos operaciones militares.
Documento en el que aparece la firma de Martínez Espinel que certifica el pago de 1.000.000 de pesos a un informante que fue clave en una operación donde resultaron asesinados una niña y un hombre indígenas.
En una de las mencionadas operaciones, los soldados dieron un reporte con un NN femenino y otro masculino que sindicaban como pertenecientes al frente 59 de las Farc. Posteriormente, los tribunales determinaron que no eran subversivos. Se trataba de Nohemí Esther Pacheco Zabata, una niña indígena de 13 años y Enrique Carrillo Arias, un hombre también de una comunidad indígena.
Para 2011 dos soldados y un paramilitar fueron condenados por dichos homicidios y según el tribunal, los cuerpos fueron dispuestos con armas para ser pasados por miembros de Farc muertos en combate. Para 2013, un tribunal superior pidió a la Fiscalía que investigara “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.
La labor de Human Rights Watch ha demostrado que entre 2002 y 2008, varios militares fabricaron documentos ficticios en busca de beneficios económicos por bajas reportadas, incluidos casos de falsos positivos. En la investigación que adelantan sobre Martínez Espinel, se ha dificultado atar cabos debido a que la mayoría de muertos han sido reportados como N.N.
Sin embargo, Human Rights Watch develó dos inconsistencias en documentos firmados por Martínez Espinel, donde “los fiscales determinaron que los nombres y los números de cédula de los presuntos informantes no coincidían” y fechas de operaciones que tampoco coinciden.
«El 17 de mayo de 2005, Martínez Espinel autorizó el pago de 1.000.000 de pesos colombianos (USD 400) como recompensa por información que, según el mismo documento, facilitó una operación militar que se llevó a cabo el 20 de mayo–es decir, tres días después» señala la investigación de HRW.
Estos son los ocho nombramientos polémicos realizados por Martínez Espinel: