Por: Daniela Quintero. Redacción Pares.
Un espectro político radical que solicita flexibilizar el porte de armas, civiles que piden armarse y una red de ciudadanos cooperantes; es el panorama del actual del gobierno que abandera una política fuerte de seguridad y defensa. Sin embargo, hay que tener sumo cuidado en la aplicación de estas iniciativas porque pueden terminar siendo catastróficas si se juntan, pues en el pasado significaron la apertura al fenómeno paramilitar.
A principios del 2019, el senador Álvaro Uribe Vélez en una reunión privada de su partido en la ciudad de Montería, expresó que “la ciudadanía lo que está pidiendo es una flexibilidad en los permisos especiales” de porte de armas “porque entonces le dicen (a uno) en Valledupar: ‘nosotros ya salimos para Bosconia, nos atracan en el camino, no tenemos con qué defendernos y nos matan’”.
Meses atrás los partidos del Centro Democrático y el Conservador, abrieron un debate sobre el tema y le presentaron al presidente Iván Duque una petición firmada por más de 50 congresistas en la que solicitaron flexibilizar el decreto que regula el uso y porte de armas. El mismo Uribe se adelantó al mandatario con la publicación de la resolución en su cuenta de Twitter y sorprendió a la opinión pública pues era deber del presidente.
Luego Duque lo expuso, y para sorpresa de algunos políticos de centro e izquierda le fue añadido un parágrafo en el que le dio la facultad al ministerio de Defensa para decidir quién puede o no acceder a los permisos especiales para el porte de armas. Por lo tanto, los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, y el exviceministro Luis Ernesto Gómez, radicaron una demanda, pues según ellos esto reabre la puerta al rearme de ciudadanos.
Ganaderos en busca de armas
En contraste, el presidente del Fondo de Ganaderos, Hernán Araujo, pidió la necesidad del porte legal de armas en su región. Sin embargo, días después aseguró en medios que esta información había sido utilizada fuera de contexto.
Lo curioso es que Uribe señaló en los días posteriores al pronunciamiento de Araujo que los ganaderos en el departamento del César estaban siendo víctimas de extorsión y asesinato, por lo tanto, le habían solicitado el derecho para portar armas como derecho a la defensa.
Lo problemático es que Colombia ha tenido políticas nefastas en materia de seguridad privada. Un caso particular es la creación de la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM) en 1984, que a pesar de tener una personería jurídica, fue esa entidad a través de la cual se preparaban, coordinaban y operaban los grupos de autodefensa, según Carlos Medina Gallego en su texto “Autodefensa, Parmilitares y Narcotráfico en Colombia”.
Ciudadanos cooperantes con el Estado
Como se conoció el miércoles, el presidente Duque pondrá a funcionar durante su gobierno una nueva política de seguridad y defensa en la que contempla una red de ciudadanos de participación. Sin embargo, hay expertos que la critican y otros que la consideran importante para el desarrollo de la seguridad en el país.
Cabe destacar que esta medida es similar a la Red de Cooperantes implementada en 2002 por el gobierno de Uribe. Y aunque aún no se sabe con exactitud cómo va a funcionar internamente lo que se debe “evitar es que se comentan los mismos errores del pasado”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares. “El Estado no se puede negar a recibir información del ciudadano y el ciudadano tiene que acudir al Estado cuando necesita información”, agregó, pues según él, la política es fundamental y no debe ser estigmatizada.
En conclusión, estas redes de participación cívica son positivas siempre y cuando no se mezclen con los otros dos escenarios planteados que a través de la historia colombiana han demostrado ser contraproducentes. Armar a poblaciones podría derivar en la creación de grupos de seguridad privada o expresiones similares al paramilitarismo, que en consecuencia traen olas de criminalidad.