Por: Walter Aldana Político social alternativo
Las personas que salimos a las movilizaciones y mantenemos viva la protesta no creemos en la lucha armada como camino para conquistar el poder y hacer los cambios que, a nuestro pensar, necesita la patria.
Por ello, en función de fortalecer el Estado social de derecho, apelamos al fortalecimiento de esta democracia. Nos interesa que las instituciones se depuren de las mafias que se las han tomado y que los altos dignatarios se reconozcan como servidores o funcionarios públicos al servicio de toda la ciudadanía, incluyendo a quienes no votaron por ellos.
Lo más de avanzada hoy es reinstitucionalizar el país y devolverle la credibilidad en el pueblo. Y eso, definitivamente, no lo harán quienes representan el modelo neoliberal —aperturista e inhumano—, y mucho menos con tibias reformas para acallar el clamor popular hoy en las calles.
Entonces, se equivocan el patrón y el presidente Duque: la ridícula “revolución molecular dirigida” es un fantasma útil para seguir gobernando e influyendo en un sector importante del país, mintiendo y atemorizando sobre el ‘coco’ llamado “cambio social”.
Y claro que, como lo dijo Nelson Alarcón, dirigente de Fecode, pensamos en el 2022. ¿Quién dice que solo lo pueden hacer el innombrable y su partido? O sea que las y los representantes de este sector político, además de haber cooptado el Congreso y las altas cortes de la justicia, ¿se abrogan para sí el derecho a determinar qué pensamos y cómo actuamos? Ni más faltaba
Comprendo, entonces, por qué se dilata el inicio del proceso de negociación y por qué no se suscriben las condiciones de seguridad de la protesta: para seguir en un presunto contubernio con alguna “gente de bien” disparando armas letales y no letales, perpetuando un estado de violencia que ha dejado como resultado más de 50 personas asesinadas, afectaciones oculares a aproximadamente 40 jóvenes, casos de violencia de género, violencia sexual y el regreso de la práctica fascista de Turbay, Pinochet y Videla: la desaparición forzada de manifestantes.
Nosotros y nosotras, en las regiones apartadas y olvidadas del “desarrollo económico” colombiano, duramos décadas con el perverso estigma de ser territorios guerrilleros: zonas rojas donde los diversos gobiernos no invierten porque su prioridad son los grandes centros urbanos o sus periferias para producir y comercializar.
Hoy los cortes temporales de las vías llegaron a las esquinas de las principales ciudades y se comenzó a afectar su capital económico, su plusvalía. Por ejemplo: los gremios de la producción dicen que en el Cauca se perdieron 2 billones de pesos. Es claro que están hablando de los negocios de las zonas francas, parques industriales, ubicados en el norte del departamento, para nada del taller de ebanistería de Pedro Cabrera.
Una de las ganancias de la negociación con las Farc es que salió a flote la situación de tensión entre las personas pobres y las personas ricas de las ciudades. Si se hace sobreposición de mapas, hay una relación entre sectores marginales, extramuros, pobreza, miseria, pérdida de ingresos y de capacidad adquisitiva en la pandemia. Esto es lo que se puede leer fácilmente: estas condiciones se aglutinan en los sitios de resistencia, aquellos que cuentan hoy con una participación activa mayoritariamente de pobladores y pobladoras barriales y, especialmente, de gente joven.
Al mismo tiempo que la dirigencia política tradicional agita el discurso judeo-cristiano del “amémonos todos” —pero con la lógica de que con cara gano yo, con sello pierde usted—, niega, entre otros temas, por ejemplo, en el Congreso, los dineros para financiar la matricula cero.
Las personas que se han movilizado tienen el interés de cambiar el estado actual de las cosas. Y sabemos que esto solo podrá ser alcanzado a través del ejercicio democrático por excelencia: el voto. Será necesario, sin embargo, acompañar la puesta en práctica de este derecho ciudadano con la movilización social y la pedagogía electoral.
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