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Los abogados a los que el Estado colombiano les echó encima a los paramilitares

Por: Iván Gallo



Foto tomada de: El Tiempo


Fue Eduardo Umaña Luna, mítico profesor de la universidad Nacional, quien les aconsejó a los jóvenes alumnos que empezaban a componer un colectivo de abogados, atraídos a defender las causas justas, que le hicieran un homenaje a un defensor de campesinos en los Llanos Orientales quien en 1953, mientras iba en su balsa por uno de esos indómitos ríos, se hundió para siempre. Como tumba tuvo una cruz de palo, nada más. Habría que llegar alguien tan memorioso como este profesor, fundador junto con Fals Borda de la facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pare resucitarlo con sólo nombrarlo. El abogado se llamaba José Alvear.


Era el agitado e infausto año de 1980, tenían encima el yunque del Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay Ayala, en la que se obsesionaba, con consentimiento de la ley, con impedir que el germen de cualquier tipo de revolución entrara en Colombia. Una vez más los militares poblaban América, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay, el Brasil del general Baptista, la Bolivia de la Junta de los Comandantes. Turbay, más que un presidente, parecía una caricatura. Su corbatín y su voz aflautada eran una invitación a la burla, a las imitaciones. El M-19 se ensañó contra su gobierno haciéndolo quedar en ridículo con golpes demoledores de publicidad como el robo de armas del Cantón Norte o la toma a la Embajada de República Dominicana. La manera que encontró él y sus generales de desquitarse fue reprimiendo.


En esa época este colectivo de abogados se llamaba la Asociación Nacional de Profesores, Asonalpro. La orden de allanamiento incluyó destrucción de documentos, de objetos, una intimidación total y absoluta. El faro de pensamiento es el profesor Eduardo Umaña Luna pero lo siguen jóvenes abogados como su hijo, Eduardo Umaña Mendoza, quien sería abaleado en su despacho por órdenes de los paracos 18 años después, Eduardo Carreño Wilches, hijo de una familia campesina que llegó desplaza de Boyacá en plena época de la violencia, Daniel Medina, Luis Castro Murcia, Rafael Soto Beltrán. Hay dos personajes que posteriormente se unirían al colectivo y que tienen historias muy atractivas. Uno de ellos es Rafael Barrios Mendivil, barranquillero que renunció de un cargo que le daba lustre y buen sueldo, el de ser asesor del director de control del Banco de la República, pero ante la amenaza de la instauración de un régimen con visos de dictadura, era mejor abandonar lo que tenía y ponerlo todo.


El otro gran personaje se llama Alirio Uribe Muñoz, nacido en Aratoca Santander y que debutaría en el fragor de las luchas sociales durante el gran paro de 1977 mientras apenas era un estudiante de bachillerato. Alirio tiene la energía fulgurante de los 17 años, así que mientras de día estudia en la Facultad de Sociología de la Nacional, de noche lo hace en la Universidad Católica con su carrera de derecho. Así que más que un abogado es un humanista.

Eran 12 los abogados que estaban en esa época. Estaban en la mira del ejército por un hecho muy concreto, buscaban que los civiles no fueran juzgado por tribunales. Turbay, dando palos de ciego, detuvo a 1.200 personas a las que encerró en las caballerizas del Cantón Norte y algunas fueron sometidas incluso a tortura acusadas de pertenecer al M-19. Allí entran en contacto con comandantes del M que después pasarían a ser parte de la leyenda nacional como Iván Marino Ospina o Carlos Pizarro.


El Colectivo José Alvear pasó a ser la inspiración de jóvenes estudiantes de derecho que querían defender las causas justas. Uno de los lemas de una organización que ya tiene 44 años de existencia es la de no defender a nadie que esté procesado ni por narcotráfico, i por delitos sexuales, ni por secuestro de niños, ancianos o mujeres embarazadas”. Pero han defendido las causas sociales que generaron atropellos del Estado tan devastadores como la retoma del Palacio de Justicia, una estrategia urdida por la propia cúpula del Ejército para dejar entrar al M-19 al lugar y luego tener la excusa perfecta de contraatacar con fuerza desmedida. La retoma dejó desaparecidos, personas calcinadas y, lo más grave, acabó con los 11 magistrados de una de las Cortes Supremas de Justicia más intachables y prestigiosas de la historia.


Para la historia quedaron las trémulas palabras del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien suplicó por el cese del fuego que generaba la retoma con estas palabras dichas desde el baño de Palacio donde perdería la vida : “Estamos en trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos, tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el ejército y la policía se detengan…Ellos no entienden, nos apuntan con sus armas. Yo les ruego: detengan el fuego porque están dispuestos a todo….Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes…he tratado de hablar con las autoridades. He intentado comunicarme con el señor presidente, pero él no está. No he podido hablar con él…”

El colectivo José Alvear tiene entre sus causas el de los desaparecidos de Palacio. Así como también han estado en el del asesinato del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra a mediados de los años ochenta por parte de los MASETOS. El MAS, Muerte a Secuestradores, fue creado en una cumbre que organizó el Cartel de Medellín después de que ordenaran el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana menor del clan Ochoa, los hermanos socios de Pablo Escobar. Se crea un fondo común y se empieza a darle duro al M-19 y hasta a organizaciones estudiantiles. Si bien el modelo de autodefensa ya se había desplegado en Magdalena Medio, el MAS puede leerse como la semilla del paramilitarismo que vendría a sembrar el terror unos pocos años después.


Los abogados emprendieron la tarea de darle asesoramiento jurídico y defender casos emblemáticos como los asesinatos selectivos a miembros y líderes de la UP, como fue el caso de Álvaro Garcés Parra, alcalde de Sabana de Torres, en una combinación armada por miembros del ejército y del MAS. En algunos de los más de 100 casos que han afrontado han demostrado que los militares tienen las manos untadas de sangre. Los casos más emblemáticos han sido el del líder indígena Germán Escue, el de Wilson Gutiérrez Soler que fue torturado; el bombardeo de Santo Domingo, en Arauca,  el crimen de Manuel Cepeda, y las masacres de La Rochela y Mapiripán.


Vinieron los gobiernos, los abusos y, después de casi tres décadas de fundados, los integrantes del Alvear sintieron en la nuca la mano gélida de un gobierno autoritario. Así fue en los ocho años que duró la Seguridad Democrática. ¿Se acuerdan de las famosas chuzadas que ordenaban Jorge Noguera y la famosa Maria del Pilar Hurtado en el DAS? Buena parte de ella iban destinadas a sus líderes, los abogados Alirio Uribe y Reynaldo Villalba. Al primero incluso llegaban a esculcarle la basura para ver con qué debilidad personal podrían intimidarlo. Las amenazas, la persecución, volvieron, sobre todo entre los años 2003 y 2005.


Y casi veinte años después la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha dado la razón. Determinó, ojo a la gravedad de la sentencia, que varias entidades estatales hicieron actividades de inteligencia contra los integrantes del CAJAR y entregaron esa información a grupos paramilitares que luego amenazaron a los defensores de derechos humanos. “El Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas”. Es decir, en vez de cuidarlos, el Estado les servía en bandeja de plata a los paramilitares a estos abogados para asesinarlos o amendrentarlos.


La sentencia determinó que el Estado violó 14 derechos entre los que se incluye el de la vida la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión. El Estado está en la obligación no sólo de pedir disculpas sino de hacer un acto reparador como el de crear un documental en donde se honre su memoria, sus luchas.


Con esto, sólo en parte, se verá restituida la vida y la honra de tantos defensores de derechos humanos que lo dieron todo para defender al que no tenía nada de la furia y poder del Estado.

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