Llegó el momento de comenzar a decirnos algunas verdades o mejor de comenzar a aceptarlas. El país, a las FARC, le va a pedir que entreguen los secuestrados, que diga dónde quedaron los cadáveres de muchos de ellos, que cuenten todos los delitos que cometieron, y que reconozcan hechos como los del Nogal o las pescas milagrosas, además que pidan perdón por todos crímenes cometidos. Pero también, hay que recordar que las FARC no fueron las únicas responsables de muchos hechos de violencia y crímenes cometidos en este país.
Aunque a muchos no les gusté o no estén enterados, al Estado también le tocara pedir perdón y reconocer numerosos crímenes. A ese mundo que se le llama FARC y a su entorno político, tanto la sociedad, como el Estado, además de pedirles perdón deberán hacer acciones de justicia restaurativa. Tal vez una de las acciones más importantes tienen que ver con lo que se podrían llamar la restauración política.
Por ejemplo, uno de los grandes debates que existen en la actualidad es si las FARC tendrán algunas curules en el Congreso. Esta realidad qué le cuesta al país aceptar es fundamental y necesaria para sacar adelante los decretos y leyes que surjan de los acuerdos firmados en la Habana, esto lo analizaré en una columna posterior. Pero además esta realidad de verlos en el Congreso por simple lógica de los acuerdos, es también un ejercicio de justicia restaurativa.
Desde mediados de la década de los ochentas del siglo pasado o mejor desde 1986 cuando se dio la elección popular de alcaldes y gobernadores hasta 1995, más de tres mil miembros de la Unión Patriótica fueron asesinados por una acción llevada a cabo por narcotraficantes, paramilitares, agentes estatales y élites locales. Básicamente la elección popular de alcaldes y gobernadores asustó a las élites locales que durante décadas habían gobernado de forma estable. Estas élites ante la llegada de la democracia se aliaron con narcos y paras para asesinar la oposición política. A ese periodo de la historia se le conoció como la Guerra Sucia y a la operación liderada por agentes estatales se le conoció como el Baile Rojo.
En el siguiente cuadro se puede observar los niveles de violencia política durante estos años. Desde la elección popular de alcaldes y gobernadores, la guerra sucia fue en aumento, compárese el año de 1985 con 1986.
Los anteriores datos fueron presentados en el informe de derechos humanos que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nótese cómo desde 1986 las cifras comenzaron a aumentar vertiginosamente. Se podría afirmar que en las negociaciones de la Uribe, Meta, entre las FARC y el gobierno, que se desarrollaron durante buena parte de la década de los ochentas del siglo pasado, al final hubo una intención clara del grupo guerrillero de negociar, pero en ese intentó el Estado los traicionó y permitió que los masacraran.
Producto de esa negociación había surgido la Unión patriótica o UP, que fue en parte conformada por personas cercanas al movimiento guerrillero. La UP en poco tiempo logró 25 alcaldías de forma directa, al menos otras 123 por coalición y cerca de una decena de congresistas.
El denominado plan Baile Rojo comenzó en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986 con el asesinato del representante a la Cámara Leonardo Posada. Poco después se supo del asesinato en Villavicencio de otro representante la Cámara, Pedro Nel Jiménez, el 1 de septiembre de 1986. Luego siguió otro congresista Pedro Luis Valencia asesinado en 1987. Luego fue asesinado el representante por el Guaviare Octavio Vargas Cuellar. El propio Iván Márquez hoy jefe negociador de las FARC en la Habana era representante a la cámara por el Caquetá y ante el inició de la guerra sucia fue obligado a irse a la guerrilla nuevamente para buscar refugio e igual sucedió con Braulio Herrera.
Más de tres mil miembros de este partido político fueron masacrados, entre ellos dos candidatos presidenciales; Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y uno de los último en ser asesinados fue Manuel Cepeda Vargas en 1994, quien para ese momento era senador.
La UP fue un partido político de oposición y las FARC durante el proceso de paz fue solo un componente, es decir, la UP era más que las FARC, pero sin duda este partido fue la primera apuesta política seria del grupo guerrillero, y cuando lo intentaron los masacraron. Así las cosas los crímenes se cometieron de lado y lado, y si bien lo que acabo de narrar no exonera a las FARC de todos los crímenes que cometieron y por los que tienen que responder, también es cierto que tal vez el país tenga que reparar del otro lado y como mínimo el Estado deba considerar la posibilidad de regresar las curules que este partido y sus aliados políticos tenían en el Congreso, cerca de 10 curules para las FARC.
La jurisdicción especial para la paz que se firmó el 15 de diciembre de 2015 en el marco de los acuerdos de paz llevará al país a un profunda catarsis social, allí la sociedad se dará cuenta o reconfirmarán que las FARC cometieron muchos crímenes, pero que también políticos, empresarios y diferentes sectores sociales utilizaron la guerra sucia para destruir cualquiera que se les intentara oponer.
Columna de opinión publicada en Semana.com