Por: Luis Eduardo Celis. Columnista Pares.
Este es un país donde se mata desde muchos lados: los que defienden un orden, los que retan un orden, somos una nación ensangrentada desde hace muchos años, eso nos ha tornado en una sociedad enferma, enferma de barbaries por doquier y enferma de indiferencia. De ambas enfermedades poco a poco nos hemos ido curando, pero sigue habiendo tarea.
Las cifras de muertos por violencia, es decir de homicidios, viene bajando en los últimos quince años. El global de los homicidios, de los cuales menos del 10% son aporte de la violencia organizada. El otro 90% es la expresión de las violencias “difusas”, de quienes ejercen violencia de manera no organizada: que podríamos dividir esquemáticamente en dos campos: por gente que se conoce y tramita sus conflictos con violencia o la violencia por codicia, es decir atracos, robos. Esto nos debe colocar ante un reto de superación de culturas que promueven violencias y el permanente reto de la seguridad ciudadana.
Vivimos en plenitud un nuevo ciclo de violencia que parte desde el momento en que las FARC se transformó de guerrilla a partido político -menos del 10% no entraron al Acuerdo de Paz y muchísimos menos son disidentes- y el Estado no ha podido o no ha querido tener control efectivo de los territorios donde operaban las FARC.
Esa continuidad de una violencia afincada en por los menos ciento cincuenta municipios- siempre recordemos que hace 20 años, la cifra era el triple-, nos sigue colocando el desafío de someter a mafias e integrar políticamente al ELN, mediante la construcción de un acuerdo negociado, el horizonte de una “paz completa”, luego de treinta años de trasegar por acuerdos parciales, importantes y con sus logros concretos. Hoy tenemos más madurez democrática, más calidad en la acción ciudadana, más instituciones para avanzar en un estado social y de derecho, faltando aún un buen trecho para considerarnos una democracia “madura”, lejos estamos de ello.
Las masacres que se vienen presentando en las últimas semanas, vuelven a colocar el debate sobre responsables, motivaciones, lo que implica para la convivencia y para las instituciones. El responsable de garantizar los derechos y más los fundamentales como lo es la vida, es el Estado, por eso es que afirmo que el responsable de estas masacres es el Estado colombiano, que debe proteger la vida de todas y todos los ciudadanos y no es retórica, es el ordenamiento que nos hemos dado y debe exigírsele de manera particular al gobierno, en este caso al gobierno del Presidente Iván Duque, que responda por estas masacres, si no las puede prevenir, como está demostrado, debía aclararlas, judicializar y sancionar penalmente a sus responsables.
Trabajar por prevenirlas es una exigencia que debemos mantener, a pesar de que sabemos que la impunidad ante los graves crímenes nos dejan la dura realidad de la impunidad, ante la cual no podemos resignarnos, exigimos sanciones a los responsables y no podemos aceptar la impunidad.
Este gobierno agencia políticas que promueven las masacres: una constante de estas masacres es que se da en zonas donde el Estado no funciona de manera plena y legítima. Otros actores, llámense mafias, guerrilla, nuevos o viejos grupos paramilitares, son los que ejercen más autoridad que las instituciones estatales, y este gobierno, al desconocer el cumplimiento cabal del acuerdo de paz firmado con las FARC, que tiene en uno de sus ejes un proceso de construcción concertada de Estado en aquellas regiones donde este no funciona de manera efectiva y que tiene en la figura de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los PDET.
Estos son una acción de gran calado para avanzar en darle estado de calidad a los territorios que han adolecido de él y unas condiciones de infraestructura para un desarrollo económico y un ejercicio efectivo de derechos, todo eso es desconocido por este gobierno, lo que se hace es para darle viabilidad a las inversiones pensando en grandes negocios a futuro, esto se traduce en vías, que por supuesto son importantes, pero el resto falta, y así se puede evidenciar en los recursos que tienen los PDET, menos de un una quinta parte de los recursos que requeriría una acción como la que se concertó, en el acuerdo de paz.
La otra política que promueve esta barbarie, es insistir en la fracasada política contra el narcotráfico, centrada en la fuerza, la imposición y el desconocimiento de lo pactado, el PNIS – El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos- que igualmente se pactó en el acuerdo de paz, que tenía como lógica, dos ejes: concertación con las comunidades campesinas ligadas a la economía de la coca y alternativas concretas, para dejar estos cultivos y tener algo concreto para sustentar la vida, estos dos ejes han sido desconocidos por este gobierno, desconocimiento a los planes concertados con las familias y nuevamente utilización de la fuerza y la amenaza de que volverán las fumigaciones, eso es volver a lo que ha sido un fracaso y solo está dejando sangre.
El gobierno dice que todas estas masacres se explica por la coca, una coca que sigue en ciento veinte municipios, que las familias no pueden dejar si el gobierno no da alternativas concretas de subsistencia, y garantías de seguridad, y esto está lejos, cuando este gobierno no tiene ningún compromiso con trabajar en desarrollar políticas para la economía campesina, hacer realidad el punto primero del acuerdo de paz, una reforma rural integral, donde está la cura para tanta pobreza y exclusión en el mundo rural, y sobre esas tremendas desigualdades es que se instaló la economía de la coca, como alternativa concreta ante tanto abandono.
Las masacres se van a seguir presentando, hasta que no tengamos control democrático del territorio por parte del estado, lo cual implica transformar estas políticas fracasadas, hay que trabajar por ello, otras políticas, que parten de aplicar de manera cabal y estricta el acuerdo de paz, políticas construidas con las comunidades organizadas para un orden democrático del territorio, ese sigue siendo el desafío.