Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Esta semana se conoció que un juez estadounidense había aceptado los argumentos de la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y había ordenado su deportación a Italia. Esta noticia fue un golpe para las víctimas del paramilitarismo, quienes esperaban que Mancuso volviera a Colombia para decir la verdad de hechos que quedaron en el limbo tras su extradición a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008.
Esa decisión fue tomada con un amplio registro de hechos atrás, los cuales señalan varias cosas. Por un lado, la poca intención que ha demostrado el Gobierno para gestionar el retorno de Mancuso. Por otra parte, un interés político, jurídico y hasta económico con que Mancuso no cuente las cosas que le quedan por decir. Además, de un largo historial delictivo donde hay más de 75.000 crímenes cometidos bajo sus órdenes.
¿Y Duque qué?
Antes de conocerse que había vía libre para que Mancuso fuera extraditado a Italia, -tras cumplir su pena de 15 años y 10 meses, a la que fue condenado en junio de 2015 en la Corte del Distrito de Columbia en Washington, tras haber aceptado los cargos en su contra en enero de 2007 con base en los beneficios de la Lay de Justicia y Paz-, había un paso a seguir y era buscar por parte del Estado colombiano las formas de que el exparamilitar regresara a Colombia. Un motivo: el respeto a las víctimas.
Aunque se hicieron intentos todos han sido hasta el momento fallidos, incluso en medio del debate se ha dicho que los errores cometidos son de ‘principiantes’. Así, hay que iniciar diciendo que el Gobierno presentó dos solicitudes iniciales de extradición por requerimiento de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla el 15 de abril y el 13 de mayo. A éstos la respuesta por parte de la Embajada de Estados Unidos fue que eran inviables, pues no correspondían a figuras legales de ese país.
El tercer error llegó cuando el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó presentar otra solicitud, la cual tuvo que ser retirada el 17 de julio porque la condena ya había sido unificada con las sentencias de Justicia y Paz y la pena ya había sido cumplida.
En este contexto José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch dijo a través de un comunicado que “teniendo en cuenta que hay cientos de casos pendientes contra Mancuso y que las autoridades colombianas tienen una importante experiencia con procesos de extradición, estas tres pobres solicitudes de extradición son difíciles de compatibilizar con la importancia que debería tener este caso”.
Adicionalmente, el 20 de agosto se radicó ante el Departamento de Estado la petición de captura con fines de extradición que emitió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá -en español y traducida al inglés-, pero que su formalización aún no se ha realizado porque faltan aún varias traducciones.
Ahora, con la autorización del traslado de Salvatore Mancuso a Italia, firmado por Richard J. Leon, se conoce que se tiene hasta el 4 de septiembre para que el condenado paramilitar viaje a Europa.
Mientras tanto el panorama no pinta bien para quienes están en Colombia esperando la verdad– como lo han hecho por años-, pues las propuestas del Gobierno se fueron de nuevo por el camino equivocado. Por un lado, Duque dijo que acudirá a la Corte Penal Internacional, mientras que Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, aseguró que él hará su parte por medio del Tribunal Europeo.
¿Cuál es el problema con esto? Pues, como se ha hecho referencia desde que se conocieron estas afirmaciones, lo engorroso que encontrarían los dos funcionarios es que la Corte Penal Internacional podría investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en su conjunto, pero este proceso no lo puede hacer contra solo a una persona. Algo similar pasaría con la propuesta de Ceballos, pues el Tribunal Europeo juzga a los Estados, no a individuos por sus crímenes. De ‘posibilidad’ a imposibilidad.
¿Hay temor a que Mancuso hable?
De Mancuso, sus delitos, y lo que ha sido este proceso hay más aristas que las nombradas. No obstante, se mencionan estas dando relación a los primeros postulados expuestos. Así hay que decir que Mancuso, hijo de Gladys Gómez y del inmigrante italiano Salvatore Mancuso D’Angiolella (motivo por el que el exparamilitar tiene nacionalidad italiana), contribuyó junto a los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil a la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Estando allí comandó el Bloque Catatumbo, que según la Fiscalía mientras estuvo al frente de éste pasó de tener 270 miembros a 2.500, crecimiento que se daría por el apoyo empresarial, político y además del narcotráfico con el que contó este grupo. De esta cantidad de integrantes de este Bloque solo se desmovilizaron 1.437, incluido Mancuso, durante el proceso de Justicia y Paz promovido por el entonces presidente Uribe.
Durante este proceso Mancuso entregó 22 bienes y confesó 402 delitos puntuables entre los que están: concierto para delinquir agravado; actos de terrorismo; homicidio en persona protegida; homicidio en persona protegida en la modalidad de tentativa; tortura en persona protegida; toma de rehenes; destrucción y apropiación de bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.
Además, está señalado por hurto calificado y agravado; exacción o contribuciones arbitrarias; secuestro simple y agravado; desaparición forzada; actos de barbarie; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; tratos inhumanos y degradantes; represalias; obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias; despojo en campo de batalla; simulación de investidura o cargo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos; conservación o financiación de plantaciones; existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.
Hay que decir que en medio de este contexto la Fiscalía responsabilizó a Mancuso, entre otras, por las masacres de El Aro y la Granja, las mismas con las que se relaciona al expresidente Uribe y por el que hace tan solo unos días se conoció, que en el marco del proceso que lleva Uribe por falsos testigos por el que le fue impuesta prisión domiciliaria el pasado 04 de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema había citado al exsenador a versión libre en el alto tribunal el próximo 16 de septiembre por su presunto relacionamiento con estos crímenes.
A esto además se sumó la denuncia interpuesta por el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, quienes señalan la presunta culpabilidad de Uribe en estas masacres por omisión, pues para ese momento él fungía como gobernador, y aunque habría recibido alertas no evitó los crímenes. Incluso tanto en versiones libres de exparamilitares como en lo nombrado en esta denuncia se infiere la colaboración de la Fuerza Pública, acción que no sería propia de estas masacres, sino que se convirtió en un patrón de apoyo para los paramilitares. Otro punto donde Mancuso tiene mucho que decir.
Adicionalmente, hay que mencionar que con un retorno de Mancuso se abrirían capítulos del paramilitarismo, que como lo expuso Ariel Ávila en su programa El Poder, tendrían que ver con la paraeconomía y los empresarios, ganaderos, terratenientes que habrían colaborado con el accionar y crecimiento de las AUC y también con la relación con políticos y los movimientos que se dieron desde estas esferas para que se cometieran los crímenes realizados por este grupo.
La no llegada de Mancuso daría un espaldarazo para proteger a quienes se aliaron con los paramilitares con distintos fines, siendo trasversal en estos intereses el despojo de tierras, que además de ser bancado con lo errores del Gobierno para el retorno del exparamilitar, ya venía siendo impulsado con el proyecto de ley presentado por María Fernanda Cabal, que como indicó Ariel Ávila en El Poder “es un canto a la impunidad para beneficiar los terceros de buena fe, es decir, a la gente que se quedó con la tierra despojada”.
Lo que quedaría es que se dé la posibilidad de que a través de los distintos escenarios dispuestos por Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, que nacieron tras el acuerdo de paz con las Farc, Mancuso dé su testimonio ya sea en la JEP, donde está a la espera de la decisión para acogerlo, y voluntariamente podría acudir a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.