• Redacción Pares

Las Bandas Criminales y el postconflicto

Por: León Valencia y Carlos Montoya.


En agosto de 2007 a través de la Policía Nacional el gobierno del presidente Uribe acuñó la denominación Bandas Criminales –Bacrim-para designar a los diversos grupos del crimen organizado que aparecieron en el país después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Dijo en su momento que se trataba de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico que nada tenían que ver con los antiguos paramilitares. Quería el gobierno despojar a estas expresiones delincuenciales de cualquier connotación política y social. Quería señalar que la negociación con las Autodefensas había sido un éxito completo y bien podíamos doblar la página del paramilitarismo en Colombia.

A partir de esas definiciones el general Óscar Naranjo, en ese entonces Director Nacional de la Policía, trazó una estrategia de Combate a las bandas criminales cuyo elemento central era la captura o baja de objetivos de alto valor. Se trataba de perseguir a las cabecillas de estos grupos mediante sofisticadas operaciones de inteligencia y dar partes de victoria con mucha frecuencia. Naranjo que, además de haber liderado la inteligencia desde los años noventa, es un comunicador excepcional, logró un gran impacto en la opinión pública y generó confianza en la ciudadanía con la captura de más de una centena de jefes de las bandas. Se pensó entonces que le estábamos ganando la batalla al crimen organizado y que era cuestión de pocos años la desaparición o reducción definitiva de las grandes estructuras criminales.

Pasados siete años, por encargo de Conflict Prevention, nos hemos ocupado de hacer un estudio de la situación de las bandas criminales para descubrir la presencia territorial, los mercados y rentas que controlan, la influencia social y política que tienen y la manera como están asumiendo las negociaciones de paz que el gobierno nacional adelanta con las guerrillas. Sobre esa base queremos contribuir a dibujar una política del Estado colombiano y de la comunidad internacional frente al crimen organizado en función del postconflicto con las guerrillas.

El estudio ha tomado los departamentos de Valle, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Meta y Magdalena como casos a partir de los cuales hacemos una radiografía general del fenómeno. Se realizaron entrevistas con autoridades locales o con líderes sociales y políticos de las zonas más afectadas por las bandas, se establecieron contactos con personas cercanas o participes de ellas, se recogieron los informes que entidades públicas y privadas han hecho sobre las bandas en estos últimos años y se utilizaron los estudios y reportes que año tras año ha hecho el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación que es el mismo que antes le hizo el seguimiento a este tipo de organizaciones desde la Corporación Arco Iris.

Las conclusiones no son muy alentadoras. Ahora podemos decir que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial y que los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales. Estas fuerzas florecieron en la mayoría de los territorios donde dejaron las armas los bloques paramilitares, sólo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior. Persisten en el negocio del narcotráfico, pero derivan con gran eficacia hacia el microtráfico en las grandes ciudades y al tiempo han ampliado su participación en la minería ilegal, en el contrabando de muy diversos productos, en la trata de personas, en la extorsión, en el robo de celulares y de autopartes, componiendo un portafolio diverso y potente.

Insisten en la infiltración y en la cooptación política y social en varias regiones del país, sólo que en las elecciones de 2010, 2011 2014 la forma principal de su influencia fue la movilización de grandes sumas de dinero en función de candidatos afines a sus intereses y no la presión violenta. Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las Bandas Criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las FARC y el ELN.

También hubo variaciones en el entronque con el crimen transnacional y acoplándose a las nuevas realidades nacionales ampliaron sus alianzas con los carteles mexicanos de las drogas y migraron hacia al sur del continente participando en redes criminales tanto en la Zona Andina como en Brasil y Argentina.

Lo encontrado en las seis monografías regionales dice entonces que hay a la vez continuidades y diferencias entre las Bandas Criminales de hoy y la organización que adoptó el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia a finales del siglo pasado y principios de este. La minimización de las continuidades y la exageración de las diferencias de estas organizaciones con los antiguos paramilitares, ha llevado a los organismos de seguridad del Estado y a la dirigencia política del país a cometer errores en las estrategias para Combatirlas. Asignarles el rol exclusivo de narcotraficantes y no ver la diversidad de negocios que tienen en sus manos y el control social que ejercen en muchas zonas del país, lo mismo que las diversas relaciones que ostentan con sectores políticos y empresariales y con miembros de la Fuerza Pública a los más altos niveles, ha limitado el alcance de las estrategias para buscar el desmonte de estos grupos.

La presencia territorial

Fue Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien le advirtió al Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, en una carta enviada desde la Cárcel de Itagüí, en diciembre 28 de 2006, que una parte de los paramilitares se había quedado por fuera del proceso de paz y estaba dando vida a nuevas organizaciones criminales, le decía: “En fin, en medio de este panorama de equivocaciones tampoco podría sustraerse usted a sus propias equivocaciones entre las cuales brilla, por su inexactitud, aquella de afirmar en su entrevista que el paramilitarismo se había desmontado y que sus jefes están en la cárcel. Al respecto me veo forzado a recordarle que de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las AUC, 19 están detenidos, esto indica que más del cincuenta por ciento de estos altos mandos, gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las AUC. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de mil mandos medios. Nadie como usted en el fondo sabe, que las mal llamadas bandas emergentes, nos son más que grupos paramilitares reconstituidos por muchos de los grandes jefes que huyen prófugos del incumplimiento, de la burla y del sueño destruido de la paz”.

Báez ponía el dedo en la llaga. Las Autodefensas Unidas de Colombia habían logrado reunir a la gran mayoría de narcotraficantes y paramilitares del país en una confederación liderada por los hermanos Castaño, formados al lado de Pablo Escobar fundador y principal jefe del Cartel de Medellín. El Cartel de Cali se había disuelto y para reemplazarlo se habían desarrollado el Cartel de Norte del Valle, del cual se derivaron posteriormente los “Machos” y los “Rastrojos”. Estos grupos habían tenido alguna relación con las Autodefensas de Castaño contribuyendo a la conformación del Bloque Calima de las Autodefensas. Algunos miembros de estos grupos vallunos alcanzaron a cobijarse en las Autodefensas y entraron al proceso de paz. Pero la gran mayoría persistieron en el crimen organizado y una vez desmovilizadas las Autodefensas Unidas de Colombia vieron la oportunidad de reconquistar otra vez la hegemonía que habían logrado entre la criminalidad en los años que siguieron a la muerte de Pablo Escobar.

Entre 2007 y 2011 asistimos a este proceso. La Policía Nacional que había advertido las pretensiones de los del Valle se lanzó sobre los “Machos” y capturó a sus principales jefes. No obstante al lado estaban los “Rastrojos” que tomaron un vuelo inusitado. Esta vez fueron los llamados hermanos Comba quienes lideraron la expansión de esta organización criminal. Empezaron por acabar con los rivales al interior del grupo. Fue así como uno de los “Comba”, Javier Antonio Calle Serna, persiguió hasta Venezuela a Wilber Alirio Varela, alias “Jabón”, en ese entonces principal capo de los Rastrojos, lo asedió, lo mató y se apoderó de su imperio. A la cabeza de los Rastrojos desafiaron a la “Oficina de Envigado” y a los “Urabeños” y entre 2008 y 2011 se extendieron por todo el país matando a quienes se atravesaban en el camino.

En la monografía sobre el Valle, realizada por Elizabeth Escobar, está bien descrita esa expansión. Los Rastrojos pasaron de tener actividades en 6 departamentos en 2008 a hacer presencia en 22 departamentos en el 2010. Su área de influencia se amplió desde el Valle y Risaralda hacia la zona suroccidental, hasta la frontera con Ecuador y Perú y hacia el Norte, incluyendo a Antioquia, Chocó, los departamentos de la Costa Atlántica y Norte de Santander.

La característica principal de los Rastrojos ha sido, sin duda, la de traficar con cocaína, pero en años recientes ha sido evidente su dedicación a la extorsión y a la captura de rentas muy diversas en el litoral pacífico donde ha tenido su mayor influencia. Este grupo es el que más se parece a la caracterización inicial que hizo el gobierno de Uribe de estas fuerzas criminales, ya que ha mantenido como renta principal la derivada del tráfico de drogas. Una de las personas que sirvió de intermediario entre los hermanos Comba y el gobierno del presidente Santos para buscar el sometimiento a la justicia de los Rastrojos le comentó a los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación que uno de los delegados de la Banda Criminal le había dicho con desparpajo que en Colombia no era posible separar cocaína y política, que estas dos cosas estaban indisolublemente ligadas y por eso acudían al alto gobierno y no directamente a la Fiscalía para buscar caminos de sometimiento. Después vendría el escándalo en el que Calle Serna señalaría, desde una cárcel de los Estados Unidos, que le había dado 12 millones de dólares a JJ Rendón y a Germán Chica, asesores de Santos en la campaña electoral, como estipendio para lograr la negociación con el gobierno, cosa no del todo creíble, pero reveladora de los alcances políticos que tiene el entramado criminal en el país.

El reinado de los Rastrojos duró hasta 2011. Las bandas criminales con asiento en Antioquia, una vez culminada la desmovilización de las Autodefensas, se trenzaron en agudas confrontaciones, en peleas a muerte por la sucesión del mando que habían dejado los grandes jefes paramilitares, por el dominio territorial, por el control de rentas y la influencia social. Los herederos directos de los Castaño reaparecieron con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. En los medios de comunicación los llamaron comúnmente “Los Urabeños”. En Medellín persistió la Oficina de Envigado y es Carlos Mario Aguilar Echeverri quien sucede a alias Don Berna en la jefatura. También aparecen “Los paisas”, que tienen todas las trazas de ser una derivación rural de la Oficina de Envigado, encargados de hacer presencia en el Bajo Cauca antioqueño y en el Sur de Córdoba. Estas organizaciones cumplieron la misión de repeler la ofensiva de los Rastrojos que intentaron llegar a las Comunas de Medellín y a Córdoba y Urabá y de hecho hicieron presencia en esos lugares por cerca de dos años. También afrontaron la ofensiva de la Fuerza Pública que somete a presión a estas organizaciones y logra capturar a alias Don Mario y obliga a varios mandos de la Oficina de Envigado a negociar con Estados Unidos el sometimiento a la justicia. Paralelamente se desarrolla una intensa disputa por la jefatura y el control de los grupos que da como resultado la subordinación de la mayoría de los integrantes a los Urabeños bajo la férula de los hermanos Úsuga, Juan de Dios y Dairo, antiguos guerrilleros del EPL y también largamente vinculados a los hermanos Castaño en los tiempos de las Autodefensas. El detalle de estos reacomodos y confrontaciones está en la monografía de Antioquia a cargo de Juan Diego Restrepo.

La presentación pública del grupo se había dado el 1 de octubre de 2008 cuando convocaron a un paro armado en la región de Urabá para protestar por el incumplimiento del gobierno a los acuerdos de paz con las Autodefensas. Con eso reafirmaron su origen en los antiguos paramilitares, pero también mostraron una característica esencial: su capacidad de control social y de influencia política. Lograron paralizar la región al viejo estilo de las guerrillas y de las propias fuerzas de los Castaño. Ahora bien, esto fue sólo el arranque. El primero de enero de 2012 fue la constatación de que habían logrado reunir a los mandos medios y a los reductos que habían quedado por fuera del proceso de paz de las Autodefensas y querían mantener su connotación política y social. Es decir, se estaba cumpliendo lo que Ernesto Báez le dijo al comisionado Restrepo a finales de 2006. Ese día con el pretexto de rechazar el asesinado de Alias Giovanni, uno de los hermanos Úsuga, convocaron un paro armado que tuvo impacto en siete departamentos y alcanzó a generar una parálisis total de las actividades en la ciudad de Santa Marta en plena temporada turística y en varias comunas de Medellín. Las indagaciones de ese entonces y los trabajos monográficos recientes nos mostraron que los Urabeños habían formado una organización de alcance nacional. Pero pudimos ver también que no se trataba del mismo tipo de organización que se generó alrededor de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los Urabeños buscaban subordinar a la fuerza o establecer alianzas con los grupos locales sin que estos perdieran su condición, incluso, en algunas zonas donde empezaron a hacer presencia directa dieron en utilizar otros nombres para realizar sus actividades delincuenciales. Por ejemplo, para amenazar a líderes sociales y políticos utilizaron en algunas zonas el nombre de Águilas Negras, una denominación que le ha servido también a sectores de inteligencia de la Fuerza Pública para amedrantar y crear confusión, en especial, en los últimos dos años a raíz de los avances en el proceso de paz.

A la vez que reconstruían sus nexos y sus alianzas en el norte del país, los Urabeños se extendían hacia la frontera con Venezuela desde la Guajira hasta Norte de Santander donde libraron una disputa con los Rastrojos que habían alcanzado una presencia importante allí. Empezaron a llegar también a Cali y a la Costa Pacífica desde el Chocó hasta Nariño. Particular mención merece el caso de Buenaventura. De esa ciudad se había apoderado una banda criminal llamada “La empresa” que en principio tenía nexos con los Rastrojos. La llegada de los Urabeños significó una confrontación con esta organización que dejó decenas de muertos y una tragedia espantosa que los medios de comunicación reflejaron a la largo de 2013 y 2014. Fue en esa ciudad donde se descubrieron las llamadas “casas de pique”; lugares tenebrosos donde se descuartizaba a seres humanos. A finales de 2014 los Urabeños habían logrado establecer su presencia en ocho de las doce comunas de la ciudad y “La empresa” se había refugiado en cuatro. Lo mismo había ocurrido en la ciudad de Cali. La capital del Valle fue escenario otra vez del enfrentamiento del crimen organizado en la disputa feroz por las zonas de Siloé y Agua Blanca. El Arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, denunció una y otra vez la desmesura de esta lucha y el daño inmenso que le estaba haciendo a la juventud de la ciudad.

Al finalizar 2014 es posible afirmar que los Urabeños son la banda criminal más extendida, la de mayor número de miembros y la que ha tejido una red de alianzas más diversa y compleja, incluso con las FARC con quien, en algunos lugares, tienen pactos de respeto y división de territorios para controlar mercados ilegales. Los Rastrojos no han desaparecido, mantienen su presencia con pequeños grupos en algunos sitios del país, pero se han debilitado ante la ofensiva de los Urabeños. El momento del declive de los Rastrojos estuvo signado por la entrega a las autoridades de Estados Unidos de Javier Antonio Calle Serna, quién después de intentar una negociación con el gobierno colombiano decidió colaborar con la justicia del país del norte.

Estas, sin embargo, no son las únicas bandas con poder, mando y autonomía. La monografía sobre el departamento del Meta da cuenta de la labor criminal de “Libertadores del Vichada” y el “Boque Meta”, herederos del Ejército Revolucionario Anticomunista –ERPAC- . Una extraña negociación de sometimiento a la justicia dio por disuelto a este agrupamiento, pero dejó vigentes a estas bandas en los llanos orientales. Particular importancia tienen los Libertadores del Vichada que están controlando los negocios del narcotráfico en la frontera con Brasil, en el municipio de Cumaribo.

La captura de Francisco Kiko Gómez, gobernador de la Guajira, y de su aliado Marquitos Figueroa, dejó al descubierto ante las autoridades judiciales, la trama criminal que se había fraguado en los departamentos del Magdalena, Cesar y Guajira, especialmente en este último con conexiones importantes en el lado venezolano y en Brasil. Era algo que los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación habían advertido desde las elecciones de 2011.

Siempre se ha hablado poco de la potente estructura mafiosa que organizó Víctor Carranza alrededor del negocio de las esmeraldas, del narcotráfico y el lavado de activos, pero últimamente a raíz de la muerte de Carranza y de la disputa a muerte que se libra en Boyacá, los llanos y la propia Bogotá, por el control de los territorios, las redes y el dinero ligados a este jefe mafioso, han saltado a la prensa las noticias de este gran poder criminal.

Menos notorias que estas organizaciones existen alrededor de 90 grupos en todo el país, algunos como la Banda la Cordillera con asiento principal en Dos Quebradas y Pereira han ganado nombre y cierta independencia por su actividad en el microtráfico y la extorsión, pero buena parte de estos grupos, como lo muestran las investigaciones, mantienen lazos con las grandes bandas, especialmente con los Urabeños.

En los tres últimos años han proliferado en diversos lugares del país panfletos con amenazas de muerte a líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas de la paz, firmados por las Águilas Negras. El surgimiento de este grupo se dio a comienzos de 2005 en Norte de Santander. Un mes antes, el 10 de diciembre de 2004, se había realizado la ceremonia de desmovilización del Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso. Pero, según versiones en esa región, la desmovilización no fue completa y Mancuso le entregó a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, un grupo de hombres y las rutas del narcotráfico hacia Venezuela y fue ese reducto el que continuó las actividades criminales después de la desmovilización y tomó el nombre de Águilas Negras. Pero esta banda no mantuvo su autonomía y muy pronto se vinculó a las filas de las Rastrojos. Ahora el nombre de las Águilas Negras es utilizado tanto por grupos ilegales como por sectores de la inteligencia policial y militar para amenazas, presiones y atentados a líderes sociales y políticos.

Sobre la presencia de las Bandas Criminales en el territorio nacional hay distintas valoraciones en la Policía, la Fiscalía y las organizaciones no gubernamentales. La Fundación Paz y Reconciliación ha detectado actividades de estas fuerzas en 275 municipios de 27 departamentos. En una entrevista con una persona ligada de mucho tiempo atrás a las Autodefensas y conocedora de primera mano de los Urabeños, decía que esta banda criminal estaba organizada de la siguiente forma: un primer núcleo conformado por 50 comandantes vinculados de manera estrecha con Dairo Usuga, alias Otoniel. Después 2900 integrantes que componen la fuerza directa y propia de los Urabeños y luego nexos y alianzas con diversos grupos que pueden tener 12.000 integrantes. Estos números se pueden prestar para muchas discusiones. Hay, desde luego, una volatilidad enorme de estos grupos por las capturas, las muertes y las disoluciones de estructuras, pero lo que está plenamente demostrado es que el número y la extensión de los Bandas Criminales exceden bastante los cálculos que tiene la Fuerza Pública que registra unos 4900 miembros en estas organizaciones.


presencia de bandas

Fuente: Fundación Paz & Reconciliación.

Las Bandas Criminales mostraron desde 2008 una tendencia a intensificar su penetración en las ciudades. Bogotá es un caso especial. En los años noventa y a principios del siglo, cuando el gran negocio era el tráfico de drogas hacia el exterior, la Capital era atractiva para el lavado de activos y las inversiones; pero al decaer este negocio y emerger el microtráfico y otros mercados ilegales, Bogotá adquirió una importancia notoria. Una población que se acerca a los ocho millones de habitantes y un crecimiento importante de las clases medias, la convirtieron en objetivo del crimen organizado. La investigación sobre los mercados de la criminalidad en la ciudad realizada por el equipo que hoy trabaja en la Fundación Paz y Reconciliación mostró el entramado mafioso que se había generado en siete puntos clave del territorio y las conexiones de estos nodos con grupos criminales asentados en Medellín, Cali y el Eje Cafetero. Al principio estas organizaciones se contenían para no desatar oleadas de violencia, pero a medida que va pasando el tiempo se registran más y más episodios violentos ligados a estas organizaciones. En el 2014 se contaron 215 casos de homicidio por sicariato. La situación dista mucho de lo que aconteció en Medellín y Cali, pero es bastante preocupante por la resonancia nacional e internacional que puede tener un crecimiento inusitado de la disputa mafiosa en la ciudad capital.

Además de privilegiar algunas ciudades para su expansión el crimen organizado ha dedicado especial atención a los puertos y fronteras en esta nueva etapa de vinculación a mafias transnacionales. Las investigaciones dieron seis lugares principales de enlace: Buenaventura, Tumaco, Urabá, la frontera con Venezuela en la conexión entre la Guajira y Maracaibo y también la región del Catatumbo, así mismo la salida por el Vichada y Putumayo hacia el sur.

La diversificación de las rentas

Hacia finales de los años noventa del siglo pasado Colombia alcanzó la hegemonía completa en el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína. El momento más decisivo de esta hegemonía fue año 2001 cuando el país llegó a las 160.000 hectáreas dedicadas al cultivo de hoja de coca, a la exportación de setecientas toneladas de cocaína y al involucramiento de cerca de un millón de personas en todas las fases del negocio. Fue también el momento de auge de la fuerzas paramilitares y la antesala de las elecciones del 2002 y 2003 donde se gestó el fenómeno de la parapolítica y el control de una tercera parte del congreso, de 250 alcaldías y 12 gobernaciones por parte de esta alianza entre políticos y fuerzas ilegales. Aún en ese tiempo el narcotráfico no era la única renta. Mauricio Romero (2001) en su libro sobre las Autodefensas muestra la importancia que ya tenía la venta de seguridad a particulares y los jugosos recursos económicos que salían de las empresas para las arcas de los paramilitares. Los casos más sonados, ahora bien documentados, son las contribuciones de las empresas del banano y del carbón en las zonas costeras, casos especiales el de Chiquita Brands y la Drummond. No se quedaban ahí y lograron capturar rentas públicas impresionantes como quedó demostrado en la investigación realizada sobre los recursos de la salud transferidos a las EPS y ESE que terminaron en manos de los políticos ligados a los paramilitares organizados en flamantes cooperativas, que significaron una quiebra en el sistema y una tragedia social impresionante en lugares como Barranquilla donde se instaló el llamado paseo de la muerte, es decir, el deambular de los pacientes por clínicas y hospitales que se habían quedado sin posibilidades de atender a los usuarios.

Para el año 2005 empezó a cambiar la economía del crimen organizado. Cayó la hegemonía colombiana en el cultivo, el procesamiento y el tráfico de cocaína. Los cultivos de coca se redistribuyeron en Perú, Bolivia y Colombia. Los carteles mejicanos entraron a comandar el tráfico. Las organizaciones mafiosas colombianas asumieron la segunda línea de mando en el procesamiento y el tráfico. Las hectáreas cultivadas se redujeron a una tercera parte y las toneladas de cocaína destinadas a la exportación disminuyeron a la mitad. En cambio se incrementó el consumo interno de las drogas ilícitas y el microtráfico. Hubo entonces una reestructuración de las organizaciones mafiosas. Encontramos en los estudios de los mercados criminales en Bogotá que alrededor del microtráfico se establecieron las llamadas “ollas” en diversos lugares de la ciudad que además del expendio de drogas asumían el control de otros negocios ilegales, especialmente la extorsión, el robo de celulares, el contrabando, el trasiego de autopartes. Situaciones similares hayamos en Medellín y Cali. Corabastos, La central de abastos de Bogotá y el llamado “Hueco”, el gran centro comercial de Medellín, son lugares que ilustran hasta dónde ha llegado la mano larga de las mafias en los negocios. Todas las investigaciones destacan la gran influencia de las organizaciones ilegales en las centrales de abasto y en lugares clave del comercio urbano.

Mención especial merecen los cambios en la geografía de la extorsión. El cobro de dinero con la promesa de proteger o dejar operar a las empresas y a los medianos y grandes negocios en el campo se trasladó a las ciudades como un hecho generalizado y corriente. Ahora los pequeños negocios, el transporte, todas las actividades económicas, en zonas populares de por lo menos 30 ciudades del país están obligados a pagar una cuota mínima para poder funcionar. Cobran hasta por permitir el paso de las personas de un barrio otro en algunos lugares de Medellín. Las tarifas van desde mil pesos hasta cien millones. Es lo que encontramos en las monografías realizadas. Pero ya un informe del diario el Tiempo del 19 de marzo de2013 había cuantificado en dos billones de pesos el dinero obtenido por las organizaciones criminales en esta modalidad delictiva. Por su lado la encuesta nacional de victimización de 2012 calculó en 125.000 las personas golpeadas por este flagelo.

La disminución de las entradas de dinero a las mafias por tráfico de drogas hacia el exterior coincidió también con una mayor demanda del oro y un alza inusitada de su valor en los mercados internacionales, que en algún momento elevó el precio de la onza hasta 1800 dólares. El negocio del metal se avivó en Colombia. Vinieron las compañías extranjeras a buscar títulos mineros y se intensifico la explotación ilegal facilitada por una muy deficiente legislación y una precaria institucionalidad en el sector. Una investigación de la Contraloría General de la Nación coordinada por Luis Jorge Garay señala que el 63% de la explotación minera no es legal y de esta una parte importante es abiertamente criminal, es decir, ligada a organizaciones del crimen organizado o a las guerrillas. La hipótesis que se mueve ahora entre los expertos es que la principal fuente de financiación de estas organizaciones es la minería ilegal y no el narcotráfico.

Un escándalo reciente parece darle mucho sentido a la hipótesis. A mediados de enero de 2015 se tuvo la primera noticia sobre una gran operación de lavado de activos realizada por la empresa Goldex dedicada el negocio del oro. A la cabeza estaba Jhon Uber Hernández y su esposa quienes fueron capturados al lado de otras 30 personas. El reporte de las autoridades señala que en los papeles de Goldex figuran compras de oro a veinte empresas, muchas de ellas ficticias; dice, igualmente, que el monto de las operaciones ascendió a 2.3 billones de pesos y buena parte de ese dinero fue a parar manos de las bandas criminales y de su entorno político y eventualmente a las arcas de las guerrillas. Las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación, especialmente un largo trabajo de indagación sobre la explotación minera realizado para AngloGold Ashanti, en los departamentos de Chocó, Nariño y Cauca, apuntan en la misma dirección. La explotación y el comercio del oro están en el centro de los negocios de las bandas criminales.

No es la única industria extractiva que le sirve de fuente de recursos al crimen organizado. Las monografías del Magdalena y de Norte de Santander, lo mismo que la investigación realizada para el libro La Frontera