Por: Redacción Pares
En la región existen 1223 conflictos territoriales. La represión y criminalización de los pueblos indígenas que defienden sus derechos ha conducido al asesinato de centenares de sus líderes. América Latina pide acabar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones e insta a construir sociedades pluriculturales.
Según un nuevo estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, los más de 800 pueblos indígenas de América Latina han de tener un papel protagonista en los espacios de toma de decisiones. Este rol no solo ha de servir para defender su derecho a la autodeterminación, sino también por las destacadas contribuciones que pueden realizar en los procesos de reformulación de los modelos de desarrollo.
Aunque hace ya más de tres décadas de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y que los Estados de América Latina reconocieron plenamente sus derechos, los pueblos autóctonos de la región, unos 60 millones de personas que representan un 10% del total de la población, continúan siendo uno de los colectivos con mayores atrasos en materia económico-social, pese a los grandes avances logrados en este ámbito en Latinoamérica.
La vacuna es el desarrollo sostenible
El informe destaca que uno de los principales retos de los países de América Latina y el Caribe es el de construir «sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias«, donde se reconozcan y garanticen los derechos de los pueblos indígenas.
Según el documento, uno de los modos de lograrlo es a través de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, «si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas».
Por ese motivo, insta a crear las «condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente» y hagan efectivo el compromiso «de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», un compromiso que asumieron los países el año 2014 en el marco de su Conferencia Mundial.
Los indígenas del Cauca, foco de los hechos victimizantes
El pasado 02 de junio a través de la ONIC y el CRIC se denunció la incursión de 05 hombres fuertemente armados con prendas militares, quienes encañonaron a personas del resguardo Indígena Pikwe Tha Fiw ubicado en zona rural del municipio de Páez.
Según lo informado a través de los comunicados de ambas organizaciones se afirmó que siendo aproximadamente las 5:30 p.m. los sujetos forzaron a la comunidad a dar información sobre el paradero de la Consejera Aida Quilcue Vivas, y de la Autoridad Tradicional Omaira Quilcue y del profesor Emirson Huetia.
“Desde la guardia y autoridades indígenas estaremos en asamblea. Además, como siempre ha sido, implementamos los mecanismos de protección y autoprotección territorial, atendiendo la sistematicidad de las amenazas que hay en las regiones del país, y que en mi caso se vienen dando desde el 2008 por las distintas labores de defensa de los Derechos Humanos que hago”, afirmó Aída Quilcué.
Por otro lado, la ONIC aseveró que hacen un llamado urgente a las instituciones del Estado Colombiano y a Organizaciones Garantes y Defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional para proteger y salvaguardar la vida e integridad de la comunidad indígena, así mismo de las personas mencionadas. Del mismo modo solicitamos de manera inmediata la activación de protocolos de protocolos de protección individual y colectiva en el marco del enfoque diferencial en el resguardo Pikwe Tha Fiw.
A estas solicitudes también se agregó la del procurador Fernando Carrillo, quien a través de su cuenta de Twitter hizo “un llamado urgente a las instituciones del Estado para que de manera urgente activen los protocolos de protección a favor de la Consejera Aída Marina Quilcué Vivas de la ONIC, su hermana que es autoridad indígena y otros líderes del Pueblo Nasa”.
Cabe señalar que la situación de incursión de hombres armados en este resguardo durante este año ha sido alertada por lo menos desde el 10 de febrero, denunciando los intentos de ingreso de estos al resguardo Pikwe Tha Fiw, los cuales han sido detenidos y controlados por parte de la Guardia Indígena y la comunidad. No obstante, la presencia de éstos es constante a los alrededores de la zona.
Crecen los conflictos por demandas territoriales
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, destacó que los 1223 conflictos territoriales actuales generaron movilizaciones que obtuvieron como respuesta «represión y criminalización», como los asesinatos de 232 defensores de los territorios indígenas entre 2015 y los primero seis meses de 2019. Esas cifras representan una media de cuatro asesinatos al mes en la región.
Bárcena recordó que el nivel de pobreza de la población indígena es mayor que el de la no indígena, y que las desigualdades salariales entre ambos grupos poblacionales son mayores según el «nivel de escolaridad y género».
«Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala (América en lengua guna) es una tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge garantizar los derechos de los pueblos indígenas», afirmó.
El informe ofrece un panorama actualizado sobre la situación de los derechos territoriales y de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los pueblos indígenas de América Latina, con el objetivo de apoyar el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y a las acciones urgentes para acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.