Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
Está en curso la más formidable protesta ciudadana de toda nuestra vida republicana; la más masiva y la más prolongada. Es una protesta donde las y los protagonistas han sido principalmente las juventudes, que se han volcado por miles a las calles de manera alegre y pacífica.
Hemos entrado en pleno en una intensa lucha social y política. Las y los jóvenes no quieren vivir en esta Colombia caracterizada por la exclusión social y en la que derechos básicos como la educación, la posibilidad de un empleo o el desarrollo de un proyecto de vida con una perspectiva de justicia, dignidad, democracia de calidad no son parte de la realidad; no quieren vivir en un país en el que cerca de la mitad de la población vive en situación de pobreza.
Lo que hemos vivido en estas últimas semanas, en medio de esta protesta social que continúa, es el choque de dos lógicas que expresan muy bien el conflicto en curso: por un lado, hay defensores de este orden de exclusiones y de precaria democracia que consideran que debe terminar la protesta y que en ella se concentran todos los males del país; y, por otro lado, estamos quienes pensamos que hay una crisis social profunda y que esa crisis expresa el fracaso de un orden social y político a transformar.
Por supuesto que esta crisis no es nueva. Es el producto de un liderazgo político que ha construido este orden de exclusiones y violencias: resistiéndose por más de dos siglos a contar con una democracia de calidad, han construido un orden de privilegios contra el cual hemos luchado desde siempre quienes hemos creído que esta sociedad está mal organizada y que es inadmisible que un país rico en recursos y en talento humano tenga hoy a millones de familias pasando hambre. Eso no es aceptable y no debe ser tolerado, bien por la protesta.
Lo que hemos visto durante estas cinco semanas de protesta social es que hay una defensa cerrada de los privilegios construidos a punta de violencias, una utilización arbitraria del Estado y una negación sistemática de derechos para millones de personas. El discurso de respuesta a los reclamos sociales sostiene que ya vendrán los derechos, que la protesta en curso es culpa de Rusia, de Cuba y de Maduro. Ya conocemos esa narrativa de que hay enemigos externos e internos: una renovada expresión de la guerra fría que sigue viva en algunas élites de poder. Sumémosle a esa explicación sobre la situación actual la narrativa de que mafias ilegales financian la protesta. Respecto a todo lo anterior: solo discurso y ninguna evidencia.
Este malestar social no va a pasar así como así. Esta protesta tiene raíces profundas y se seguirá expresando en múltiples espacios: en las calles y en las plazas, en el debate en el Congreso, en la deliberación ciudadana y en los procesos electorales. Se requieren cambios de mucho orden y profundidad, y eso va a llevar tiempo, por supuesto, pero hay que lograr que los reclamos más urgentes muestren un camino de realización.
Coincido con quienes han dicho que por lo menos cuatro temas deben ser concertados entre el mundo social que está en la protesta y el gobierno del presidente Iván Duque: renta básica de calidad para seis millones y medio de familias que hoy sufren hambre; iniciativas para ampliar y cualificar el acceso a la educación para millones de jóvenes que hoy están por fuera de este derecho, y para las universidades públicas que hoy se derrumban físicamente; una política de empleo y posibilidades de generación de ingresos para jóvenes y mujeres; y, por último, el tema que nuevamente es más que evidente: se requiere una profunda reforma de la Policía, que se ha comportado ante la legítima protesta como una fuerza criminal (la evidencia es amplia).
Hay una sociedad en pie por sus derechos. A treinta años del proceso constituyente del 91, esta fuerza social puede hacer realidad la promesa que la nueva Constitución colocó como referente: Estado social y democrático de derecho, lo cual sigue siendo proyecto por hacer realidad.
Estamos en una transición difícil. El viejo orden se resiste a ser superado. El uribismo va a luchar con su narrativa de guerra fría, con violencia, saliendo a la calle, aferrándose al poder de manera legal e ilegal, como lo que han sido toda la historia: un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad. Eso hay que tenerlo muy claro y enfrentarlo en el marco de la constitución del 91 de manera decidida, pacífica y persistiendo en la acción social, política y cultural por una Colombia en paz, justa y con una democracia de calidad.