Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Foto tomada de: RTVC Noticia
El martes 9 de abril se cumplió otra jornada de movilizaciones a favor del gobierno de Gustavo Petro y en defensa de sus reformas, posterior al hundimiento de la Reforma a la Salud, del riesgo de que los tiempos no den para la aprobación de la Reforma Pensional en el Senado, y con un ambiente político enrarecido, tanto por el llamado a juicio contra Álvaro Uribe Vélez, así como por la crisis que se avecina en el sistema de salud.
El ambiente, que prometía una movilización masiva, terminó siendo, como en otras ocasiones, disperso. Aunque el gobierno montó una gran tarima, muchos de los manifestantes se quejaron de que se convocaran marchas con este tinte pro-gobierno, cuando ese mismo día se conmemoraba el Día de las Víctimas. La creciente instrumentalización del gobierno de las manifestaciones sociales, en el ámbito de la “radicalización democrática” lleva a preguntarse qué tanta cohesión y fuerza tienen las bases sociales del gobierno, y por qué no han respondido con amplias movilizaciones ante la coyuntura política y a las convocatorias del gobierno nacional para salir a las calles.
Balance de manifestaciones durante el gobierno Petro
Según datos de la CINEP/PPP, a corte de agosto de 2023, hubo casi 1000 movilizaciones en el país en el marco de demandas y reivindicaciones de carácter gremial, siendo cifras muy cercanas a las de gobiernos anteriores. Esto implica que la llegada de un gobierno de carácter alternativo no ha cambiado en mayor medida las lógicas de movilización gremiales, y que, a pesar del mismo, siguen existiendo demandas que no se han resuelto, sin importar si el gobierno tiene cercanía en términos programáticos e ideológicos con estas manifestaciones.
Lo que sí es cierto es que las manifestaciones gremiales, a diferencia de los estallidos sociales de noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril de 2021, se ha dispersado y disgregado a nivel territorial, concentrándose en necesidades particulares más urgentes a nivel local y reivindicaciones de carácter histórico, frente a la decantación de un programa maximalista a nivel nacional, que estaría encarnado dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, construido desde los diálogos vinculantes a finales de 2022.
Junto con estos datos, la defensoría del pueblo señaló en marzo que la conflictividad social en Colombia aumentó un 43 % en el último año. En su informe anual, indicó que hubo 2046 manifestaciones de conflictividad social, que ha implicado un aumento sustancial frente a los 1427 eventos que se presentaron en 2022.
Fuente: Defensoría del Pueblo.
Geográficamente estos eventos se han ubicado en Bogotá (13%), Bolívar (7%), Antioquia (6%), Santander (6%), Magdalena (6%), Atlántico (5%), La Guajira (5%) y Valle del Cauca (5%). Asimismo, los mecanismos más usados para expresar estas insatisfacciones o incomodidades, indicados por la Defensoría, han sido los bloqueos de vías (38%), plantones (33%), marchas (11%), disturbios (6%) paros (5%) y toma de instalaciones (3%). Frente a 2022, hubo un aumento del 62% en paros, 62% en bloqueos de vías y 31% en plantones y concentraciones.
Fuente: Defensoría del Pueblo.
La mayor parte de estas manifestaciones han sido realizadas por ciudadanos de a pie sin distinción (33%), trabajadores (11%), comunidades educativas (9%), múltiples actores sociales (7%), comunidades indígenas (6%), sindicatos (4%) transportadores (5%), organizaciones de la sociedad civil (4%) y campesinos (3%). Es denotable que, aunque la cifra de trabajadores y sindicatos sumada nos muestra que el 15% de las manifestaciones de conflictividad social son realizadas por estos grupos, siguen siendo uno de los grandes soportes y apoyos del gobierno nacional en las calles.
No obstante, lo que ha marcado la agenda de movilizaciones en los últimos meses ha sido el pulso entre los llamados del gobierno para salir a las calles a defender su programa alternativo, encarnado en el programa de reformas sociales que cursa en el congreso (Reforma a la Salud —ya hundida—, Reforma Pensional, Reforma Laboral, Educación como Derecho Fundamental) y las manifestaciones de diferentes sectores independientes y de la oposición de derechas, que han buscado en las movilizaciones una contestación social frente a las medidas del gobierno.
Desde el inicio del gobierno Petro a corte de abril de 2024 habrán sucedido 1 marchas y 3 balconazos, en los que el gobierno y la oposición se han medido a través de la movilización popular en las calles. De ellas, la oposición ha convocado 11 manifestaciones desde septiembre de 2022 hasta la que está convocada para el próximo 20 de abril; mientras que el gobierno ha contestado con 8 manifestaciones y ha llamado a la sociedad civil a reunirse para presentar su paquete de reformas, en febrero de 2023. En promedio, la oposición está manifestándose contra el gobierno cada dos meses, mientras que el gobierno, desde que comenzó su estrategia de movilización para defender su programa de gobierno el 14 de febrero de 2023, se moviliza cada dos meses y medio, en las que 5 de aquellas manifestaciones se realizaron como contestación o antesala a una marcha opositora.
¿Qué está sucediendo con las bases sociales?
A pesar de haber ganado con una amplia base popular, concentrada en diferentes grupos gremiales y sectoriales de las subalternidades del país (campesinos, obreros, mujeres, jóvenes, estudiantes y docentes, etc.), Gustavo Petro ha tenido dificultades para poder movilizar a su electorado y a los sectores sociales que lo apoyan en las calles. En un país donde las protestas y las manifestaciones siempre han sido reflejo de escenarios de discusión, contestación y disputa contra medidas y acciones de los poderes locales, regionales y nacionales, los llamados del gobierno nacional para movilizarse en apoyo hacia una agenda política legislativa y ejecutiva han generado ruido y han puesto a estas bases en otros lugares de enunciación.
Además de ello, la disociación que ha existido entre las reivindicaciones históricas de estos sectores gremiales y la defensa del programa de gobierno de Petro han generado ciertas divisiones y críticas frente a los riesgos de una usurpación de la voz de los movimientos sociales y de sus premisas por parte del discurso oficial, como se manifestó durante las marchas del 9 de abril, día de la conmemoración de las víctimas.
Y no es para menos, pues la radicalización democrática a la que ha apelado el gobierno nacional para tratar de generar un ambiente de constante movilización social y política en el país ha chocado con una reducción en las expectativas y menor afluencia en las convocatorias organizadas a nivel oficial, además que el gobierno ha declarado abiertamente que debido a haber sido elegido con más de 11 millones de votos, tiene carta blanca y refleja en sus acciones los intereses sociales que dice representar.
Y aunque el gobierno Petro ha apelado a la misma estrategia nodal con la que ha organizado sus proyectos políticos en años anteriores, basada en la autonomía de organizaciones y movimientos que le apoyan sin la consolidación de un pensamiento ideológico oficial más allá del apoyo al programa político del Cambio, algunas de las bases temen que exista un intento del gobierno por suplantar y usurpar su voz.
Toda la estrategia del gobierno nacional para movilizar a sus bases sociales se ha concentrado en la propuesta de “Activistas por el Cambio”, con la que el gobierno ha querido reemplazar las dinámicas de militancia y organización partidista de base con “guardianes” e “intermediarios” entre la sociedad civil y el presidente, tal y como se presentan desde sus redes sociales.
Fuente: Instagram.
Este grupo ha tenido relevancia porque han estado detrás de la organización y promoción de varias de las manifestaciones en apoyo a la agenda de reformas del gobierno, especialmente frente a la coordinación de las manifestaciones a nivel territorial y la convocatoria de Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones sociales en regiones lejanas o en municipios pequeños.
Más allá de los intentos de coordinación a través de este colectivo, existen tensiones y disputas internas entre sectores de las bases sociales y el gobierno, frente a diferentes posturas, expectativas y acciones que Gustavo Petro y sus ministros han llevado a cabo en los últimos meses, por lo que hay un bloque que apoya abiertamente las decisiones del gobierno, y otro bloque que se ha vuelto crítico y contestatario al mismo. No obstante, hay que entender que, a pesar de estas tensiones, todas las bases sociales están de acuerdo en la defensa del gobierno del Cambio y de su legitimidad, tanto ante las amenazas políticas de los partidos tradicionales independientes y opositores.
Por un lado, el gobierno cuenta con amplio apoyo de los sindicatos, que han sido de los pocos grupos que han mantenido una lógica constante de apoyo a las movilizaciones convocadas por el gobierno durante los últimos meses (FECODE, CUT, USO, parte de la CTC, entre otros).
Fuente: Twitter.
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De igual modo, otro soporte fuerte dentro de las bases sociales del gobierno está en el movimiento campesino e indígena, especialmente por los avances que el gobierno ha logrado en materia de titulación y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral.
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Según datos del Ministerio de Agricultura, en este momento se han titulado 807.815 hectáreas de tierra, de las cuales 572.743 ha. han sido entregadas a comunidades indígenas, 186.322 a campesinos y 39.026 a comunidades afrodescendientes.
Fuente: MinAgricutura.
Del mismo modo, las organizaciones indígenas han acompañado al gobierno en la mayoría de las movilizaciones, y se mantienen como un fuerte aliado del mismo.
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Por otro lado, hay sectores sociales que han sentido que el gobierno no ha cumplido lo suficiente con sus promesas, ha sido incoherente con las propuestas durante la campaña presidencial o el Plan Nacional de Desarrollo, o tienen rupturas por decisiones propias del gobierno. Tal es el caso de un sector del movimiento feminista que se ha apartado, debido tanto a la omisión y el silencio del presidente y sus funcionarios frente a denuncias de violencias basadas en género o la aceptación de figuras acusadas de cometerlas. Tal es la disputa existente entre ciertos sectores feministas frente a los nombramientos de Hollman Morris como director de RTVC.
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Igual que los jóvenes, quienes impulsaron en gran medida el trabajo voluntario de campaña del candidato Petro en 2022, pero que a corte de octubre de 2023, según una encuesta de Cifras y Conceptos, en alianza con El Tiempo y la Universidad del Rosario, estaban virando hacia posiciones de derecha, aunque la figura del presidente mantenía entre este sector de la población una favorabilidad del 52% y una favorabilidad del 41%, y solo el 33% de los encuestados afirmó que el gobierno está cumpliendo con sus promesas de campaña.
Recientemente, los nombramientos de nuevos rectores en las universidades públicas del país también han contrapuesto al movimiento estudiantil con el gobierno, quien en su momento ha querido denotar a las organizaciones gremiales estudiantiles y sus acciones como parte de la construcción del proceso constituyente. Esta salida en falso le ha acarreado críticas de aquellos sectores, quienes han cuestionado al gobierno por su poca maniobrabilidad frente a la defensa de la democracia universitaria.
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Las promesas de apertura de escenarios burocráticos y de representación política para la ejecución de proyectos y la resolución de peticiones históricas no ha bastado. La percepción que los jóvenes y las mujeres frente al Ministerio de Igualdad y los viceministerios de mujer y juventud es que se han quedado cortos frente a las necesidades actuales de aquellas poblaciones.
¿Radicalización democrática como salida?
La movilización social está desgastada, por lo que la radicalización democrática puede ser una jugada en contra si el gobierno no tiene detrás una estrategia que permita que la movilización tenga efectos en la dinámica legislativa. El gran problema de tratar de convocar a un nuevo escenario de movilización social a partir de una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ver con varias cosas, como con la espontaneidad de los estallidos sociales de 2019 y 2021.
Aun cuando surgieron de llamados a paro nacional ante dos coyunturas relativamente similares (la presentación de unos proyectos de reforma tributaria propuestas por el gobierno de Iván Duque), la emergencia de estas convocatorias en estallidos radicó en que concentraron toda una serie de coyunturas sociales, políticas y económicas que para ese momento hallaron la forma de expresarse en las calles. Las condiciones de vida empeoradas por la pandemia, las medidas económicas y sociales regresivas del gobierno Duque, el incumplimiento a lo pactado en los Acuerdos de Paz y la fuerte represión que llevó a una respuesta violenta por parte del gobierno uribista hacia las manifestaciones fueron los principales motores que impulsaron la construcción de nuevas agendas, que luego fueron recogidas por el gobierno nacional.
El gobierno de Gustavo Petro ha tratado de canalizar la fuerza de estos estallidos e impulsarlos de nuevo desde sus convocatorias a las ‘contramarchas’ que suelen contestar a las manifestaciones de la oposición y desde los llamados a movilizarse ante coyunturas políticas críticas. No obstante, los movimientos sociales y las bases políticas del progresismo no siempre han contestado a estos llamados en muchos casos.
Los movimientos sociales y las bases políticas han recibido los embates del desgaste político al que el gobierno los ha sometido con las convocatorias de movilización, con la defensa de la agenda de reformas y con las salidas en falso que ha tenido Gustavo Petro y su gabinete a lo largo del último año.
También existe un desgaste interno, producto de los intentos de unificación del Pacto Histórico como partido y los intereses político-electorales que han llevado a la división interna, junto con los choques entre las diferentes líneas de pensamiento del progresismo, que han llevado a que diferentes sectores tengan confrontaciones abiertas entre sí, tal y como ha sucedido entre los grupos feministas y los sectores más conservadores de la Colombia Humana.
La construcción de una sólida base social para el proyecto de cambio del gobierno Petro sigue siendo un reto pendiente, que requerirá de una capacidad de diálogo, negociación y articulación de intereses más allá de la convocatoria a las calles, frente a un potencial programa progresista que quiera conservarse en el tiempo y se sostenga sobre las reivindicaciones de todas las subalternidades a su alrededor. El éxito del proyecto progresista dependerá en gran medida de su habilidad para mantener y fortalecer esos lazos con los diversos sectores que lo apoyaron inicialmente, sin instrumentalizarlos ni martirizarlos frente a la opinión pública.