Por: Luis Eduardo Celis
Esta semana se aprobó la ley de la Paz Total en un trabajo conjunto de las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, con el liderazgo del senador Ariel Ávila y el representante Alirio Uribe. Allí se conciliaron los textos aprobados en cada instancia y la ley será votada en plenaria del Congreso de la República el próximo lunes.
Esperando que sea aprobada, esta ley será uno de los principales soportes de la política de Paz Total que ha formulado el gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene como líder institucional al Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien, en sus palabras, será el “director técnico” del equipo en proceso de conformación para acometer la importante tarea de construir el acuerdo de paz con el ELN y los sometimientos negociados mediados por diálogos “socio-jurídicos” con ese amplio archipiélago de disidencias de las FARC y otras organizaciones principalmente centradas en la economía del narcotráfico.
La política de Paz Total tiene un sentido abarcador y el propósito de cerrar todas las violencias organizadas que hoy persisten en cerca de doscientos veinte municipios, ubicados en buena parte de la frontera entre Colombia y Venezuela: Arauca, Catatumbo, el Perijá y la Guajira; al igual que en el Catatumbo, hasta el área metropolitana de Cúcuta; igualmente esta violencia está instalada en el Pacífico Chocoano, Valluno, Caucano y Nariñense; se extiende al sur de Bolívar, el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño; así como al Cauca, Putumayo y el Guaviare. En estas regiones está el reto de la Paz Total.
La Paz Total asume que este gobierno y el conjunto del Estado le van a tender una mano a quienes hoy se mantienen en la acción violenta para que depongan este proyecto y vengan a una sociedad que clama por la vida y una convivencia civilizada. Se asume que eso requiere crear nuevas realidades y nuevos referentes de acción que vayan a las raíces de estas violencias, donde sobresale la ausencia de un Estado funcionando con todos sus dispositivos institucionales para garantizar que las comunidades y el conjunto de la ciudadanía que vive en estos territorios pueda ejercer sus derechos sin autoritarismos ni imposiciones, y sea posible una vida digna y de calidad. No es una tarea pequeña, enorme sí, desafiante sí, posible sí.
Para superar el conjunto de las violencias organizadas que persisten, hay que tramitar los conflictos que les dan vida: narcotráfico, otras economías que se mueven en la ilegalidad, darle un orden democrático al territorio, planificando de manera participativa su uso y usufructúo, temas no resueltos hasta el día de hoy en esos territorios. Si estos temas no se asumen, no será posible darle cierre a las violencias organizadas y se repetirá el ciclo en el que salen unos ilegales y llegan otros. Esa historia ya la conocemos y la hemos vivido con intensidad luego del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016, que dio origen a un nuevo ciclo de violencias en el cual estamos hoy y que esta política se ha propuesto cerrar.
El gobierno de Gustavo Petro viene con el mandato de transformaciones, promover la más amplia participación social y ciudadana que se apersone de los cambios necesarios y pertinentes en la sociedad colombiana. Y allí, en esta acción de cambio y transformaciones, se inscribe la política de Paz Total, que ya cuenta con una importante Ley que le dará soporte.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.