Por: Laura Bonilla
Colombia, en comparación con el resto de América Latina, tiene una gran ventaja en la producción de cifras sobre seguridad y violencia. No es que seamos los mejores, pero décadas de esfuerzos por salir de la guerra y el conflicto nos han proporcionado varios marcos de análisis útiles para la sociedad y los gobiernos.
Sin embargo, surge un problema en la interpretación de estos datos. En primer lugar, la mayoría proviene de la misma fuente oficial, lo que limita la diversidad de perspectivas. Además, el procesamiento y la interpretación de estos datos recaen principalmente en la sociedad civil, dado que hace más de diez años el Estado desmanteló una de las mejores oficinas asesoras de derechos humanos y uno de los mejores observatorios que se tenían.
Estas instituciones proporcionaban información pública, veraz y eficaz sobre la situación de violaciones, así como sobre el contexto regional y la presencia de actores armados, siendo sumamente relevante para el país.
En medio de todo esto, la lucha se centra en la disputa por los datos, lo cual es lamentable. No hay nada más desafortunado que pelear por un dato pequeño para ver si respalda a un gobierno u otro. Mucho más cuando, por muy experto que uno sea y por muchas variables que se monitoreen, la realidad siempre será mucho más compleja, requiriendo generosidad por parte de todos los actores del sistema, incluyéndonos a nosotros, como sociedad civil. ¿Y dónde está el problema? En que si uno tiene un montón de variables, el análisis de estas puede funcionar para un lado o para otro. En medio de la tensión política actual, hay quienes utilizan un paquete de datos para desacreditar al gobierno y a los esfuerzos de paz, y otros que lo hacen para aplaudirlos y decir que todo va por buen camino. No hace falta ser un genio para saber que ni lo uno ni lo otro aportan; por el contrario, hacen daño.
Quienes afirman que la paz y sus "incentivos perversos" han fortalecido a los grupos armados desconocen, al menos, veinte años de las curvas de violencia, pero también ignoran que no toda violencia implica fortalecimiento. Les doy un ejemplo muy sencillo: el hecho de que haya combates y, por lo tanto, desplazamiento forzado no implica que un solo grupo controle el territorio, sus economías y su gente. Por el contrario, sugiere que hay disputa. Si un grupo armado, ya sea guerrilla, GAO, paramilitares, o cualquier otro, controlara todo, no tendría necesidad de realizar grandes aspavientos violentos. La violencia en este caso sería más selectiva. A veces se manifiesta especialmente como asesinato de civiles con liderazgo en sus territorios, lo que llamamos asesinato de líderes y lideresas sociales, pero en ocasiones lo que hay son imponentes desiertos de información y dolorosos silencios. Por ejemplo, silencios como los que hubo durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque. El Clan del Golfo no es lo que es hoy debido a dos años de gobierno de izquierda, sino a más de cuatro gobiernos que le permitieron crecer hasta convertirse en un monstruo con poder y control en 266 municipios.
Pero también aquellos que dicen que todo está disminuyendo y no reconocen que hay repertorios de violencia dolorosos que se están incrementando en varias regiones del país, y que la forma en que algunos ceses al fuego se plantearon en sus inicios tuvo consecuencias negativas, y que además se necesita hacer mucho, muchísimo más en este gobierno debido a las altas expectativas generadas en las comunidades y las regiones que esperan un alivio a la violencia, no solo pecan de lo que muchos hicieron en el pasado, sino que también corren un serio riesgo de darle la espalda a la gente que lo necesita. Por supuesto, la gente tiene todo el derecho a tener expectativas más altas en el gobierno que les prometió la paz. Hay problemas con confinamientos, continúan los asesinatos de líderes sociales y las restricciones al acceso de ayudas humanitarias hacen más difícil la vida para la gente que está sufriendo.
Pero si hay un sector que durante décadas ha sostenido la necesidad de la paz, el respeto de los derechos humanos y ha hecho visible lo invisible, es la sociedad civil. Este músculo de gente que está auténticamente interesado en disminuir la violencia ha sacado a la luz grandes crímenes que de otro modo habrían quedado impunes y hace su mejor esfuerzo para que sus análisis logren el propósito de proporcionar la mejor información para tomar las mejores decisiones. Si me siento orgullosa de algo, es del trabajo conjunto con mis colegas de Pares, Indepaz, de Crisis Group, de CORE, de FIP. No es este sector el que está vociferando verdades a medias. Por el contrario, aún en tiempos muy difíciles, es el que está haciendo todo lo posible por entender la verdad. No cedamos a la tentación de ir a la disputa espuria por los datos.