Por: Luis Eduardo Celis
La política de Paz Total asume los enormes desafíos y retos para tramitar el conjunto de violencias organizadas y sobre todo las raíces en las que se han soportado desde hace más de seis décadas, insistiendo en que son viejos conflictos no tratados que han mutado en nuevos ciclos de violencia quizás con nuevas características y adaptándose al contexto, pero sin perder sus raíces donde logran su permanencia. Si se quiere, es un permanente reciclaje, con nuevos actores, herederos de otros armados, con nuevos énfasis y quizás variaciones circunstanciales, pero manteniéndose en viejas circunstancias que no cambian y les dan soporte: ausencia de democracia, conflictos por el territorio y su uso, regulación de economías e inexistencia de un estado social y de derecho, por mencionar temas de fondo a tramitar y que están en el interés y compromiso del gobierno que lideran Gustavo Petro y Francia Márquez.
La política de Paz Total viene desplegándose hacia el conjunto de actores que hacen violencia de manera sistemática y que tienen control de territorios y comunidades, afectando sus derechos y vulnerando sus existencias, no es un pequeña geografía, por el contrario han crecido en los últimos seis años, en medio del incumplimiento del Acuerdo de paz pactado con las FARC en 2016 y de la persistencia por mantener el control sobre importantes rentas del narcotráfico y de minería en el caso de los herederos del paramilitarismo, hoy principalmente agrupados en esa red que es el Clan del Golfo, o en el viejo alzamiento armado del ELN, la última de las organizaciones rebeldes y ese archipiélago procedente de las FARC, que siendo una minoría en relación con los que pactaron la paz, por el incumplimiento del gobierno Duque, han crecido de manera considerable.
Hemos visto estos días la respuesta del Clan del Golfo a la política de control territorial desplegada por el Gobierno Nacional ante la acción desenfrenada por mantener el control de la minería en el bajo Cauca, un control por supuesto criminal, autoritario y depredador del medio ambiente, muy lejos de las prácticas ancestrales de la población campesina y minera de este territorio con el cual el gobierno tiene canales de comunicación y concertación de políticas que reconocen sus derechos a mantenerse en sus regiones, en el marco de una acción regulada y responsable con el medio ambiente. Esta tarea de concertar con la población y proteger sus derechos, entre los que se encuentra sacarlos de la esfera del control del Clan del Golfo o de otros ilegales, no es tarea fácil, pero es la que se debe hacer.
Por supuesto que hay que persistir en un entendimiento con el Clan del Golfo, desde la política de sometimiento que ahora se discute en el Congreso de la República, no hay que desfallecer y pensar que solo queda el camino de la acción militar y policial, que por supuesto hay que mantener y que junto con asumir un ordenamiento democrático de estos territorios, con garantías para la población, son los asuntos centrales a seguir trabajando, donde la oferta de reducción de penas y posibilitar que mantengan porciones de los recursos acumulados de manera ilegal son pilares de un sometimiento para estas mafias que tienen una oportunidad de salir de la ilegalidad y ser parte de estos territorios respetando la Constitución del 91.
Hay en curso consultas de lo que se denomina el Estado Mayor Central de las FARC (así no nos guste esta denominación), esperemos que pronto se vea un proceso de entendimiento con estas disidencias del proceso anterior, allí hay una importante presencia territorial que puede ser parte de importantes agendas de desarrollo y construcción de paz, si se logra un entendimiento posible y en el marco de las políticas trazadas por el presidente Gustavo Petro en su importante agenda de cambio, que tiene en los temas territoriales una prioridad como quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que ahora se discute en el Congreso de la República.
El proceso con el ELN cuenta con una agenda, una mesa que viene trabajando de manera comprometida y ganando en ritmo y que tendrá en el tercer ciclo a desarrollarse en Cuba, luego de la semana santa, el importante reto de pactar un cese bilateral de fuego y hostilidades y tener unos diseños de participación que involucren a una diversidad social, gremial y política para trabajar por una visión compartida de paz y de país soportada en las transformaciones pertinentes y necesarias para avanzar en democracia de calidad, equidad y superación de tantas exclusiones.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha presentado su informe de la situación humanitaria en 2022, es la descripción del sufrimiento que siguen viviendo muchas comunidades, un sufrimiento y vulneración de derechos que nos llama a persistir en la política de Paz Total, aquí lo pueden consultar:
El CICR lleva 54 años en Colombia, agradecer el trabajo que adelantan sus 504 integrantes, de los cuales el 86% son colombianas y colombianos y el otro 14% son mujeres y hombres de 28 nacionalidades. esas 504 personas todos los días acompañan a las comunidades que sufren de manera directa estas violencias a superar.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.