Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El Pacto Histórico, la coalición de partidos de centroizquierda e izquierda que fue la ganadora de las elecciones legislativas en 2022 y llevó al presidente Gustavo Petro a la presidencia, bajo la premisa de un programa de gobierno que buscaba un cambio profundo en la política colombiana, se enfrenta hoy a una de las crisis de confianza más profundas en los últimos meses, alimentada por serias denuncias que ponen en entredicho la integridad de sus líderes.
Las acusaciones de prácticas clientelistas, en particular las dirigidas al representante David Racero por favorecer a familiares y amigos en la contratación pública, junto con el surgimiento de denuncias de acoso sexual y violencia basada en género (VBG) contra altos funcionarios del gobierno, como el exviceministro Diego Cancino, han acentuado aún más esta crisis.
Con el período preelectoral cerca de comenzar, junto con las tensiones internas dentro de la Colombia Humana (que hemos trabajado en esta y esta historia), en un escenario discursivo marcado por acusaciones de lawfare y golpes de Estado, la confluencia de estas situaciones críticas ha planteado en la opinión pública serias interrogantes sobre la capacidad del Pacto Histórico para seguir siendo el principal foco del progresismo hacia 2026, especialmente cuando este bloque está intentando convertirse en un partido político.
Presuntas prácticas clientelares en el seno del Pacto Histórico
Fuente: apnnoticias.com
En su edición del lunes 28 de octubre, La Silla Vacía publicó un artículo cuestionando al representante a la Cámara y expresidente de esa misma corporación durante el primer período legislativo, David Racero, de haber contratado a amigos y familiares durante su presidencia, que luego terminaron aportando a la campaña política de su tío, José Luis Mayorca, a la Gobernación del Cesar.
Según el artículo, David Racero contrató con recursos de la Cámara a esposas de dos primos suyos y otros allegados en Cesar, beneficiando a su entorno familiar y político en Valledupar. Los contratos otorgados, que sumaron más de $250 millones de pesos, supuestamente tenían el objetivo de realizar pedagogía sobre propuestas legislativas, aunque la evidencia de estos trabajos es mínima y, en muchos casos, limitada a fotos o correos.
Varios de estos contratistas que trabajaron para Racero impulsaron luego la campaña a la Gobernación de Cesar de su tío, José Luis Mayorca, que se presentó en las pasadas elecciones regionales de 2023 como candidato.
Las dos contratistas principales fueron la fisioterapeuta Elena Esther Paredes y la abogada Ángela María Araujo, ambas familiares de Racero, quienes obtuvieron contratos por $36 millones y $57 millones de pesos. Su labor consistía en hacer pedagogía sobre los proyectos de ley de la agenda del gobierno, y quienes luego lograron cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del despacho de la magistrada Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico.
Por su parte, la radióloga Diana Patricia Arrieta y la psicóloga Liliam Torres trabajaron para Racero en la Cámara con contratos que sumaron $22 millones y $50 millones de pesos respectivamente, pero también participaron activamente en la recolección de firmas para la campaña de su tío. Ambas estuvieron involucradas en eventos y contribuyeron económicamente a la campaña. Torres le donó, por ejemplo, $10 millones de pesos a la campaña de Mayorca.
Además de Torres, las contratistas María Eloísa Araujo y Saida Medina, también cercanas a Racero por lazo familiar, donaron $27 millones de pesos a la campaña de Mayorca luego de trabajar con el expresidente de la Cámara. Araujo fue además jefa de prensa y maestra de ceremonias en visitas de Racero a Valledupar.
Por otra parte, Enrique Camargo y Ader Trillos, periodistas también oriundos de Valledupar, recibieron contratos para difundir la imagen de Racero y sus actividades en la presidencia de la Cámara por $20 millones de pesos. Ambos realizaron labores de difusión y acompañaron eventos en los que se promocionaba su gestión.
Finalmente, Amanda Lucía Verdecia, amiga de la familia Mayorca, también fue contratada bajo la misma modalidad de pedagogía, por $44 millones de pesos. Algunas de las fotos de sus actividades incluyen elementos similares a algunas campañas políticas, lo que sugiere su potencial participación en estos eventos y su justificación para el contrato recibido.
Este cuestionamiento se suma a las presuntas irregularidades que Racero cometió contra su equipo de trabajo legislativo, que según Daniel Coronell en su reporte W del 29 de septiembre, implicaron el cobro de sumas de dinero de los salarios de una de sus UTL, así como haber pedido a su conductor que comprara insumos para el fruver de su propiedad. Del mismo modo, también es acusado de presuntamente haber repartido contrados del SENA con el actual director de esa entidad, Jorge Londoño, y buscar la intermediación de su tío Mayorca para que estos mismos fueran entregados en la seccional del Cesar.
Por estas revelaciones, a Racero se le abrieron dos procesos en la Corte Suprema de Justicia, y queda por ver si se abe otro más, debido a los nuevos descubrimientos sobre posibles favorecimientos a la campaña de su tío a través de los contratos que entregó a sus familiares siendo presidente de la corporación.
Las denuncias de acoso y VBG contra altos funcionarios del gobierno
Fuente: Colombia.com
Al mismo tiempo que La Silla Vacía revelaba esta nueva información, en su edición dominical del 27 de octubre, la Revista Cambio publicó un informe detallado sobre un presunto caso de acoso sexual en contra de una contratista del Ministerio del Interior, Viviana Vargas Ávila que, según su testimonio, fue agredida por el entonces viceministro de esa cartera, Diego Cancino.
Según la denuncia de Vargas, Cancino la invitó a su casa luego de que ella lo contactara buscando oportunidades laborales. En esta reunión, Cancino presuntamente acosó a Vargas tocándola sin su consentimiento. A pesar de su rechazo, el exviceministro continuó intentando acercarse de manera inapropiada a ella, quien tuvo que llamar a un par de amigos para que la ayudaran a salir de esta situación.
Tras ello, Cancino la buscó insistentemente con mensajes de disculpa y pedidos de comunicación, que Vargas inicialmente contestó con manifestaciones de su incomodidad aquel día y dejando claro sus límites, y que luego desistió de seguir respondiendo. De estas conversaciones la Revista Cambio mostró las pruebas.
El artículo de inmediato generó ruido, en tanto emergieron otros dos casos en redes sociales donde quedó de manifiesto el patrón de acoso que Cancino seguía, que incluía presuntas insinuaciones que luego eran contestadas con disculpas que se prolongaban con llamadas y mensajes en el tiempo.
Frente a estas acusaciones, Cancino decidió presentar inicialmente una carta en la red social X (anteriormente Twitter) en la que señaló no haber cometido ningún abuso, y posteriormente dio una entrevista el lunes 28 de octubre a la periodista Sylvia Charry, de Revista Cambio, en la que rindió su versión de los hechos.
Primero, adujo que no existía una relación jerárquica entre ellos en ese momento, ya que ambos estaban desempleados. Junto con ello, admitió haber invitado a Viviana a almorzar a su casa y haber iniciado un cortejo hacia ella, pero aseguró que siempre respetó su negativa cuando intentó besarla. Además, indicó que malinterpretó las señales de Viviana y fue acelerado en su “cortejo”, pero negó haber ejercido algún tipo de presión o abuso de poder. También ahondó en que tenía problemas con el alcohol.
La víctima respondió con un breve trino, indicando que ya fue citada en la Fiscalía General y que espera que sea la justicia la que determine la veracidad de las versiones, así como ya había dicho en W Radio que no tenía ninguna relación de confianza con Cancino y que el testimonio de sus amigos será clave en este proceso.
Cancino espera ser en los próximos días nombrado nuevo director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) luego del enroque que llevó a que su anterior director, Daniel Rojas, fuera nombrado ministro de Educación, a mediados de 2024. La mayoría de los movimientos y colectivos feministas, como un gran bloque de mujeres ha exigido a Cancino renunciar a su nombramiento mientras se realizan las investigaciones pertinentes por los entes de control.
Por su parte, el único funcionario del gobierno que ha salido a dar declaraciones frente al tema ha sido el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien ha rechazado el presunto acoso sexual y se reunió con Vargas para mostrarle su apoyo y acompañamiento desde su cartera. Junto a él, la mayoría de las congresistas del Pacto Histórico, como María José Pizarro, al igual que la concejal Heidy Sánchez, también han salido a rechazar el acto.
Las acusaciones contra Cancino se suman a otros casos de presunto acoso y violencias basadas en género (VBG) contra otras altas figuras del gobierno de Gustavo Petro. Entre ellas hacia Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, quien fue denunciado por su esposa Adelina Guerrero por presuntas agresiones en su contra mientras ambos estaban en Madrid (España) el 30 de junio pasado.
Del mismo modo, también Hollman Morris, el hoy gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia, fue acusado por presuntamente acosar laboralmente a empleadas suyas cuando fue subgerente de RTVC. En este caso, a las directoras de Canal Institucional y Señal Colombia, Lina Marcela Moreno y Silvana Orlandelli, quienes denunciaron la existencia de un pésimo ambiente laboral, tratos hostiles por parte de Morris, exclusión en la mayoría de la toma de decisiones importantes y cambios en la programación no concertados que llevaron a sus respectivas renuncias.
Del mismo modo, Morris ha sido cuestionado en años anteriores por presuntos señalamientos de acoso. Su exsecretaria cuando fue concejal de Bogotá, Carolina Valencia, denunció presunto acoso laboral y comentarios sexuales inapropiados. Contó que su relación laboral incluía tareas personales ajenas a su cargo y que su salud mental se deterioró tras trabajar con él. Valencia indicó también que Morris hacía comentarios sexuales ofensivos, refiriéndose a las características físicas de otra empleada y creando un ambiente incómodo y humillante para ella y otras mujeres.
Por otro lado, la periodista María Antonia García relató un incidente en 2011 en el que presuntamente Morris la agredió físicamente durante una reunión en España, intentando besarla a la fuerza.
Junto a ellos se suma el caso del hoy ministro de las TICs, Mauricio Lizcano, quien es acusado de haber acosado presuntamente a una mujer de 21 años durante una entrevista laboral para la Unidad de Trabajo Legislativo en 2016, cuando era senador. Durante la entrevista, Lizcano le ofreció un whisky a la mujer, al que ella se negó. Luego, la conversación pasó a comentarios personales que la hicieron sentir incómoda.
La mujer relató que luego Lizcano intentó besarla y la sujetó en un forcejeo, expresándole que "si quiere el trabajo, esta es la manera". Tras su negativa, él le sugirió que se retirara si no estaba interesada en el puesto. El ministro salió posteriormente en medios a negar los hechos, acusándolos de falsos. Por estos tampoco se ha abierto ninguna investigación.
La disputa es por lo ético
Fuente: Jacobinlat.com
Aunque disímiles y dispares en sus causas, ambas situaciones han terminado por horadar una de las premisas principales que el Pacto Histórico como bloque había sostenido en el tiempo, que era la defensa de una política con sentido ético. Tanto las acusaciones de clientelismo y conflictos de interés dentro de las denuncias contra Racero, como las acusaciones de violencias basadas en género contra funcionarios del gobierno sí ponen de manifiesto problemas frente a la transparencia y la responsabilidad política.
De hecho, que en los casos de Racero, Cancino, Morris, Lizcano y Benedetti existan justificaciones, negaciones y posturas a la defensiva sí demarca un patrón en el que no existen intentos serios por reconocer la posibilidad de haber cometido conductas cuestionables frente a sus subalternos y sus electores, y si los hay, están mediados por sesgos y por culpas repartidas. El problema con las denuncias de acoso dentro del mismo bloque de gobierno es que terminan por manchar un proyecto político que ha planteado la necesidad de realizar un cambio en las lógicas políticas de antaño, que, entre otras cosas, ha llevado al silencio y al miedo a denunciar estos hechos.
Tanto algunas de estas prácticas clientelares denunciadas, junto con las presuntas acusaciones de acoso y VBG están erosionando en cierto grado la legitimidad del Pacto Histórico y disminuyendo su fuerza como movimiento hegemónico, ya que desde varios sectores de la sociedad y la opinión pública han comenzado a cuestionar su papel como agente de transformación y sus fundamentos éticos internos.
Lo anterior parece reflejar una crisis moral en los principales liderazgos del gobierno, lo que se convierte en una señal de crisis hegemónica: en este caso, el grupo que ocupa el poder en el Estado —el Pacto Histórico— está en riesgo de perder su autoridad ética y moral frente a sus bases sociales y políticas, debilitando su capacidad para guiar el proyecto de cambio que promueve.
Lo otro que parece estar emergiendo dentro de las tendencias coyunturales, es la potencial absorción de algunas de las prácticas de la política tradicional colombiana dentro del bloque de gobierno, que adolece ahora mismo de la falta de mecanismos de autocrítica o contrapesos internos que cuestionen y exijan a sus propios liderazgos frente a sus acciones, y ha llevado a la ausencia de canales para los reclamos desde las mismas bases, como lo hemos narrado en esta historia.
Las víctimas de acoso, por ejemplo, han quedado como figuras subalternas sin voz, y los esfuerzos de movimientos feministas y colectivos por denunciar se han encontrado con barreras en un Estado que responde con defensas o evasivas por parte de sus líderes, u omitiendo estos casos dentro de su gestión.
No por nada el gobierno de Gustavo Petro no ha retirado a Armando Benedetti, ni a Hollman Morris de sus cargos, haciendo que su silencio frente a las denuncias termine por alimentar teorías conspirativas en las que buscan atacar al proyecto del cambio con estas denuncias, como lo señaló Morris en este clip, desde Señal Colombia.
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