Avances, lecciones y tensiones del espacio sociojurídico en Buenaventura

Por: Linda Y. Posso Gómez

Coordinadora Oficina Regional Pares Pacifico

El Espacio de Conversación Sociojurídico en Buenaventura fue instalado formalmente el 18 de julio del 2023 y varios cambios se han suscitado hasta la fecha, entre los que resaltan, el hundimiento del proyecto de Ley de sometimiento, con el que el gobierno pretendía darle sustento jurídico a la política de Paz Total; la salida de Danilo Rueda de la OCCP que derivó en la llegada de Otty Patiño en su reemplazo; y con ello, el cambio de los delegados de gobierno.

Así las cosas, el congresista Alejandro Ocampo fue sustituido como jefe de la delegación de gobierno por Fabio Ariel Cardozo Montealegre, un experimentado en el tema quien fuese gestor de paz y secretario de Paz departamental durante los gobiernos de Ubeimar Delgado y Dilian Francisca Toro y secretario de paz municipal durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina.

Rápidamente el nuevo jefe de la delegación reconfiguró su equipo, de 9 delegados de gobierno se pasó a 5, y llegaron al espacio sociojurídico tres nombres nuevos: Adriel Ruiz y Laura Fúquene, quienes ya conocían el espacio sociojurídico por su rol de asesores en la mesa, el primero de Monseñor Ruben Darío Jaramillo y la segunda del ex delegado Luis Guillermo Perez; y Jhon Henry Arboleda, un académico del pacífico colombiano con experiencia en paz urbana. Mientras que, de los antiguos delegados, solo continúo Jesus Florez otro académico vallecaucano.

Este sería lo que Fabio presentó como un equipo ‘más técnico y académico’, y su primer objetivo fue darle una renovación al proceso de paz urbana en Buenaventura que merece ser examinada.

En entrevista de Pares Pacifico con la delegación de Gobierno, su relato da cuenta de una transformación ‘sustantiva’ en la forma como se concibe e implementa la estrategia de paz urbana: la delegación ha planteado que este proceso ya no es concebido como una mesa cerrada entre estructuras criminales y representantes estatales, sino como una dinámica territorial más amplia, orientada al desescalamiento de violencias, el fortalecimiento comunitario y el desmantelamiento progresivo de las estructuras armadas.  Pero ¿cómo va ese proceso?

Del hermetismo al reconocimiento: ¿realidad o discurso?

La actual delegación reconoce que, en su fase inicial, el proceso estuvo centrado en una tregua que heredaron, tuvieron dificultades para lograr la articulación interinstitucional y casi nula conexión con la ciudadanía. Por supuesto, ese hermetismo generó que la sociedad civil se pronunciara exigiendo mayor participación, como lo venían teniendo, pero no solo eso, sino también la creación de estrategias y mecanismos de seguimiento que dieran cuenta de los avances y retos en el proceso.

Para los delegados, esa es una etapa ya superada, afirman que reconocen la importancia de contar con una comunidad activa y partícipe en la construcción de paz urbana y esta no se limita al espacio sociojurídico.  Algo que resulta ser cierto ya que se ve un interés por dialogar con la comunidad o al menos intenta un enfoque de puertas más abiertas.

A la fecha se han desarrollado diversas reuniones con lideres de la Ruta Humanitaria, Juntas de Acción Comunales, ediles y otros liderazgos en el territorio. Se han desarrollado dos encuentros que serían espacios para dinamizar la construcción del mecanismo para el seguimiento y monitoreo de los acuerdos del espacio sociojurídico, una deuda que tiene la delegación con la ciudad, pero que todavía es incierto cómo se hará ese seguimiento, y que rol tendrá cada actor, por lo complejo que resulta.

Sin embargo, hay quienes sostienen que el espacio sociojurídico se ha debilitado, y no señalan a los actuales delegados, sino que apuntan hacia más arriba responsabilizando y atribuyendo una falta de interés al comisionado Otty Patiño. Y en términos comparativos pareciese ser cierto, la mesa tuvo en sus inicios un despliegue institucional bastante importante, la misma OCCP contaba con un equipo de más de 20 personas en terreno acompañando y rodeando a la delegación de gobierno y la mesa, además de constantes visitas ministeriales, eventos y presencia institucional en los barrios, lo que ayudó a sostener bajas las cifras de homicidios.

Pero la actual delegación se enfrenta a un escenario más adverso, la oficina de la OCCP redujo su equipo de 20 a 1 persona en el 2024 y para este año (2025) prácticamente cerró su oficina, delegando la responsabilidad que tienen sobre la delegación que pareciera deben hacer las veces de delegados de paz y funcionarios del comisionado.

En las calles y reuniones y encuentros con la comunidad ya no se ve ese despliegue, sino a Jhon Henry y eventualmente a Adriel solos recepcionando cientos de quejas y propuestas que casi siempre se salen de su alcance como delegados, mientras que las relaciones con otrora aliados como la ONU Verificaciones tampoco pasan por su mejor momento, lo que se deriva en menores posibilidades de conseguir los objetivos trazados desde la delegación. 

Si bien no se puede desconocer el esfuerzo de los actuales delegados de gobierno, todo podría quedar en buenas intenciones sin las condiciones adecuadas por parte del Gobierno Nacional o a lo que se rehúsa Cardozo: que la finalidad del espacio sociojurídico sea solo sostener una tregua entre las estructuras criminales.

‘La tregua’ y otras preguntas que siguen abiertas…

Son varias las controversias que ha causado las declaraciones del jefe negociador sobre la tregua en Buenaventura. Para él, no es un mecanismo eficaz para la disminución de las violencias, por el contrario, afirma que con la ‘tregua’ las estructuras armadas fortalecieron su capacidad de control criminal, es decir, se configuró un escenario menos complejo para el desarrollo de acciones delictivas, para las economías ilegales, incluyendo la extorsión. Hay una autocrítica ante esta situación, que manifiesta que la paz aparentemente fue, en realidad, una forma de administración criminal del orden local. Mientras hubo disminución de homicidios, sigue la pregunta sobre el aumento de las desapariciones.

La delegación habla abiertamente de la existencia de una ‘gobernanza criminal’ en Buenaventura, elevan una alerta – que no es nueva - sobre un aparente matrimonio entre lo ilegal y lo legal. Se reflexiona constantemente sobre los entramados criminales que dan lugar a las violencias en el territorio, y la necesidad de desmantelar todas las estructuras. No obstante, este reconocimiento que es valioso por su frontalidad deja más preguntas que respuestas: ¿cómo se enfrenta políticamente esa forma de gobernanza Criminal?, ¿qué capacidades institucionales se están construyendo para desplazarla? ¿Cuál es realmente el alcance del espacio sociojuridico?

Por otro lado, hay una afirmación que también llama la atención, la delegación sugiere que el problema de fondo que atraviesa la Paz Urbana no es necesariamente la falta de una ley de sometimiento, dado que, para el caso de Buenaventura, el grueso de quienes se encuentran vinculados a las estructuras criminales son jóvenes que no tienen problemas judiciales versus una minoría que sí, pero que pueden ser resueltos con las herramientas que brinda la justicia ordinaria.

 Al respecto resulta importante cuestionarse entonces ¿Dónde está el cuello de botella?, es decir, si el problema no es estrictamente la ausencia de una ley de sometimiento, entonces ¿qué condiciones institucionales, sociales y políticas están obstaculizando el desmonte y sometimiento de las estructuras? Aunque la ley de sometimiento no es lo único que determina el avance del proceso, sí es importante, y lo cierto es que hoy, no existe realmente una caracterización de las estructuras que permita dar cuenta en términos reales de la veracidad de estas presunciones.

Entre tensiones y voluntades

Al difícil escenario expuesto que se enfrenta la delegación de gobierno se suma uno nuevo: este sábado el 10 de mayo del 2025, la armada Nacional reportó la captura de cuatro presuntos integrantes de los Shottas por delito de secuestro simple, lo grave de la situación es que entre los capturados se encontrarían los dos voceros de esta agrupación ante el espacio sociojurídico, se trata de alias “William” y Alias “Jimmy”. Un golpe profundo al futuro del proceso de Paz Urbana en Buenaventura.

Con este nuevo contexto y la conocida situación jurídica de alias “gordo lindo” (Vocero de los Espartanos) que no pudo ser resuelta, técnicamente el espacio de dialogo sociojuridico, hoy no existe o se encuentra en vilo. Lo que existe son diálogos bilaterales entre la delegación y aparentemente los mandos medios o algunos jefes de las estructuras.

Aunque la delegación señala logros importantes como el acuerdo de no reclutamiento, vinculación y uso de niños y niñas, la construcción de un mecanismo de verificación para el seguimiento a ese acuerdo y la inclusión del enfoque de género, las múltiples vulneraciones del acuerdo de no agresión entre estructuras criminales, además de las diversas dificultades existentes entre voceros y -principalmente- el jefe de delegación, son factores que inciden en la dificultad para sostener el espacio sociojurídico.

No obstante, es de reconocerse que las ‘nuevas estrategias’ de la delegación intentan reimpulsar el proceso. Pero, a un año de terminar el actual Gobierno, esta renovación aún no se traduce en transformaciones tangibles para las comunidades más afectadas. Si bien el discurso es elocuente y los aprendizajes institucionales son evidentes, los avances son todavía escasos: no se ha consolidado un marco legal diferenciado, las estructuras armadas continúan operando con poder real, la tregua se ha roto y los diálogos son cada vez más unilaterales, sin mecanismos activos de seguimiento y monitoreo que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Hacemos un llamado al Alto gobierno en cabeza de Otty Patiño, a todos los actores Institucionales, departamental y local; al pleno del sector privado y de sociedad civil, a abrazar y rescatar el proceso de paz urbana en Buenaventura, uno de los pocos que, a pesar de las dificultades, tiene mayores posibilidades de dar resultados.