Por: Sergio Saavedra
Jani Silva, lideresa campesina y ambiental putumayense, nuevamente ha sido objeto de amenazas de muerte. Este sábado 24 de abril —a las 12:00p.m.— la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz fue informada de estas amenazas perpetradas por la estructura criminal autodenominada ‘Comando de la Frontera’.
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“Hay acciones de esta estructura criminal que pretenden “eliminarla —a Jani— y acabar con la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), controlar todas sus actividades, sus recursos de cooperación, para asegurar los negocios de siembra y procesamiento de coca y los de empresas extractivas””, señala la denuncia. Este plan estaría siendo orquestado por alias “Leonel”, según le afirmó una fuente la Comisión.
La fuente es un integrante del Comando de la Frontera quien, en una comunicación desde Bogotá, le dijo a la Comisión que le resultaba injusto las acciones que ha emprendido esta estructura criminal en contra de Jani y ADISPA; “solo para proteger negocios de droga y empresas privadas que tienen intereses en Putumayo. “Yo estoy en eso porque no tengo de más”, señaló. Incluso, la fuente precisó, con la gravedad que esto supone, que alias ‘Leonel’ se mueve por el territorio de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA).
Cabe señalar que esta ZRCPA fue reconocida por el Incora por resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000 y tiene aproximadamente 23,000 hectáreas divididas en 25 veredas en la que viven cerca de 870 familias, en su mayoría agricultores. La fuente, además, aseguró que Comando de la Frontera tiene negociaciones directas la empresa de origen chileno; GeoPark. Negociaciones que pretenden intervenciones petroleras en suelo de ZRCPA, la consigna de esta estructura criminal es que “nadie puede oponerse al desarrollo”. Además, alias “Leonel” se desplaza a placer por los corregimientos de Piñiña Blanco y La Carmelita, en el municipio de Puerto Asís.
Resulta importante resaltar que la figura de las Zonas de Reserva Campesinas se estableció a través de la Ley 160 de 1994 y —según está estipulado en el Artículo 2.14.13.2.— tiene como objeto: (1) controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria del país; (2) evitar y corregir los fenómenos de inequitativa concentración, o fragmentación antieconómica de la propiedad rústica; (3) crear las condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo sostenible de la economía campesina y de los colonos en las zonas respectivas; (4) regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o colonos de escasos recursos; (5) crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible, de ordenamiento territorial y de gestión política; (6) facilitar la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; y (7) fortalecer los espacios de concertación social, política, ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades rurales, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional.
Justamente, la labor campesina y medioambiental que representa la ZRCPA está siendo atacada por la andanada violenta de esta estructura criminal. Muestra de ello se evidencia en que el Comando de la Frontera, según lo informado por la Comisión, continúa con la compra de tierra, despojo de tierra, reclutamiento a jóvenes —con ofrecimiento de hasta 2 millones de pesos— y con restricciones de movilidad de la población campesina de la ZRCPA.
Es decir, la victimización que se está perpetrando tiene impactos exponenciales y a varias vías. Por ejemplo, en la ZRCPA están los ríos Toayá, Cuembí, Lorenzó, Chufiyá y Mansoyá; varios cañones y humedales. Este proceso campesino y ambiental viene caminando desde la década del 90 cuando se desarrollaron movilizaciones agrarias. La Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica es resultado del esfuerzo de líderes, lideresas, la comunidad.
La relación de Comando de Frontera tiene relaciones con la empresa petrolera, dicho por los los propios armados son los que han expresado eso en las reuniones a las que han citado a las comunidades
De acuerdo con el medio ‘Mi Putumayo’ desde 2006 “la petrolera británica Amerisur Resources —con su filial Amerisur Exploración Colombia— ha realizado trabajos de exploración y producción de hidrocarburos en 13 bloques, 1 en la cuenca Llanos y 12 en la Caguán-Putumayo. Además, opera en su totalidad el Oleoducto Binacional Amerisur (OBA), el cual se origina en la Plataforma No. 9, en Puerto Asís, desde el bloque Platanillo hasta la zona de frontera. Después, conecta durante 16.3 kilómetros con la Estación Victor Hugo Rúales en Ecuador, haciendo parte de la Red de Oleoductos del Distrito Amazónico (RODA)”.
Para enero de 2020 la empresa GEOPARK Limited, empresa en cuestión, anunció la compra total de la petrolera británica por el estimado de 314 millones, incluyendo los bloques de Putumayo y Meta. De total de 13 bloques en los que opera la empresa petrolera hay tres (3) que se encuentran dentro de la ZRCPA. Los Bloques llamados “Platanillo” (de 11.119 hectáreas), el “PUT 8” (41.601 hectáreas) y el “PUT 12” (54.443 hectáreas).
Así las cosas, de Comando de la Frontera continúa con su avanzada de presión sobre líderes, lideresas ambientales y con ADISPA. Mientras que esta estructura criminal mantiene dichas relaciones con la empresa GeoPark para las intervenciones petroleras, tal como se lo afirmó la fuente —integrante del Comando de la Frontera— a la Comisión.
Asimismo, de acuerdo con la denuncia hecha por la Comisión; el Comando Frontera es una estructura conformada por exparamilitares y exguerrilleros. Éstos operan en medio, y muy a pesar, de la fuerte presencia militar y policial de la Brigada XXVII de Selva, Policía Nacional y la Fuerza Naval del Sur. Los integrantes del Frontera, según data la denuncia, andan vestidos con camuflado y con armas tanto de largo como de corto alcance, o a veces se les ha visto vestidos de civil.
El Comando de la Frontera continúa afirmando “que cuentan con apoyo de sectores militares, políticos y económicos para controlar los territorios del medio y el bajo Putumayo y enfrentar al frente Carolina Ramírez de las FARC, grupo no firmante del Acuerdo de Paz”, según señala la denuncia de la Comisión.
La Comisión finaliza su denuncia señalando tres aspectos. Por un lado, que se conoció que Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “suscribió acuerdos con la Empresa Petrolera Chilena GeoPark para proyectos en Putumayo”. Por otro, que la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia ha tenido acuerdos con Comando de la Frontera. Finalmente, “desde hace un año la ZRCPA y ADISPA, junto con más de 110 procesos organizativos hicieron un llamado al presidente Duque, al CDF y a las empresas a un Acuerdo Humanitario Global por pandemia, sin respuesta alguna”, señaló.
El Gobierno Nacional es responsable de la integridad de los líderes y lideresas del Putumayo… las organizaciones de Derechos Humanos hemos venido advirtiendo durante estos años de la forma en cómo la criminalidad se campea en el departamento y la respuesta ha sido nula.
Alertas desatendidas
El pasado 12 de febrero de 2021 Amnistía Internacional expidió una ‘Acción Urgente’ en la que solicitó protección a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA). De acuerdo con el documento de Amnistía señaló que “el 10 de febrero, una organización de la sociedad civil recibió una información verificada sobre un plan en curso para matar o desplazar a miembros de ADISPA”.
“El plan entrañaría el despliegue del grupo armado denominado “Comandos de la Frontera”, que está amenazando a las comunidades de la zona para que subordinen sus actividades a la voluntad del grupo armado o, si se niegan, abandonen sus territorios. Pedimos a las autoridades que proporcionen a ADISPA medidas de protección colectiva, en consulta con la propia organización”, suscribió Amnistía.
Asimismo, Amnistía escribió que, según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “desde final de 2020 el grupo armado Comandos de la Frontera ha declarado que utilizará todos los medios posibles para terminar con la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica (ZRCPA). En las primeras semanas de 2021, este grupo armado había visitado algunas de las comunidades de la ZRCPA para decirles que ADISPA debía desaparecer, y que ninguna organización que quiera trabajar en el territorio podría hacerlo si desobedecía sus directrices.”
Alertas tempranas desatendidas
En la Alerta Temprana Nº 002 de 2021 de la Defensoría del Pueblo se denunció que “la presencia del grupo de crimen organizado que se autodenomina como Sinaloa-La Mafia (desde segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comandos de la Frontera) en mayor medida en la subregión del Eje Putumayo, y que se acompaña del accionar de grupos delincuenciales de menor envergadura quienes contribuyen al control de las economías ilegales y la ejecución de toda actividad relacionada con el narcotráfico”.
La Defensoría también señaló que“El desarrollo de actividades ilícitas que implican el despojo o apropiación de tierras o de los recursos naturales por parte de los actores armados ilegales fuente de la amenaza, se sucede de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y regulación de toda forma organizativa.”
A su vez, llamó la atención que “en el sector del área no municipalizada de Puerto Alegría y El Encanto, se vienen realizando retenes, presuntamente por los autodenominados Sinaloa-La Mafia (que en algunos casos se estarían presentando como Comandos de la Frontera). Pese a que esta área no municipalizada cuenta con la presencia de la Armada Nacional con base instalada en el casco urbano de El Encanto, los retenes tienen lugar en puntos distantes del cauce del río Putumayo donde se ejecutan extorsiones a comerciantes, transportadores y contratistas que realizan obras de infraestructura pública en ese sector. Sobre estas mismas zonas se ha incrementado la presencia de balsas mineras.”
Los grupos se campean por el Bajo Putumayo
Ahora bien, para el caso del departamento del Putumayo, cabe anotar que operan grupos armados denominados como Clan del Golfo, ‘La Constru’, ‘Mafia Sinaloa’ (desde segundo semestre de 2020 se autodenominan como Comando de la Frontera) y las disidencias del Frente 32 Columna Móvil Teófilo Forero); (Mando: Alias “Wilder”);(Línea: Gentil Duarte e Iván Mordisco); en los municipios de San Miguel, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo. Asimismo, hace presencia el Frente 48; (Mando: Pedro Oberman Goyes Cortés y Alias «Sinaloa”); en los municipios de Orito, San Miguel y Puerto Asís. El Frente Carlina Ramírez en Puerto Guzmán.
De acuerdo con los datos del Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación SIPARES; en el departamento de Putumayo han asesinado 28 líderes y lideresas tras la firma del Acuerdo de Paz. En el último año, Putumayo se ubica dentro de los cinco departamentos en donde más han asesinado líderes y lideresas. Los perfiles más victimizados en suelo putumayense son liderazgos vinculados con Juntas de Acción Comunal (JAC), liderazgos indígenas y liderazgos campesinos. El municipio más victimizado es, precisamente, Puerto Asís.
De esta forma se continúa agudizando la crisis en materia de Derechos Humanos en el Putumayo. Las organizaciones continúan en su clamor por la implementación del Acuerdo de Paz para resolver los problemas estructurales que agrava el espiral de violencia en la que se encuentra el departamento. De hecho —de acuerdo con investigaciones del CNR FARC a las que tuvo acceso Pares— Putumayo es el sexto departamento en donde más se han registrado asesinatos a firmantes de la paz; 25 casos. Puerto Asís, por su parte, es el tercer municipio en donde más han asesinado firmantes de la paz; 9 casos.
Además, en el ETCR Héiler Mosquera o ETCR La Pradera —ubicado en el municipio de Puerto Asís, vereda la Carmelita. Este municipio se encuentra ubicado en la cuenca del río Putumayo, y está compuesto por 162 veredas y seis corregimientos. En este territorio se ubican doce cabildos y cinco resguardos indígenas— han asesinado a tres (3) firmantes de paz. El Hélier hace parte de los 16 ETCR en los que se han perpetrado asesinatos, de los 24 ETCR que existen en Colombia. Putumayo es el tercer departamento con mayor número de tentativas de homicidio a firmantes de paz; 5 casos. Junto con Caloto (Cauca); Puerto Asís es el municipio en donde más se han registrado tentativas de homicidio contra esta población.
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Pares se suma al clamor por la defensa de la vida y de la integridad de Jani Siva, los integrantes de ADISPA y las comunidades campesinas de la ZRCPA.
“Las nuevas amenazas en contra lideresa Jani Silva, por su labor en defensa y protección del ecosistema amazónico y su apuesta inquebrantable por la construcción de paz con justicia socio ambiental se producen a pocas horas que medio millón de personas reconocen la labor de Jani Silva y ADISPA exigiendo al Estado colombiano garantías para su protección y el desarrollo de su ejercicio en materia de protección ambiental”, puntualizó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Me permito cerrar este artículo con un llamado que hizo Jani en mayo de 2019 al presidente Iván Duque:
“(…) Yo le pido al gobierno, al presidente Duque, que se tiene que tener en cuenta el Acuerdo de Paz, que se implemente en la realidad así como está establecido. Todavía hay posibilidad de salvar el Acuerdo de Paz. No digan que las muertes que están ocurriendo en nuestro territorio son aisladas, no, las muertes tienen un patrón y eso hay que investigarlo y hay que llevarlo a la justicia. Tengo que decirlo: así empezó todo esto antes, y a esa época no queremos volver (…)”
«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Tejidos y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.»