Por: Camilo Díaz Suárez y Daniela Garzón, investigadores nacionales.
Línea de Democracia y Gobernabilidad
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la petición de la defensa del exgobernador de Santander y exsenador Richard Aguilar, de anular el proceso que se lleva en su contra por presuntas irregularidades en contratación cuando ejerció como gobernador.
El exgobernador buscaba que se empezara desde cero la investigación que pasó de manos de la Corte Suprema a la Fiscalía delegada ante la Corte en julio, después de haber renunciado a su curul como senador por Cambio Radical. La defensa de Aguilar argumentó que la indagatoria que rindió ante la Corte no podía equipararse a la imputación en la Fiscalía, y que, como al renunciar el procesado está bajo otro sistema penal (Ley 600 y Ley 906), el proceso debía arrancar nuevamente.
Pero la Corte Suprema dijo que ambos sistemas son respetuosos de la Constitución y que lo actuado no puede considerarse nulo. La Fiscalía presentó el escrito de acusación los primeros días de octubre y desde allí se espera que Aguilar responda por los delitos de concierto para delinquir; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Hay que recordar que siendo gobernador, Aguilar habría favorecido a familiares y amigos en la contratación de obras civiles y del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a cambio de recibir un porcentaje sobre los contratos.
Aunque el ente acusador pasó de ser la Corte Suprema a la Fiscalía por la renuncia de Aguilar al Senado, seguirá siendo la Corte la que recibirá el material probatorio que acumule la Fiscalía y así mismo la que enjuiciará a Aguilar, pues esta tiene competencia sobre las actuaciones de los gobernadores.
Según lo presentado por la Fiscalía ante la Sala Especial de Primera Instancia, mientras que Aguilar estuvo frente a la gobernación entre 2012 y 2015, este creó un comité asesor para orientar los procesos contractuales en el departamento. En ese proceso nombró a dos personas de su confianza: la secretaria de infraestructura y el director de Gestión de infraestructura, con el objetivo de asegurar que la contratación quedara en manos de quien él indicaba.
Habría irregularidades en al menos seis contratos:
Uno para reforzar el estadio de fútbol y hacer adecuación de piscinas y un coliseo, de 2014 y con un valor de $15.278 millones.
Un contrato de interventoría con una adición reconocida por más de $6.700 millones.
Un contrato para mejorar y rehabilitar un corredor agroforestal que fue entregado a una Unión Temporal en la que era empleado un primo de Hugo Aguilar padre.
Un negocio jurídico para el suministro de raciones de comida a estudiantes de 82 municipios de Santander.
Un contrato de obras en el corredor vial San Gil- Charalá de septiembre de 2014.
Y, finalmente, un contrato para la construcción del tercer carril de la vía Bucaramanga- Floridablanca, también de septiembre de 2014.
Con la reciente decisión de la Corte, se sienta jurisprudencia sobre una jugada que se ha vuelto recurrente entre los congresistas acusados de diversos delitos: la de renunciar a sus curules no solo para cambiar de ente acusador, sino para echar para atrás los procesos en los que la Corte ya ha avanzado. En este caso, Aguilar y su abogado, Iván Cancino, que también defiende al abogado Diego Cadena, involucrado en el caso Uribe, perdieron.
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El círculo de la corrupción
Por los actos de corrupción en los que presuntamente habría incurrido Richard Aguilar también están involucrados el actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien es su hermano, y el exrepresentante a la Cámara Edwin Ballesteros.
Siendo una de las fichas del Clan Aguilar, Edwin Ballesteros se vio implicado por haber participado del entramado de corrupción de la gobernación de Santander, mientras fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant S. A.).
El 7 de septiembre de 2021, Ballesteros fue formalmente vinculado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema por irregularidades en la contratación de la Esant, tras lo cual presentó la renuncia a su curul, que fue aprobada el 9 de septiembre en plenaria de la Cámara de Representantes.
Los hechos se habrían presentado entre 2014 y 2016, y se investigan tres contratos. El primero de ellos fue suscrito entre la Esant e Ingream S.A.S para realizar el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el municipio de Sucre, por un valor de $1.188 millones. El segundo fue suscrito con la Unión Temporal Enciso Potable, para una planta de potabilización de agua en Enciso, con un valor de $472 millones. El tercer contrato se realizó con la misma Unión Temporal, para mantenimiento del sistema de acueducto en el municipio de Landázuri, con un valor de $4.000 millones.
La investigación en contra de Ballesteros nació en el marco de la adelantada en contra de Richard Aguilar, luego de las declaraciones de Claudia Toledo y Lenin Pardo en el marco de sus propios procesos judiciales.
Claudia Yaneth Toledo, ex secretaria de Infraestructura departamental, y su esposo, Lenin Darío Pulido, contratista de la Gobernación, habían sido detenidos en el 2018 por irregularidades en la contratación para mejorar la Villa Olímpica del Estadio de Bucaramanga.
Sin embargo, en el marco de sus propios procesos, Toledo y Pulido llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para tener inmunidad penal y actuar como testigos en contra de Richard Aguilar. Según ellos, Edwin Ballesteros habría actuado como intermediario entre Aguilar y terceras partes, para amañar la adjudicación de contratos en Santander.
Tras su renuncia y porque la Corte consideró que los hechos por los que se le abrió la investigación no tienen que ver con su función como congresista, el 11 de octubre la investigación fue remitida a la Fiscalía General de la Nación. Los delitos por los que se le investiga son concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho.
Por su parte, a Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación en septiembre de este año, pues habría favorecido a su hermano, mediante la desaparición de documentos en la gobernación de Santander.
El órgano de control investiga si Mauricio ocultó documentos que comprometían la responsabilidad penal de Richard Aguilar, por el aparente envío de documentos falsos a la Corte Suprema sobre la adición del contrato de la Villa Olímpica y el conflicto de interés de la gobernación al contratar los abogados el exsenador. El pasado 27 de octubre, la Fiscalía le abrió una investigación por la desaparición de una caja con nueve carpetas con documentos que contenían resoluciones de despacho de la gobernación durante el mandato de su hermano.
El Clan Aguilar
Hugo Aguilar Naranjo es el padre de Richard y Mauricio Aguilar, y fundador del Clan Aguilar. Fue un coronel de la Policía, que ganó reconocimiento por haber sido el policía que abatió a Pablo Escobar. Ingresó a la política en el 2001, tras convertirse en diputado de la Asamblea Departamental de Santander, cargo al cual renunció para aspirar a la gobernación del departamento, quedando electo en el 2003.
En 2011, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos, por presuntos nexos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC, para lograr apoyo electoral en el 2003. Por estos nexos, había sido condenado por la Corte Suprema a 9 años de prisión.
A lo anterior se suma un proceso abierto en la Corte Suprema, por irregularidades en contratación durante su mandato como gobernador. La investigación se adelanta en 12 convenios suscritos con la Corporación Parque Nacional de Chicamocha para ejecutar varias obras.
Al igual que Hugo Aguilar, sus hijos se encuentran actualmente investigados y acusados, añadiendo expedientes adicionales al prontuario familiar. Un aliado del Clan Aguilar, Edwin Ballesteros, también se encuentra en líos judiciales.