Por: Daniela Garzón
Investigadora Democracia y Gobernabilidad
La semana pasada se conoció la intención de Aída Merlano, excongresista condenada por delitos electorales y prófuga, de ampliar su versión en la investigación que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia, contra el actual senador que intenta reelegirse, Arturo Char. Aunque iba a presentar la ampliación de su declaración este lunes, solicitó un aplazamiento porque, acorde con lo dicho por su abogado, estaría recibiendo amenazas para que no se presente a la citación. La misma quedó para el próximo 31 de enero.
Según recoge El Espectador, Merlano le envió una carta al magistrado de la Sala de Instrucción, Francisco Farfán, solicitando “ser escuchada en ampliación de mi testimonio en el proceso, con la finalidad de colaborar eficazmente con la administración de justicia y aclarar los hechos del proceso que se sigue contra el senador Arturo Char Chaljub por el delito de corrupción al sufragante y otros”.
A Merlano la Corte Suprema de Justicia la condenó a 11 años y 4 meses de cárcel, por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego. En su sentencia, el informe de Policía Judicial del 14 de septiembre de 2018 detalla cómo funcionaba la “estructura organizativa de la campaña (...) durante los años 2014, 2015 y 2018” la cual estaba “conformada inicialmente por una coalición integrada por las familias políticas (...) conocidas como los “clanes Gerleín, Char y Name”.
En el mismo informe se recoge que en 2018 se decidió conformar una alianza electoral entre los Gerlein y los Char para la elección de Aída al Senado y de Llilibeth Llinás a la Cámara de Representantes, como cuota de los Char y de Cambio Radical. Para llevar a cabo la compra de votos, entregaban inicialmente “$15.000 y el saldo cuando el sufragante entregaba al líder el certificado electoral como prueba”
Uno de los testigos aseguró que cuando lo invitaron a participar de la campaña, “comprendió que no se trataba de hacer política por cauces normales, sino a través de la compraventa del voto” y que la alianza política con los Char “seguramente se selló en el año 2017 en una reunión entre Arturo Char y la sindicada [Merlano]”
La Corte le abrió una indagación preliminar a Arturo Char por delitos de corrupción electoral en 2019 y en junio de 2020 lo llamaron a rendir versión libre, por su presunto vínculo con la “empresa electoral” por la que fue condenada Merlano. Esa misma indagación incluye la posibilidad de ser investigado porque habría participado en la ejecución de su fuga.
Pero Char, hijo del poderoso político y empresario Fuad Char, y hermano del exalcalde de Barranquilla y hoy precandidato presidencial, Alejandro Char, no es el único político en campaña al Congreso involucrado en este caso. Otro de los mencionados en su sentencia y sobre el que hablaría Merlano, es el congresista Laureano Acuña, sobre quien también hay una indagación preliminar en la Corte Suprema. Según el mismo informe de Policía Judicial mencionado anteriormente, la organización de la cual hacía parte Merlano y por medio de la cual se hizo elegir, integrada por los Gerlein, los Char y los Name, la habría elegido a ella como representante a la Cámara; y a Roberto Gerlein y a Laureano Acuña como senadores en 2014, todos avalados por el partido Conservador.
A Acuña lo conocen como “el gato volador” y según La Silla Vacía ha tenido una “gran capacidad para comprar votos”.
Los otros dos involucrados en campaña son Carlos Rojano Llinás, exesposo de Aída y candidato por el Partido Liberal al Senado; y Adriana Blanco, quien fue la coordinadora de la campaña de Merlano en 2018 y hoy es candidata a la Cámara por el Partido Conservador.
Rojano fue concejal de Barranquilla en el periodo 2016-2019 por Cambio Radical y siempre ha sido cercano a los Char. Su hija, Karina Rojano, actual representante a la Cámara, es una de las cuotas de este clan en el Congreso. El nombre de Rojano Llinás aparece también en el fallo contra Merlano, como uno de los políticos que se logró elegir por medio de la organización criminal de la cual hacía parte Merlano.
De acuerdo con el testimonio de Francisco Palencia, la organización “además de Julio Gerleín Echeverría, la conformaban Carlos Rojano Llinás, Margarita Ballén, los concejales Aissar Castro, Vicente Támara y Juan Carlos Zamora”. La prima de Rojano, Lilibeth Llinás, se habría unido a este “proyecto ilegal” en 2018, como la ficha de los Char y la fórmula por debajo de cuerda (eran de partidos distintos) de Merlano en la Cámara.
Por su parte, Adriana Blanco aparece también en el fallo porque según Palencia, testigo del caso, ella era una de las personas que integraba la campaña y habría estado presente en una reunión con Julio Gerleín y Edwin Martínez después de la cual Merlano se habría disgustado porque Julio no le entregaría los $2000 millones para financiar la campaña. Después de esa reunión Merlano habría dicho, siguiendo videos incautados en su sede, que
“...a lo bien, ya el debate me lo bajó a 1300 según él; o sea no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos, no pagamos… tú crees que yo voy a dejar de pagarles a los líderes.”
Blanco también habría intentado ser la heredera de los votos del parapolítico Dieb Maloof en 2010, cuando fue candidata al Senado (obtuvo 16659 votos) por el Partido de Integración Nacional (PIN), uno de los que más tuvo escándalos asociados a la parapolítica y que cambió su nombre a Opción Ciudadana.
Por las menciones en el caso Merlano, la Corte compulsó copias para que se investigara a estos y otros políticos. Sin embargo, hasta el momento, por la fuga de Merlano y su permanencia en Venezuela, en esto se ha avanzado muy poco. Su reaparición podría activar los procesos y mover el escenario político de cara a las elecciones de marzo, si finalmente puede declarar.