Por: Susana Vesga
Foto tomada de: Caracol Radio
El puerto de Buenaventura mueve alrededor del 44% del comercio exterior del país y para nadie es un secreto que la ciudad está sumida en la pobreza y un sinnúmero de violencias tanto en la zona urbana como la rural. Probablemente si el distrito tuviera mayor autonomía política y financiera, abordar dichos fenómenos sería al menos de manera más expedita y tal vez más eficiente. Lo mismo se podría decir para otros casos de la periferia como en la Guajira, el Choco, Arauca, etc., donde a pesar de extraer recursos, la provisión de bienes y servicios públicos siempre se ha quedado corta.
Desde la Constitución del 91 se ha avanzado en un proceso de descentralización y el gran logro ha sido que la elección de alcaldes y gobernadores sea de elección popular; sin embargo, siendo Colombia un país altamente presidencialista y aún con un poder político concentrado en unas pocas familias, aquellos alcaldes y gobernadores electos no cuentan con la esperada autonomía.
Por otro lado, en promedio, el 40% de los recursos municipales proviene del Sistema General de Participaciones (SGP), en algunos casos otro tanto proviene del Sistema General de Regalías (SGR), es decir, del gobierno central, y otro poco de recursos propios, cooperación internacional, entre otros. Del SGP se destinan los recursos a educación, salud, propósito general y agua potable y saneamiento básico. En el caso del SGR se asignan recursos a proyectos de desarrollo económico, social y ambiental, inversiones en ciencia, tecnología e innovación y en proyectos para aumentar la competitividad económica. De manera tal que el margen de maniobra para ejecutar lo planeado por los gobernantes es bastante limitado.
No sobra decir que el acceso a los recursos de SGR depende de la capacidad de los municipios de formulación de proyectos y, por tanto, aquellos que presenten más proyectos son los cuales adquieren más recursos. Adicionalmente en muchos casos dicho acceso está mediado por congresistas que orientan los recursos a sus propias campañas y/o beneficios.
Teóricamente los objetivos de la descentralización son el federalismo fiscal y el pluralismo político. En el primer caso se habla de tres componentes: estabilidad macroeconómica, la cual le compete al nivel central; redistribución, podría ser responsabilidad tanto del nivel central como del territorial; y la asignación de los recursos que debería ser competencia del nivel territorial. En el segundo caso se espera que a partir de la descentralización se democratice el poder político y se abran espacios de participación a la ciudadanía. Es decir, la descentralización en Colombia es una ficción.
Ahora bien, si no fuera una ficción, la relación de centro y periferia podría transformarse en una relación virtuosa en la que los políticos trabajen por el bienestar de la mayoría de sus regiones y los recursos provenientes de cada zona se redistribuyan como tiene que ser. En la medida que el gobierno central se encargue de mantener la inflación, el desempleo, la tasa de cambio, etc. estable, los gobernadores y alcaldes se deben encargar de adelantar las políticas públicas locales para atender las necesidades específicas de sus regiones.
Es de resaltar la iniciativa que cursa actualmente en el congreso de la federalización del país. Sería una alternativa de convertir en realidad lo que hoy es una ficción y de redistribuir poder político y económico a los que no lo han tenido.