Foto PGN
La imagen del procurador Alejandro Ordóñez se ha derrumbado. La última encuesta, la de Cifras y Conceptos, le da 16 puntos de favorabilidad y 40 de rechazo. También es visible el deterioro paulatino de la aceptación de su gestión en todas las mediciones de opinión desde finales del año pasado.
No es el único signo de la decadencia de Ordóñez. Tribunales nacionales e internacionales han comenzado a cuestionar sus decisiones más emblemáticas. El Consejo de Estado tumbó el fallo contra Alonso Salazar y la CIDH decretó medidas cautelares –aunque estas no fueron aceptadas por Santos– para proteger a Gustavo Petro a pesar de que el procurador acudió a Washington a darle a este organismo todas las explicaciones del caso.
El hombre que al finalizar el primer periodo de su gestión recibió ofertas para candidato presidencial de las fuerzas de la derecha colombiana; que barrió en el Senado a la hora de su reelección al obtener 80 votos de 93 posibles; el hombre al que el presidente Juan Manuel Santos no fue capaz de ponerle un obstáculo serio para conquistar su segundo periodo a pesar de que sabía que sería una piedra en el zapato en el importante tema de la paz; este hombre imponente y soberbio que sacudió a la Procuraduría con su energía y desafió a la opinión pública haciendo del matrimonio de su hija una ceremonia fastuosa y repelente, está ahora en la picota.
Algo muy malo, algo muy arbitrario, tiene que haber hecho Ordóñez. Porque el puesto es perfecto para lucirse, está diseñado para mantener una imagen muy alta en la opinión pública. Además este señor tiene la personalidad exacta para suscitar la adhesión de importantes franjas de la ciudadanía en nuestro país. El procurador tiene el reto de representar al ciudadano ante el Estado en un país de aberrantes exclusiones y de fieros atropellos; el papel de perseguir la corrupción en un momento en el que la indecencia aturde y la sociedad ve con impotencia las defraudaciones más escandalosas del erario; la función de proteger los derechos humanos en un país plagado de abusos; son misiones dulces para la opinión pública, cada fallo tendría que despertar aplausos y felicitaciones en la mayoría de la población.
Para completar, Ordóñez es un hombre que exhibe su religiosidad y su conservadurismo con una alucinante desmesura en un país que es ostentosamente católico y profundamente conservador donde campean la doble moral y la trampa encubiertas en declaraciones de fe. Su imagen tendría que estar arriba, sus fallos tendrían que soportar todas las impugnaciones y revisiones, pero no es así. Y no lo es, porque al lado de muchos fallos justos y equilibrados, al lado de decisiones dignas, ha producido sanciones fuera de toda proporción y teñidas de un sesgo político y religioso inocultable; no es así, porque los colombianos tendemos a una solidaridad declarativa inmediata con las víctimas de injusticias para esconder nuestra incapacidad de una solidaridad material y duradera con las personas que sufren atropellos. No es así porque el tipo decidió emprenderla contra las negociaciones de paz, contra el matrimonio gay y contra el aborto en casos especiales. Es el hombre, ese hombre, Ordóñez, el que está cayendo del pedestal por su propio peso.
No es culpa de la institución, así la misma tenga fallas de diseño. No es que Ordóñez estuviese forzado por la ley a destituir y a inhabilitar por 12 o 15 años a Alonso Salazar, a Gustavo Petro y otros servidores públicos que cayeron en su red, como dicen algunos formadores de opinión demasiado complacientes con Ordóñez. Nada de eso.
El señor Ordóñez va escogiendo con una astucia impresionante blancos legítimos de su acción para lavar su conciencia y ganar adeptos, pero al lado de estos va señalando con precisión a servidores públicos que enarbolan ideas y convicciones contrarias a su credo para golpearlos sin misericordia. Le salió muy bien la cosa en el primer periodo. Cerca de 800 alcaldes y diez gobernadores recibieron alguna amonestación o sanción en sus primeros cuatro años de gestión, pero se cuidó bastante de inculpar a los congresistas que deberían reelegirlo, allí, en el Congreso, solo produjo unas 20 sanciones. Con excepción de algunos afectados, todo el mundo aplaudió. Pero su sagacidad le falló en este periodo, porque escogió gente que había tenido una vida pública ligada a la lucha contra la corrupción y porque, convencido de su omnipotencia, produjo sanciones tan sesgadas como desproporcionadas. Llenó la taza.
Columna de opinión tomada de Semana.com