Por: Walter Aldana
Político Social Alternativo
En los últimos 20 años, más como promesa que como realidad, durante los periodos de campaña los candidatos y candidatas han predicado la "lucha frentera" contra la corrupción, que en lo público afecta al erario, la calidad de vida y el diario vivir de los colombianos y caucanas todos.
Los anuncios de meter en cintura la manera descarada de robar y el actuar antiético de los corruptos fueron seguidos de la promulgación de las leyes 1474 de 2011 y 2195 de 2022, y la creación de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación que se sumaría a las funciones de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
A la cabeza de esa unidad, el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira designó a Luis Gustavo Moreno con la pomposa definición de "zar anticorrupción". El resultado no pudo ser peor, aunque sí esperable: más de cincuenta billones de pesos por año se perdieron por la corrupción en la institucionalidad, mientras el gran "zar", quien se mostraba como máximo exponente de la ética, se lucraba cobrando coimas por cerrar procesos contra corruptos, y terminó preso el 07 de marzo de 2018.
De buena fe se creyó que las medidas adoptadas pondrían el tatequieto a tan abominable práctica, pasando por alto que quienes hacen las leyes y el ejecutivo que las propone mayoritariamente tienen vínculos con la clase comerciante e industrial que les financia sus campañas políticas con la aspiración de ser favorecida con normas de su conveniencia.
Por ello es entendible que el referendo contra la corrupción se haya perdido el 26 de agosto de 2018, cuando participaron solo 11 millones de las 36 millones de personas aptas para votar, no logrando configurar el 51% necesario para ser aprobado, quedando ante el mundo como un país tolerante con la corrupción y haciendo evidente la inmensa influencia de la clase oligárquica por medio de los grandes medios de comunicación bajo su control.
Como complemento a las normas anticorrupción, el establecimiento creó el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP 1), que obliga a los entes territoriales y a los institutos descentralizados a subir a esta página su historia de contratación, lo que hizo creer que era otro paso más en la brega por el uso limpio de los recursos públicos.
Para tranquilizar a las ciudadanas y ciudadanos y dar apariencia del "compromiso de los gobernantes" con la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, se creó el SECOP 2, que en esencia es la posibilidad que tiene el proponente y el ciudadano de ser visibles en los procesos de contratación.
Ahora bien, si existen los mecanismos para ejercer control, ¿por qué no funcionan y aumenta la corrupción? La respuesta es sencilla: el veneno está en los pre pliegos y los pliegos en los que se amarran los contratos entre administradores y proponentes corruptos y, siendo así, todo control se hace sobre lo perversamente determinado.
Contratistas que hacen los pliegos, consorcios o uniones temporales que compran contratos o pagan para que otros no se presenten y veedurías con poca capacidad técnica, enfrentadas al gobernante por no haber votado con él, son el telón de fondo de la corrupción rampante que desangra los presupuestos públicos y condena a los más vulnerables al desamparo oficial.
Finalmente, tres cosas debemos hacer en el departamento del Cauca al respecto: formular una política pública de transparencia; crear nodos especializados de veeduría, formados, capacitados y participando desde la identificación de la necesidad hasta la ejecución de los proyectos; e impulsar ferias de contratación que son, ni más ni menos, la socialización de las oportunidades.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.