Por: Valeria Torres, Asistente de Investigación
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Foto tomada de: Alcaldía de Cali
Seguridad: el eje central de la carrera por la Alcaldía de Cali
La carrera por la Alcaldía de Cali cuenta con al menos 13 candidatos que se disputarán el próximo 29 de octubre el cargo como primera autoridad de la ciudad. En esta disputa se han planteado las diversas promesas y sturas respecto a temas cruciales que reclaman la atención de la ciudadanía, entre los cuales destaca el problema de la seguridad, que se ha vuelto uno de los temas centrales del debate, y un aspecto primario en el desarrollo de las distintas campañas.
Diagnóstico
Actualmente la capital del Valle del Cauca presenta un panorama de seguridad complejo marcado por el incremento en las cifras de delitos. El seguimiento realizado desde la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con base en los datos del SIEDCO, permite evidenciar que el hurto a personas fue el delito que reportó un mayor número de casos en la ciudad, alcanzando un total de 12.692 en el primer semestre de 2023, lo cual, constituye un aumento del 24,9% si se compara con el mismo semestre del año pasado. Otros delitos de alto impacto también reportaron cifras considerables, que, en su mayoría, incrementaron respecto al año pasado; la extorsión, por ejemplo, alcanzó los 259 casos en el primer semestre de este año, aumentando en un 103,9% respecto al primer semestre del 2022, cuando se registraron 127. En cuanto a los casos de homicidio, se obtuvo una cifra de 507 casos para el primer semestre de 2022 en comparación con los 505 presentados en el mismo semestre de 2023, lo cual, representa una reducción solamente de 2 casos para este año, equivalente al 0,4%.
Elementos particulares como la ubicación geoestratégica de la ciudad, caracterizada por su cercanía al puerto de Buenaventura, y la zona rural que la conecta con una cadena montañosa, la convierten en un lugar propicio para el desarrollo de actividades ilícitas por parte de grupos armados. Se han identificado algunos de este tipo como el Clan del Golfo, específicamente a través de las subestructuras ‘Pacífico’ y ‘Baudó’; el ELN; y la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.
De tal manera, en el marco del accionar criminal de estos grupos por el control territorial, el desarrollo de las economías ilegales y el ajuste de cuentas, se genera un escenario de violencia, al que se suma la delincuencia organizada, con grupos como ‘Los Paisas’, ‘Los Iluminaty’, ‘Los Potrero’, ‘La Tercera’, ‘África’, ‘Los del Alto’, ‘Los Panda’, ‘La 40’ y ‘El Platanal’, que ocasionan un deterioro en la seguridad de la población caleña. Cabe resaltar que, así como se dan disputas entre las distintas estructuras delincuenciales, también se establecen lazos y alianzas criminales que se extienden, incluso, a otras ciudades que hacen parte del área metropolitana como Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Buenaventura, creando redes de violencia más grandes que se traducen en inseguridad para la población.
Este panorama explicaría entonces la alta percepción de inseguridad que tienen los caleños. De hecho, la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por “Cali Cómo Vamos” en el año 2022, muestra que el 44% de las personas encuestadas señaló no sentirse segura en la ciudad y el 18% indicó ser víctima de algún delito. Por otro lado, en la Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana realizada por el DANE para el año 2022, entre los meses de septiembre y noviembre, la ciudad obtuvo el porcentaje de percepción de inseguridad más alto (84,1%), ocupando así el primer lugar a nivel nacional.
Según la misma encuesta de Cali Cómo Vamos, la seguridad se encuentra dentro del top 10 de los temas a los que la ciudadanía considera se les debe prestar una mayor atención desde la administración local. Esto, sumado a la alta percepción de inseguridad, podría ser un factor para explicar el grado de desaprobación que existe por parte de los habitantes de la ciudad hacia la gestión del actual alcalde Jorge Iván Ospina, que alcanza un 54%.
Propuestas
Teniendo en cuenta este contexto, las propuestas respecto al mejoramiento de la seguridad son de especial interés para los ciudadanos y, por ende, para los candidatos, quienes han abordado esta problemática como un eje central de sus campañas, dando relevancia a las medidas y estrategias que emplearían para combatir este fenómeno. De los 12 aspirantes se tendrán en cuenta para este análisis, aquellos que lideran la intención de voto:
Uno de estos candidatos es Roberto Ortiz, quien actualmente lleva la delantera en las encuestas. Ortiz propone la creación de un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana (Sisec), que contará con tecnología avanzada como drones, alarmas, y cámaras de inteligencia artificial para identificar en tiempo real la comisión de delitos y la identidad de aquellas personas y estructuras dedicadas al multicrimen. Además, plantea la suscripción y capacitación de 1.000 nuevos efectivos policiales y afirma que creará el Banco de las Oportunidades, mediante el cual facilitará recursos a la ciudadanía a cero tasa de interés como una estrategia para liberarles de grupos criminales que se dedican al préstamo de dinero. Sin embargo, el
candidato no explica la manera en la que llevará a cabo esta propuesta, ni los medios y fuentes de financiación que empleará.
Otros candidatos como Alejandro Eder y Diana Rojas, si bien aluden en sus programas de gobierno a aspectos importantes para la gestión de la seguridad como la convivencia, la reconciliación y la prevención, plantean también en sus discursos estrategias con enfoque militarista, como lo son la presencia del Ejército dentro de la ciudad para apoyar a la Policía en tareas puntuales encaminadas a la lucha contra las organizaciones criminales. Eder, sin embargo, no descarta totalmente la militarización para Cali, y señala que si es necesario, se hará. En esa línea se encontraba también Jaime Arizabaleta, quien finalmente desistió de su candidatura, pero en su momento señaló que militarizaría toda la ciudad.
Wilson Ruiz, por su parte, señala que su prioridad será “devolverles la seguridad a los caleños” y, para ello, propone crear un plan de seguridad que incluye como estrategia el incremento en el número de uniformados en las calles, además de la dotación de equipos tecnológicos para hacer frente a la delincuencia.
La candidata Miyerlandi Torres, se mantiene en la misma línea de Eder y Rojas al contemplar aspectos importantes como la convivencia y la prevención, por ejemplo, apuntando al fortalecimiento en las capacitaciones de la Policía Metropolitana en derechos humanos, también le apunta al uso de la tecnología para el monitoreo ciudadano y la predicción del delito, acompañada de un aumento de efectivos de la Policía especializados en el combate al crimen.
Reflexiones
La revisión de los programas y propuestas que se hizo en este artículo, aunque no contiene la totalidad de planes y estrategias contemplados por los candidatos, sí permite observar que predomina un modelo de seguridad punitivo orientado al aumento en el pie de fuerza pública, aspecto que difiere del discurso que mantiene el Gobierno Nacional en temas de seguridad, quien ha hecho énfasis en una gestión civilista con un enfoque de seguridad humana. Sobre todo, se diferencia de aquellas estrategias que apuntan a la militarización como un mecanismo para la seguridad pública, cuyo principal riesgo es oprimir a quien se está protegiendo, además de estar relacionada con el abuso de los derechos humanos.
Ante este panorama, llama la atención especialmente que los ciudadanos parecen estar de acuerdo con propuestas en esa línea. De hecho, en la encuesta mencionada anteriormente de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos, el 77% de los encuestados votó por la opción “Más presencia de Policía” como alternativa para mejorar la seguridad de la ciudad, lo que podría indicar que se inclinarían por un mandato de este tipo, orientado al incremento de fuerza pública como garantía de seguridad.
En suma, el escenario descrito deja en evidencia, por un lado, una situación de inseguridad que va en aumento caracterizada por el incremento en las cifras de delitos y el accionar de las estructuras criminales que libran sus disputas en las calles de la ciudad y, por otro lado, un escenario político que marca una tendencia hacia un modelo policivo en el manejo de los asuntos de seguridad pública.
Lo cierto es que quien asuma la administración de la ciudad por el próximo periodo enfrentará múltiples retos tanto a nivel local como departamental y nacional, en tanto que deberá trabajar con estas instancias de gobierno para lograr la armonización de políticas que ayuden a contrarrestar los niveles de criminalidad y violencia.