Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
La seguridad y convivencia ciudadana durante el gobierno de Iván Duque deja un balance preocupante. De acuerdo con el seguimiento realizado por Pares, son tres los puntos que representan el mayor reto en materia de seguridad para el nuevo gobierno.
En primer lugar, las medidas de prevención del delito resultaron ser poco efectivas en los últimos cuatro años. Se observa una tendencia a la recuperación de los índices de los delitos de alto impacto frente al periodo anterior a la pandemia, las cifras registradas en 2021 y en lo que va de 2022 dan cuenta de un aceleramiento en las dinámicas de la violencia que hacen parte de los repertorios de la delincuencia común y organizada en todo el país.
En segundo lugar, los mecanismos de resolución pacífica de conflictos no han disminuido los impactos de la pandemia en la convivencia ciudadana. Luego del confinamiento, el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMS) registra un incremento alarmante de los casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, tipificados en el artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC). Este incremento fue del 59% en 2021 respecto al 2020, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 1
Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC.
Entre enero y marzo de 2022 se registraron 190.164 casos de este comportamiento, siendo el porte de armas y las riñas las conductas más sancionadas (ver Gráfico No. 2). Este dato llama la atención debido a que representa una alerta en términos de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, ya que es un potencial dinamizador de las conductas violentas que deben ser atendidas por la Policía Nacional y que requieren de un debido tratamiento por parte de sus funcionarios.
Gráfico No. 2
Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC.
En tercer lugar, la disputa por las rentas ilegales y la reconfiguración de la delincuencia organizada ha impacto en gran medida la seguridad en el país. Particularmente después de la pandemia, los hechos violentos derivados de dichas disputas en las conurbaciones urbanas y los ejercicios de control territorial en zonas urbanas, rurales y de frontera, ponen en evidencia la limitada capacidad de gestionar la seguridad desde las entidades territoriales y representan un gran desafío para la Policía.
Este panorama constituye otro reto que debe afrontar el nuevo gobierno en términos de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, y en consecuencia las autoridades de Policía en los municipios del país. Esto, debido a que las transformaciones en la Policía no sólo deben apuntar a atender las recomendaciones de los organismos internacionales, sino a garantizar efectivamente la seguridad a nivel nacional y local.
La pérdida de confianza en la institución
A raíz de las violaciones al D.I.H., los casos de corrupción y la crisis de seguridad, en Colombia se presenta un grado de desconfianza en la institución sin precedentes. La relación entre las y los ciudadanos con los funcionarios de la Policía es tensa en muchos contextos.
Una muestra de esto es el gran número de sanciones impuestas por comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades (artículo 35 del CNSCC). Según el RNMC, en los primeros tres meses del presente año estos comportamientos registran 29.411 comparendos.
De ese total, el 55% corresponden a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía (numeral 2 del art. 35 del CNSCC), mientras que el 30% al irrespeto hacia las autoridades de Policía (numeral 1). El porcentaje restante hace referencia a los numerales 3, 4, 5, 6 y 7[1] del Código, como se observa en la siguiente imagen.
Gráfico No. 3
Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC.
Si bien es necesario aclarar que estas sanciones son impuestas a discreción de los miembros de la Policía ante una situación que afecta la convivencia ciudadana, son un indicador de las problemáticas que existe frente al relacionamiento entre la ciudadanía y la Policía.
Otro indicador de desconfianza tiene que ver con la cifra oculta de no denuncia de los delitos. Según la última encuesta de victimización del DANE, el porcentaje de personas que no denuncian los delitos de los que fueron víctimas ante ninguna autoridad fue del 72,9% en 2020 a nivel nacional, 69,8% para cabeceras municipales y 86,1% en centros poblados y rural disperso (DANE, 2021) (ver Gráfico No. 4).
Gráfico No. 4
Las razones por las que la ciudadanía no denunció los hechos victimizantes que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana durante ese periodo fueron: 1. porque las autoridades no hacen nada, 2. porque no confían en la administración de justicia, 3. porque consideraron que no era necesario, y 4. otras[2] (Ibíd.) (ver Gráfico No. 5).
Gráfico No. 5
A pesar de que la encuesta hace referencia al conjunto de entidades que gestionan la seguridad y administran la justicia, pone en evidencia el alto grado de desconfianza que existe ante las autoridades. Considerando que la Policía es una institución que recepciona las denuncias de los delitos de alto impacto en cada municipio del país, este dato no es menor.
Hasta aquí se han presentado los principales retos para el entrante gobierno de Gustavo Petro, los cuales ponen en evidencia algunas de las transformaciones que son necesarias efectuar en materia de seguridad y que impactan a la Policía Nacional. Ahora y con motivo de comprender el rol que tendrá la institución en los próximos cuatro años, se analizará el enfoque de seguridad humana propuesto, y las transformaciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el presidente Petro.
Referencias
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2020/Bol_ECSC_2020.pdf
[1] Los numerales del artículo 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana son: 1. Irrespetar a las autoridades de Policía; 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía; 3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía; 4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de Policía cuando estas lo requieran en procedimientos de Policía; 5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de Policía; 6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de Policía; y 7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia. Disponible en: https://leyes.co/codigo_nacional_de_policia/35.htm#:~:text=Las%20autoridades%20y%20en%20particular,de%20que%20no%20sea%20as%C3%AD.
[2] Otra razón agrupa: Existían muchos tramites o estos eran demorados, faltaban pruebas de hecho, no conocía el proceso de denuncia, lo(a) amenazaron, miedo a represalias, un familiar, amigo(a) o conocido(a) estuvo entre los delincuentes, las autoridades le recomendaron no denunciar, el problema se solucionó o el daño fue reparado y otro. Ver en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2020/Bol_ECSC_2020.pdf