La actual crisis de seguridad y convivencia ciudadana en Colombia
Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
La seguridad y convivencia ciudadana durante el gobierno de Iván Duque deja un balance preocupante. De acuerdo con el seguimiento realizado por Pares, son tres los puntos que representan el mayor reto en materia de seguridad para el nuevo gobierno.
En primer lugar, las medidas de prevención del delito resultaron ser poco efectivas en los últimos cuatro años. Se observa una tendencia a la recuperación de los índices de los delitos de alto impacto frente al periodo anterior a la pandemia, las cifras registradas en 2021 y en lo que va de 2022 dan cuenta de un aceleramiento en las dinámicas de la violencia que hacen parte de los repertorios de la delincuencia común y organizada en todo el país.
En segundo lugar, los mecanismos de resolución pacífica de conflictos no han disminuido los impactos de la pandemia en la convivencia ciudadana. Luego del confinamiento, el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMS) registra un incremento alarmante de los casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, tipificados en el artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC). Este incremento fue del 59% en 2021 respecto al 2020, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico No. 1
Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC.
Entre enero y marzo de 2022 se registraron 190.164 casos de este comportamiento, siendo el porte de armas y las riñas las conductas más sancionadas (ver Gráfico No. 2). Este dato llama la atención debido a que representa una alerta en términos de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, ya que es un potencial dinamizador de las conductas violentas que deben ser atendidas por la Policía Nacional y que requieren de un debido tratamiento por parte de sus funcionarios.
Gráfico No. 2
Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC.
En tercer lugar, la disputa por las rentas ilegales y la reconfiguración de la delincuencia organizada ha impacto en gran medida la seguridad en el país. Particularmente después de la pandemia, los hechos violentos derivados de dichas disputas en las conurbaciones urbanas y los ejercicios de control territorial en zonas urbanas, rurales y de frontera, ponen en evidencia la limitada capacidad de gestionar la seguridad desde las entidades territoriales y representan un gran desafío para la Policía.
Este panorama constituye otro reto que debe afrontar el nuevo gobierno en términos de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, y en consecuencia las autoridades de Policía en los municipios del país. Esto, debido a que las transformaciones en la Policía no sólo deben apuntar a atender las recomendaciones de los organismos internacionales, sino a garantizar efectivamente la seguridad a nivel nacional y local.
La pérdida de confianza en la institución
A raíz de las violaciones al D.I.H., los casos de corrupción y la crisis de seguridad, en Colombia se presenta un grado de desconfianza en la institución sin precedentes. La relación entre las y los ciudadanos con los funcionarios de la Policía es tensa en muchos contextos.
Una muestra de esto es el gran número de sanciones impuestas por comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades (artículo 35 del CNSCC). Según el RNMC, en los primeros tres meses del presente año estos comportamientos registran 29.411 comparendos.
De ese total, el 55% corresponden a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía (numeral 2 del art. 35 del CNSCC), mientras que el 30% al irrespeto hacia las autoridades de Policía (numeral 1). El porcentaje restante hace referencia a los numerales 3, 4, 5, 6 y 7[1] del Código, como se observa en la siguiente imagen.
Gráfico No. 3
Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC.
Si bien es necesario aclarar que estas sanciones son impuestas a discreción de los miembros de la Policía ante una situación que afecta la convivencia ciudadana, son un indicador de las problemáticas que existe frente al relacionamiento entre la ciudadanía y la Policía.
Otro indicador de desconfianza tiene que ver con la cifra oculta de no denuncia de los delitos. Según la última encuesta de victimización del DANE, el porcentaje de personas que no denuncian los delitos de los que fueron víctimas ante ninguna autoridad fue del 72,9% en 2020 a nivel nacional, 69,8% para cabeceras municipales y 86,1% en centros poblados y rural disperso (DANE, 2021) (ver Gráfico No. 4).
Gráfico No. 4