Por: Miguel Ángel Rubio Ospina, Coordinador
Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil
Una promesa fundamental del Gobierno del Cambio para los jóvenes era la eliminación del Esmad. Cuestión sobre la que escribimos en otro artículo y que nos ha quedado claro, no pasará, al menos en un corto y mediano plazo.
Ayer también se cayó la eliminación del servicio militar obligatorio. Otra de las promesas que en campaña Petro hizo a los jóvenes y un componente que hacía parte del marco legal para la Paz Total, con el que se buscaba reemplazar este por un servicio social en concordancia con la paz.
La semana pasada, el artículo que buscaba un indulto a los jóvenes de las primeras líneas del estallido social, también se cayó.
Ni eliminación del Esmad, ni del servicio militar obligatorio, ni indulto. Un efecto dominó sobre la seguridad y protección a la vida de los jóvenes y los ciudadanos que supondrá más años de lucha y discusión, refinar el debate e incluso pactar con sectores conservadores, pensar a mediano plazo con menos inmediatez y más cabeza fría.
Entonces a los jóvenes del país, por ahora, solo les queda una salida, de la que poco se habla, pero que en su momento ha sido una herramienta consagrada en la Constitución, la objeción de conciencia.
Al respecto existe la Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, que dice en su artículo 77:
“Para ser reconocido como objetor de conciencia al servicio militar obligatorio se deberá presentar solicitud ante la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, en la cual se deberá manifestar por escrito o en forma verbal su decisión de objetar conciencia. En la solicitud se expondrán los motivos para declararse objetor. Esta solicitud se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento”.
Este párrafo, que contiene una información de vital importancia para los muchachos de últimos grados de los colegios del país, no es mencionado en las instituciones educativas al momento de hablarles de la obligatoriedad del servicio militar. La objeción de conciencia es un tema que el 90% de los jóvenes en los colegios no conocen, ni siquiera se imaginan. Continúa la ley:
“Las razones éticas, religiosas o filosóficas que resultan incompatibles con el deber jurídico cuya exoneración se solicita”.
Es decir que un muchacho cualquiera, solicitado por el Ejército u otra instancia de la fuerza pública, tiene el derecho pleno de objetar el reclutamiento por el solo hecho de ser nacido en territorio colombiano, esgrimiendo razones de carácter ético o de otra índole. Bastaría entonces con citar el derecho a la vida consagrado en la Constitución para que la objeción sea favorable.
De no ser suficiente, dado el carácter autoritario y poco respetuoso de los derechos humanos por parte de los miembros de la fuerza pública, dicha objeción de conciencia puede respaldarse en organizaciones defensoras de derechos humanos, iglesias, ONG, entre otras, que apoyen y sustenten el derecho que tiene la persona a no presentarse a las filas del Ejército.
El país se ha resistido a eliminar la obligatoriedad del reclutamiento a jóvenes en las filas del Ejército. Un sinnúmero de muchachos, en su mayoría de las clases bajas, arriesgan sus vidas por un servició a al país, servicio que es poco reconocido al momento de su finalización.
No queda más que objetar conciencia.