Por: Diego Alejandro Restrepo, Coordinador
Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
En días recientes fuimos objeto de un ciberataque que borró de tajo años de trabajo de investigación, denuncia y reflexiones críticas sobre nuestro vertiginoso contexto. Este hecho se suma a una serie de ataques de diversa naturaleza que han buscado silenciar nuestras voces, no solo las de quienes elaboran informes, artículos, investigaciones y videocolumnas, sino de quienes experimentan día a día la exclusión política, social, económica y cultural en los territorios más afectados por la violencia de la guerra; son estas voces las que protagonizan nuestros relatos, las que configuran nuestra interpretación del país y las que, a su vez, encarnan la idea de resistencia en contra de la violencia y la desigualdad.
La Línea de Investigación en Paz, Posconflicto y Derechos Humanos configura su acción desde la sensibilidad con el contexto y la experiencia. Es así como somos hijas e hijos de la guerra y de la paz. Somos, en cierta medida, herederas de la visión clásica de una especie de violentología cuya mirada se centra en las dinámicas de los actores armados, sus impactos en la población civil y la búsqueda de contextos explicativos que permitan entender el porqué de esta violencia. También somos producto de un diálogo extraordinario en la historia del país y del mundo, que tuvo como resultado el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP. Como tanque de pensamiento (siempre me va a parecer una figura muy bélica para describir nuestra acción) buscamos entender la realidad con el propósito de transformarla, de mejorarla, con la convicción de que otros mundos son posibles.
Este movimiento entre guerra y paz ha marcado nuestra historia. Tras la firma del Acuerdo, nos dimos a la tarea de realizar una veeduría rigurosa del proceso de implementación, especialmente en lo relacionado con reforma rural integral, la reforma política, el fin del conflicto y la sustitución de cultivos de uso ilícito; producto de este seguimiento, entregamos al país más de 12 informes de Cómo va la Paz, con recomendaciones para su adecuada implementación. Tempranamente evidenciamos el sabotaje de fuerzas políticas, gran parte de ellas beneficiadas por la guerra, que a través de argucias de todo tipo buscaban “hacer trizas” lo pactado en La Habana, promover a través de mentiras, discursos violentos y entrampamientos un ambiente adverso a la paz. En su momento, denunciamos con nombres propios a estos sectores.
Las dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz se expresaron de manera más profunda en el momento en que regresó el uribismo a la presidencia. Con Duque, la voluntad política de cumplir la palabra del Estado se esfumó y con esto nuevos ciclos de violencias irrumpieron en el Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Urabá, bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, Arauca, Cesar, Meta, Guaviare y la mayor parte de la frontera colombo-venezolana. La promesa de seguridad se desvaneció con el incremento de homicidios en las zonas priorizadas para el posconflicto, desplazamientos, masacres, asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes de paz. De manera paralela, la frágil confianza de las comunidades en las instituciones del Estado se vio gravemente deteriorada por la ruptura de expectativas generadas por el Acuerdo y, sumado a esto, por violaciones constantes de derechos humanos protagonizadas por miembros de la fuerza pública.
De este proceso dimos cuenta a través de múltiples informes: Más sombras que luces. La seguridad en Colombia a un año del gobierno de Iván Duque (2019), Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos (2020), Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado (2020), Sin dios ni ley: un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana (2020), Grupos Armados Postfarc: una nueva espiral de violencia en Colombia (2021), Violencia en contra de personas líderes y defensoras de Derechos Humanos. Una realidad que traspasa fronteras (2021), El aire huele a mal. Situación de personas defensoras del ambiente y el territorio en Colombia y Venezuela (2021) y Plomo es lo que hay. Violencia y seguridad en tiempos de Duque (2022), entre otros. Uno de los hallazgos más impactantes de este último informe, sumado al aumento de violencias en los municipios del posconflicto, es que 450 municipios del país tienen alguna influencia de Grupos Armados Organizados, alrededor del 37% del territorio colombiano.
En medio de las múltiples denuncias de abusos cometidos por la fuerza pública realizadas por organizaciones sociales, sectores políticos, iglesias y comunidades comprometidas con la paz de Colombia, construimos un especial en el que se ponía en evidencia el asesinato de alrededor de 36 niñas, niños y adolescentes en medio de bombardeos de la Fuerza Aérea, autorizados por los ministros de defensa del gobierno Duque; tres ministros que tuvieron que asistir a mociones de censura en el Congreso por violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Es esta la memoria que quisieron borrar, la documentación del horror de la violencia que nuevamente camina en Colombia y también la esperanza de quienes no se conforman con esta situación y buscan el anhelo de paz, a pesar de las adversidades. Ante el silencio, alzar la voz; ante la muerte, la lucha por la vida; nos intentaron borrar la memoria, pero somos memorias, múltiples, plurales y diversas. Somos parte de un proceso social comprometido con la paz del país, con la salida negociada al conflicto, con la ampliación de la democracia para sectores populares excluidos sistemáticamente. Como dice la canción de las almas ¡Aquí vamos de nuevo!