Por: Laura Cano
Periodista Pares
La imputación de Andrés Escobar, que estaba prevista para esta semana, fue aplazada por solicitud de la defensa del victimario bajo motivos que aún se desconocen. Las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento quedaron programadas para el próximo 31 de marzo y 1 de abril, respectivamente.
Esto se dio luego de que en enero también se aplazara este proceso con la Fiscalía. Además, el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, aseguró que, por un lado, “tengo información que Andrés Escobar ha tramitado la renovación de su pasaporte, lo cual nos da un indicio de que estaría contemplando la posibilidad de irse del país y que se estarían presentando filtraciones del caso a personas o a terceros que nada tienen que ver con el proceso". Además, Montaña advirtió que “si la Fiscalía no solicita la medida de aseguramiento, los abogados de víctimas harán esa solicitud al juez de control de garantías".
Montaña aseguró que solicitarían esta medida de aseguramiento ante el peligro para la sociedad que representa Escobar, como también por el riesgo a la obstrucción al proceso que pueda producir el señalado. Hay que recordar que junto a Escobar hay otras 10 personas más que se imputarán y que la Fiscalía aún no ha revelado los cargos del empresario caleño.
El caso en el que está involucrado Escobar
El 28 de mayo de 2021 se volvió a retomar la protesta social, luego de las nuevas jornadas del Paro Nacional convocadas desde el 28 de abril. Para ese momento, mayo, en varias zonas de Colombia las movilizaciones se vivían con tensa calma, pues en varias ocasiones estas terminaban en ataques de la Fuerza Pública contra civiles. Pero, en ciudades como Cali, también fueron otros ciudadanos los que agudizaron la situación violenta, pues varios de ellos salieron con armas, bajo el argumento de la defensa de los bienes materiales y el “orden”.
En la capital vallecaucana, ese 28 de mayo, se alertó que civiles estaban atacando a manifestantes en distintas zonas de la ciudad. Una de esas fue Ciudad Jardín, en donde se presentaron reportes de disparos en contra de las y los manifestantes. Dicha situación se pudo evidenciar a través de transmisiones en vivo que realizaron habitantes de la zona, manifestantes y personas de prensa.
Poco después se conoció que una de las personas de civil que estaba intimidando y amenazando a quienes protestaban en dicha zona del sur de Cali era Andrés Escobar, quien, al igual que las personas que estaban allí con armas de fuego, estaba actuando al, parecer, en complicidad y con el aval de la Policía. De hecho, para ese momento, desde la misma institución se había informado que al menos 10 uniformados entrarían a investigación, al ser acusados de permitir a civiles disparar contra manifestantes en dicha ciudad.
Lo que vino después de las grabaciones en vivo y a las fotografías que permitieron identificar a Andrés Escobar, fue una serie de intentos para limpiar su imagen frente a los graves hechos. Días después, el implicado grabó un video en el que se presentó y manifestó que era un empresario de la industria de la publicidad y que “no tenía intención de causarle daño a una persona, tampoco se presentó ningún herido ni mucho menos un homicidio. Los disparos (al aire) fueron para disuadir a los vándalos, ya que estaban avanzando para quemar el CAI; lo hubieran logrado si nosotros no hubiésemos estado ahí”.
Además, agregó que era “una persona de bien, trabajadora, sin antecedentes judiciales, pago impuestos (…) Comprometido con mi ciudad, me duele Cali”. Incluso, en dicho video señaló que el arma con el que había salido era una pistola traumática, y mostró el registro de la DIAN de dicho elemento y su factura.
No obstante, en junio, la Fiscalía abrió indagación por los hechos ocurridos. A pesar de que el proceso no parecía dar muchos pasos, medios como Cuestión Pública y 404 productora lograron poner sobre la mesa que el arma que Escobar mostraba en el video como la supuesta pistola con la que salió a amenazar a los manifestantes era diferente a la que verdaderamente tenía ese día.
Cuestión Pública, además, habló con Sebastián Caballero, abogado de las personas afectadas en los hechos. El profesional también le dijo al medio que: “Mientras en las imágenes obtenidas por Cuestión Pública se ve una pistola de color oscuro con proveedor ampliado [30 proyectiles], la mostrada por Escobar en el video del 31 de mayo es de color gris, con un proveedor sencillo [15 municiones]. Consideramos que la primera es de fuego, mientras que la segunda es traumática. La Fiscalía debe revisar esta nueva prueba”.
Tras todo esto, en diciembre de 2021, se conoció que Escobar sería imputado por la Fiscalía, proceso que aún no se termina de dar ante tantas dilaciones. Además, para ese momento, el ente de control imputó al coronel Edgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía de Cali; el teniente Néstor Mancilla, comandante de los Grupos de Operativos Especiales de Seguridad (Goes); y el patrullero Wilson Orlando Esparragoza por la muerte de José Emilson Ambuila, Kevin Antonhy Agudelo, Harold Antonio Rodríguez, Einer Alexander Lasso, Edwin Villa Escobar y Miguel Ángel Pinto, también en el marco de las protestas que se dieron en Cali.
Ante todo esto, y en relación con el aplazamiento de la imputación de Escobar, Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, analiza que: “es muy común que este tipo de acciones se den en estos casos para que las dilaciones generen que se venzan los términos, y estas personas se salgan con la suya. Así que hay un riesgo que Andrés Escobar quede libre por vencimiento de términos. Pero, además, es necesario ver que al parecer no existe un compromiso real de la justicia con las víctimas, sobre todo cuando son casos tan mediáticos y además graves. Así que toda esta situación lleva a preguntarnos ¿por qué sí se imputaron cargos a los policías por este caso, pero a Andrés Escobar no?”.