Por: Katerin Erazo, Periodista
Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que busca arrojar luz sobre una práctica atroz que ha afectado a innumerables personas en todo el mundo. Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha en 2011, se ha buscado recordar y concienciar sobre la magnitud de este problema global, que trasciende fronteras y regiones. A lo largo de los años, esta jornada ha adquirido una importancia crucial para recordar a aquellos que han desaparecido en contra de su voluntad y para luchar por la justicia en sus nombres.
La desaparición forzada es una práctica siniestra que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. A lo largo de los años, cientos de miles de personas han sido víctimas de esta violación de los derechos humanos en al menos 85 países. Colombia, un país que ha sufrido periodos de conflicto y represión, no ha sido inmune a esta tragedia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1970 y 2018, se han documentado más de 80,000 casos de desapariciones forzadas en el país, dejando una cicatriz profunda en la sociedad.
La desaparición forzada no solo se trata de la privación de la libertad de una persona, sino que también tiene un impacto devastador en sus familias y en la sociedad en general. En Colombia, la práctica se ha entrelazado con distintos actores, desde grupos paramilitares hasta guerrillas, agentes del Estado y otras alianzas criminales. Esta nefasta tendencia alcanzó su punto máximo entre 1996 y 2005, un periodo marcado por la expansión del paramilitarismo y la crisis de las instituciones estatales.
Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia, International Crisis Group, compartió con la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) una perspectiva sobre el crimen de desaparición, resaltando su intrínseca naturaleza invisible. Al hablar de los familiares y seres queridos de las víctimas, Dickinson señaló que en numerosas ocasiones resulta imposible plasmar con precisión la sensación y condición en la que se encuentran, ya que están sumidos en una angustiante incertidumbre. Esta ambigüedad se debate entre la esperanza de que la persona desaparecida reaparezca y el temor a que ocurra lo inimaginable.
Dickinson subrayó que este crimen coloca a las víctimas en una situación de profundo desamparo, atrapadas en un abismo de incertidumbre sin vislumbrar una salida. En este contexto, el reconocimiento tanto a nivel internacional como público adquiere una significancia de gran relevancia. Estos crímenes, por su propia naturaleza, permanecen en la sombra, invisibles; no obstante, las víctimas requieren un sólido respaldo y solidaridad por parte de la sociedad. Este apoyo colectivo es crucial para encaminar a las víctimas hacia la búsqueda de paz y estabilidad en medio de su angustiante situación.
Además, la analista senior de Colombia, International Crisis Group también hizo énfasis en un momento de gran relevancia: la firma de la Convención Internacional en la ONU en 2006. Este hito, sin duda, arroja luz sobre la problemática de la desaparición forzada. No obstante, Dickinson resaltó que es innegable que este reconocimiento llegó con un retraso considerable, considerando que esta problemática ha prevalecido mucho tiempo antes. Explicó que América Latina, en particular, ha sufrido durante décadas debido a este fenómeno, afectando países como Chile, Argentina, Colombia y México. Esta demora en el reconocimiento ha sido especialmente palpable en la región. En este contexto, el reconocimiento a nivel internacional otorga una plataforma más visible y proporciona herramientas adicionales para afrontar este desafío.
A nivel internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional marcó un hito crucial al considerar la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, asegurando que este crimen no quede impune con el tiempo. En Colombia, la connotación de “falsos positivos” ha sido un término que ha suscitado preocupación, haciendo referencia a ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales. Sin embargo, la desaparición forzada es un preludio de estas atrocidades, ya que implica la violación fundamental de la libertad y la integridad de las personas.
La analista Elizabeth Dickinson subrayó que el primer desafío innegable en este trayecto es el temor arraigado. Los dos escenarios en los que, en numerosas ocasiones, se perpetran estos crímenes complican enormemente cualquier intento de denuncia. La mera consideración de alzar la voz trae consigo la sombra amenazante de represalias, lo que convierte una vez más este crimen en un suceso silente, sin identidad, sin voz. Esta es precisamente la premisa que los perpetradores de este crimen desean mantener: la falta de tangibilidad que dificulte cualquier proceso de seguimiento. Ello conforma la base del enfoque de aquellos grupos y personas que orquestan estas acciones, negando la existencia de pruebas concretas para obstaculizar el camino de la justicia.
Otro obstáculo que hizo énfasis la analista se presenta en el proceso de investigación. En innumerables ocasiones, la falta de evidencia palpable, como un cuerpo o una ubicación definida, arroja serias dificultades a la labor de rastreo y conduce a la frustrante conclusión de casos sin resolución. Esta situación sumerge a las víctimas en una incertidumbre perpetua que persiste a lo largo de sus vidas.
En un rayo de esperanza, el Acuerdo de Paz de 2016 trajo consigo la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), un hito significativo. Dickinson explicó que dicha unidad ha desempeñado una función crucial en la localización de víctimas en fosas comunes, lo cual no solo ha contribuido a la reparación de los afectados, sino también a la revitalización de la convivencia y la reconciliación social. Sin embargo, este nuevo desafío se presenta una vez más: en varios casos, los campesinos y comunidades que brindan información a la unidad de búsqueda son estigmatizados por grupos armados como informantes o “sapos”, lo que no solo limita, sino que también pone en riesgo la labor de esta organización de vital importancia.
Este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un llamado a la acción. La Organización de las Naciones Unidas busca sensibilizar a la comunidad internacional sobre este problema persistente y alentar a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas concretas para prevenir y abordar las desapariciones forzadas. Los esfuerzos deben extenderse más allá de los gobiernos y llegar a la sociedad en su conjunto, promoviendo la tolerancia cero hacia esta práctica y apoyando a las víctimas y sus familias.
Elizabeth Dickinson enfatizó que las medidas que los gobiernos y la sociedad en su conjunto podrían adoptar para prevenir las desapariciones forzadas y fomentar la justicia y la reparación se centran en la prevención. Según su perspectiva, el enfoque reciente de seguridad y defensa en Colombia, donde se prioriza la protección de los civiles, se erige como un elemento de vital importancia. Este enfoque conlleva la implementación de tácticas y operaciones preventivas, encaminadas a establecer condiciones que permitan a la comunidad ejercer sus libertades y reducir el control social ejercido por grupos armados. A pesar de ser un camino de largo aliento, este enfoque preventivo, según Dickinson, se convierte en un pilar esencial para evitar futuras desapariciones.
En ausencia de estas medidas, la fase de investigación adquiere una significancia innegable. En particular, la carencia de evidencia palpable o información concreta sobre la ubicación de las víctimas agrega un nivel adicional de complejidad a este proceso. Además, Elizabeth Dickinson subrayó la importancia de que el Estado mantenga siempre presente estos crímenes en su memoria colectiva, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Su visión es que, incluso cuando el rastro se ha vuelto tenue y las pistas son escasas, el proceso de búsqueda y justicia debe permanecer ininterrumpido hasta alcanzar una conclusión satisfactoria. Esta perseverancia es fundamental para mantener viva la esperanza de las víctimas de que, en última instancia, se logre alcanzar una justicia definitiva y reparadora.
La conmemoración de este día es un recordatorio sombrío, pero necesario de que la lucha contra las desapariciones forzadas continúa. No podemos permitirnos olvidar a quienes han sido víctimas de esta atrocidad ni cejar en nuestros esfuerzos por lograr la verdad, la justicia y la reparación. El camino hacia un mundo libre de desapariciones forzadas es largo y arduo, pero la persistencia y la solidaridad son nuestras armas más poderosas en esta lucha.
A medida que reflexionamos sobre las cifras y los datos, recordemos que detrás de cada número hay una vida interrumpida, una familia destrozada y una comunidad afectada. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas es un llamado a la empatía, la acción y la esperanza de un futuro en el que estas tragedias sean solo un recuerdo oscuro de un pasado superado.