Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente la ONU presentó su más reciente informe sobre los efectos que traerá el Covid-19 y las medidas que se han tomado frente a la epidemia, en escenarios económicos y laborales en América Latina. Esto partiendo que este contexto llegó precedido por uno de los momentos más débiles y de crisis financiera, teniendo un crecimiento negativo en la última década del PIB regional, el cual disminuyó del 6% al 0.2%.
“El Fondo Monetario Internacional ha reevaluado las perspectivas de crecimiento para 2020 y 2021 y ha declarado que hemos entrado en una recesión, tan grave o peor que en 2009”. “(…) Para encontrar una contracción de magnitud comparable hace falta retroceder hasta la Gran Depresión de 1930 (-5%) o más aún hasta 1914 (-4,9%)”.
Esta situación implicaría una subida crítica en el desempleo, lo que terminaría agudizando las problemáticas que ya ha agitado el virus, pues según la Organización alrededor de 37.7 millones (11.5%) de personas se quedarían sin empleo en la región, lo que representa un aumento de 3.4 puntos en relación con el 2019, donde el porcentaje total era del 8.1%. Esto determinado a su vez por los efectos negativos que sufren y sufrirían las pequeñas y medianas empresas, las cuales generan cerca del 50% del empleo formal.
Teniendo en cuenta esto, es necesario nombrar que según lo analizado por Fenalco recientemente, alrededor del 24% de las pequeñas y medianas empresas cerrarían, mientras que el 44% decidiría suspender contratos, el 19% daría licencias no remuneradas y el 13% atendería la crisis dando vacaciones a sus empleados.
Por otra parte y en relación con lo dicho por la ONU, esta crisis tendrá consecuencias más tangibles sobre los ingresos de los hogares, lo que implicaría en una primera instancia que los recursos no serán suficientes para satisfacer las necesidades básicas, consecuencia que cada vez es más visible en el contexto colombiano, en el que varias familias han tenido que salir a las calles a exigir que se dé vía para la implementación de rentas básicas vitales que permitan, por los menos, combatir el hambre que ha sido la protagonista en las últimas semanas.
Aumenta la taza de pobreza
En este sentido, la tasa de pobreza regionalmente aumentaría un 4,4% durante 2020, al pasar de 30,3% a 34,7%. Esto representa casi 29 millones de personas que serían las más vulnerables y las que más consecuencias verán a causa del virus, y del sistema económico desigual que rige en la mayoría de los países latinoamericanos.
Retomando el documento de la ONU, se añade que los canales que potencializarán la crisis continental será la reducción del comercio internacional, la caída de los precios de los productos primarios, la intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, una menor demanda de servicios turísticos y una reducción de las remesas.
Esto muy relacionado con el debilitamiento que tendrá la actividad de exportaciones a países como China, que significará una reducción cercana al 15%. Ante esto, una de las conclusiones que presenta el informe es que: “Para incidir en la nueva economía mundial, la región debe avanzar hacia una mayor integración regional tanto en lo productivo, comercial y tecnológico.
La coordinación de nuestros países en materia macroeconómica y productiva es crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad, particularmente en una dimensión urgente en la actual crisis y en el mediano plazo: la del financiamiento para un nuevo estilo de desarrollo con igualdad”.
Aumento del desempleo y la informalidad
Atendiendo a lo evaluado por la ONU, organización que prevé que todas las problemáticas que se han intensificado con el Covid-19 seguirán en esa dinámica; haciéndose cada vez más críticas y afectando las clases que históricamente han sufrido las consecuencias del sistema financiero.
Se puede poner como ejemplo y vale la pena señalar que actualmente en Colombia 5,6 millones de personas, según lo informado por el DANE en 2019, trabajan informalmente, sin garantías que protejan lo mínimo que se puede defender en estos tiempos: la vida digna. Esas desigualdades, principalmente laborales, acaban entrelazándose con otro tipo de escenarios sociales que dejan a esta población en una vulnerabilidad que terminará agudizándose.
Pares habló con Iván Jaramillo, docente e integrante del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien analizó algunas de las situaciones que plantea el Informe, y otras que podrían darse con el contexto colombiano.
Pares: Con la coyuntura colombiana que ha evidenciado que el hambre puede cobrar más vidas que el propio virus, siendo estas vidas las de personas que en su mayoría vive del trabajo informal, ¿cuál podría ser el escenario futuro que le espera a estas personas?
Iván Jaramillo: El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario hizo un estudio sobre el tema y lanzó como resultado que, de 23 millones de personas vulnerables, 76.3%, es decir 14 millones, están en especial vulnerabilidad con la medida de aislamiento preventivo obligatorio. Medida que como respuesta de contención ante la propagación del Coronavirus es muy buena, pero que desde el punto de vista económico tiene serias complejidades. Y es que si no hay una respuesta idónea del Estado en hacer sustitución de ingresos va a ser muy complejo cumplir esa medida. Por eso se sigue viendo mucha gente en las calles, que a pesar del decreto piden una compensación económica en los hogares vulnerables, que requieren este tipo de medidas.
En una segunda parte, en cuanto a la reactivación y la informalidad que será creciente, hay desafíos muy fuertes, incluso desde antes de la pandemia, que llevan al debate sobre la necesidad de incorporar una renta básica universal, que garantice unos mínimos éticos para responder por derechos básicos. Por otra parte, lamentablemente el sistema de protección social carece de lo que se denomina amortiguadores, los cuales, en periodos de crisis o contracción económica hacen que el sistema de seguridad social tenga respuestas cuando ocurren las denominadas suspensiones de los contratos laborales.
Pares: Este miércoles la ONU presentó un informe que, entre otras cosas, habla que la tasa de desempleo en América Latina alcanzaría un total cercano a los 37.7 millones de personas. ¿Esta realidad se vería reflejada tal cual en Colombia? O, ¿cómo podría verse reflejado este panorama con las políticas que hay, con el Gobierno que tenemos y en general con las problemáticas que nos tocan más directamente?
I.J: Después de la pandemia la OIT ha estimado las cifras tan dramáticas de desempleo a nivel mundial, y ahí el principal problema es que solo uno de cada cinco trabajadores tiene respuesta contra el desempleo, es decir políticas y medidas de protección social ante este panorama. Colombia está inmersa en esa dinámica de una economía mundial globalizada, de esa forma se va a ver afectada por esas problemáticas de aumento dramático del desempleo en un contexto de recesión económica, lo cual ameritará políticas activas de empleabilidad.
Estas son complementos que permiten que la gente tenga rutas específicas a cargo de los servicios públicos de empleo para facilitar, con intervención del Estado, la búsqueda de nuevos empleos. Así, necesariamente después de la pandemia va a haber una necesidad de adoptar nuevas lógicas en el sistema del modelo productivo.
Pares: También se conoció esta semana un informe de Fenalco en el que se dice que el 24% de pequeñas y medianas empresas cerrarán. En ese sentido y teniendo en cuenta que el documento dice que el 85% de empresas no han accedido a las medidas planteadas por el Gobierno para atender los problemas de liquidez, ¿qué medidas se deben tomar para que estos alivios sean realmente implementados y cumplan con el fin de favorecer a las pymes y a las y los trabajadores?
I.J: Hay que aliviar la carga económica de las empresas sobre la nómina tanto tributaria, como de seguridad social. Algo ha intentado hacer el Gobierno, pero sin embargo hay muchas dudas sobre el Decreto que se expidió en elementos en los que no se sabe si serán subsidios o créditos.
Asimismo, quisiera que esos alivios estén condicionados a que haya una contraprestación que sería el mantenimiento de la estabilidad de los trabajadores, es decir, que no reciban los alivios y luego procedan con despidos colectivos, sino que esos subsidios y ayudas estén ligadas al condicionamiento de las garantías de la permanencia de las y los trabajadores.
Pares: ¿Este panorama acentuaría las desigualdades de género que hay en el ámbito laboral?
I.J: Sí. Lo que se ha probado es que con el cierre de colegios, jardines y universidades se genera una carga adicional de cuidado que, con el patrón machista, se canaliza en las mujeres. Al final lo que termina pasando es que hay unas especiales dificultades para ingresar a un empleo, permanecer y para romper el famoso ‘techo de cristal’, que es la posibilidad de progreso en las carreras profesionales de las mujeres en función de lo que se denomina la economía del cuidado.
Pares: Este panorama puede dar vía libre a que el teletrabajo sea una forma de empleabilidad cada vez más frecuente en las empresas. ¿Qué hacer para que esto no potencie la precariedad laboral?
I.J: El teletrabajo es una forma regulada en por la Ley 1221 de 2008. Si se contempla eso no tiene que potencializar la precarización, porque ahí se plantean unas garantías que se deben cumplir y se debe presionar para que así sea.
Por ejemplo, se plantea la verdadera y justa remuneración, se debe inscribir a las y los trabajadores a programas de salud ocupacional para que haya garantía en escenarios de riesgo, y, además, debe haber un reconocimiento y auxilio de conexión. Si es un teletrabajo verdadero y protegido se deben velar por todas las garantías de un trabajo formal.
Pares: ¿Esta crisis económica que se viene cómo afecta a la clase media y a la gente más pobre? Además, ¿qué medidas se pueden tomar desde ya para mitigar un poco los efectos de los tiempos venideros en estas oblaciones?
I.J: En un periodo de recesión va a ser mucho más difícil conseguir empleo, va a ser mucho más complejo encontrar ingresos productivos, la formalidad laboral será cada vez más difícil de conseguir, entonces mucha más gente recurrirá a la informalidad por la necesidad de conseguir ingresos y en ese sentido las condiciones de trabajo se van a precarizar drásticamente.
Por otra parte, hay que dar el debate de la famosa renta básica universal. Definitivamente hay que implementar amortiguadoras sociales para las y los trabajadores, e invertir en un sistema de regulación para otras modalidades de empleo que se ven fortalecidas con este escenario de pandemia.