Por: Katerin Erazo, Periodista
El lunes 23 de enero, las autoridades reportaron el asesinato de tres personas en Medellín. Una de las víctimas fue Mario León Artunduga, miembro de la comunidad LGTBIQ+ y exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Con estos asesinatos, Medellín sumó 22 homicidios en lo corrido de 2023, un aumento del 15,8% respecto al mismo periodo de 2022.
Durante este periodo (01 de enero al 23 de enero), las autoridades registraron el asesinato de cinco mujeres, lo que ha ocasionado gran preocupación, debido a que en el mismo periodo del año pasado no se había registrado ningún caso. Por esta razón, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, convocó un consejo de seguridad en el que se analizaron y tomaron acciones frente a los casos de asesinatos.
Una de las medidas tomadas fue ofrecer hasta $100 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables de homicidios y hasta $200 millones de pesos por casos de feminicidios o de asesinatos contra población LGBTIQ+.
A pesar de los hechos violentos reportados por las mismas autoridades de Medellín, el 24 de enero la oficina liderada por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sacó un comunicado informando que durante cuatro meses, el Gobierno ha tenido acercamientos con grupos delictivos que operan en esta ciudad, y que por tal motivo, “han reducido actividades violentas” como torturas, desapariciones y asesinatos.
Dichos acercamientos que, según el comunicado, han tenido con más de 12 grupos delincuenciales urbanos, tienen el propósito de construir una “paz urbana”, teniendo en cuenta la política de Paz Total a la que el Gobierno quiere llegar.
Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), esta propuesta de “paz urbana” deja abierta muchas dudas, especialmente de lo que significa una paz urbana en el marco de la Paz Total. “Para mí es bajarle a las hostilidades y a los enfrentamientos que hay entre organizaciones delincuenciales que se disputan territorios, no solo en Medellín sino en las grandes ciudades del país y en otros territorios urbanos de Colombia”, dijo el coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Este primer proceso de contacto entre el Gobierno y las organizaciones ilegales, llamado “fase de acercamiento”, ha tenido acompañamiento internacional, nacional, eclesial y académico, y en el marco de este se han sosteniendo compromisos por parte de ambas partes, compromisos que cuentan con mecanismos de verificación de reducción de la violencia.
La oficina enfatizó que este proceso de paz urbana se ha realizado de manera discreta y es por esto que en el comunicado se reitera que todo este proceso de construcción de paz se dará a conocer con más detalles en un momento oportuno.
“La ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada. Así, tanto ciudadanos como grupos participantes contarán con todas las garantías de un proceso de paz urbana eficaz y transparente”, concluyó la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Isaac Morales mencionó que este comunicado da nuevas “luces” de que también se están avanzando diálogos y acercamientos con organizaciones delincuenciales de otro nivel, más allá de las organizaciones ilegales que se han mencionado comúnmente en los anuncios de Paz Total. Sin embargo, deja algunas incógnitas sobre cuáles son esos 12 grupos delincuenciales con los que el Gobierno ha estado teniendo un acercamiento en Medellín.
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se comunicó con el alcalde de Medellín para saber su postura frente a este comunicado. Sin embargo, no fue posible una respuesta, pues según su jefe de prensa, este es un tema que por el momento está manejando el Gobierno Nacional.
Cabe mencionar que Medellín y su área metropolitana ha sido una de las zonas mas complejas en temas de seguridad del país, esto se debe al control de economías ilícitas asociadas sobre todo con el narcotráfico y el microtráfico.
Según el informe “Delincuencia organizada en áreas metropolitanas”, publicado por la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, en los últimos cinco años, el SIEDCO reportó un total de 3.920 homicidios ocurridos en los 10 municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, esta Línea ha registrado que durante el periodo 2022, en Medellín hubo 14.782 capturas, 28.275 hurtos a personas, 1.824 amenazas, 453 extorsiones y 381 homicidios.
Por esta razón, en temas de seguridad uno de los principales retos que tiene el Gobierno en esta ciudad, y en general, es reducir todos los indicadores de seguridad, que para la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares no solo se trata de reducir los números, sino también de que haya una presencia mucho más integral de la institucionalidad en los territorios alejados y periféricos de las grandes ciudades.