Por: Laura Cano
Periodista Pares
Desde hace una semana el caso de Aida Merlano ha vuelto a estar sobre la lupa, esto luego de que la excandidata al Senado diera declaraciones en medios de comunicación en las que salpicó a varios renombrados empresarios y políticos, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Char, Julio Gerlein e Iván Duque.
En las declaraciones de Merlano salieron a relucir temas muy graves, los cuales, incluso, ya habían sido nombrados en anteriores versiones de la exrepresentante a la Cámara, como la compra de votos para la elección del ahora presidente, en la cual habrían participado el Clan Char y Julio Gerlein. Además, puso de nuevo sobre la mesa toda la estructura organizativa que ha manejado, al menos, las elecciones de 2014, 2015 y 2018 para poner políticos simpatizantes y aliados de los clanes y casas políticas más importantes del país.
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En parte de todo ese entramado de corrupción electoral, no solo participarían Los Char, los Gerleín y los Name, sino que también han participado y se han visto beneficiados personajes como Laureano Acuña, Carlos Rojano, y su coordinadora de campaña hoy en la lista a la Cámara del conservatismo, Adriana Blanco. Asimismo, Vicente Rosanía, Jorge Rangel, Juan Carlos Zamora, Emeterio Montes, Aissar Castro, Margarita Ballén, el Mono Díaz y el que fue el presunto enlace entre los Char y la campaña de Merlano: Lilibeth Llinás, candidata a la cámara por Cambio Radical en 2018.
Asimismo, no solamente fueron denunciadas las dinámicas de compra de votos y corrupción, en especial, en el norte del país, sino que también Merlano habló sobre el plan que tenían los Char junto con el hijo de Julio Gerlein para presuntamente asesinarla luego de que estos habían planeado toda una estrategia para que ella se escapara luego de ser detenida por la justicia colombiana. De hecho, en un artículo escrito por María Jimena Duzan, también se expone que Merlano fue víctima de violación por parte de uno de los hombres que habían contratado para que “cuidara” a la expolítica. De hecho, Merlano habría tenido que abortar.
Luego de todo esto, La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió copias de la declaración hecha por la excongresista Aida Merlano a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para desde estas instancias también se adelantaran investigaciones. Entre los mencionados para que investigue la Fiscalía está Alejandro Char, quien actualmente se encuentra adelantando su campaña para llegar a la presidencia. De hecho, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, también radicó una denuncia por los crímenes cometidos contra la excandidata al Senado.
Ahora bien, recientemente, a través de Caracol Radio se expuso que el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, afirmó que se están adelantando “trámites y se tiene pendiente dialogar con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro para finiquitar la extradición de la excongresista Aida Merlano, que se encuentra siendo albergada en el vecino país”.
Hay que recordar que la excongresista había sido detenida en enero de 2020 en Maracaibo, Venezuela por las autoridades de dicho país. Para ese momento se había explicado que Merlano había ingresado a Venezuela de forma irregular. Este hecho puso en apuros al Gobierno de Duque, pues con dicha detención el Gobierno Nacional debía solicitar al país vecino la extradición de Merlano. No obstante, esto ha estado marcado por las malas relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro.
De esta manera, hay que recordar dos cosas. Por un lado, que, en el 2018 la Sijín, en medio de un allanamiento, encontró certificados electorales, armas y dinero. Por esto, en 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a más de 15 años de cárcel por delitos electorales. No obstante, en mayo de 2020, la Corte Suprema de Justicia estableció que la pena sería de 11 años y 4 meses de prisión.
Por otra parte, el proceso para que Merlano sea extraditada a Colombia ha estado en un limbo. Desde octubre de 2019, cuando Merlano se escapó, Iván Duque ha intentado salir a decir que el Gobierno Nacional se hará cargo de la situación. De hecho, en ese momento afirmaba que serían las autoridades colombianas las que capturarían a Merlano. Posterior a esto, tanto Duque como Francisco Barbosa han aseverado que Merlano solo sería escuchada bajo los mecanismos de la justicia colombiana.
No obstante, para que lo anterior ocurra los esfuerzos han sido pocos, o más bien, improcedentes, pues cuando la Corte Suprema de Justicia procedió a solicitar la extradición de la excongresista por medio del Acuerdo Bolivariano de 1911, que establece una cooperación para extraditar nacionales de entre los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. La solicitud quedó estancada, pues la Cancillería decidió tramitarlo con el inexistente gobierno de Juan Guaidó.
Lo que sí es cierto es que mientras el Gobierno Nacional solo sale a medios a intentar evadir las serias acusaciones de Merlano con ‘pañitos de agua fría’, y bajo afirmaciones en las que poco se profundiza, como las más recientes de Wilson Ruíz, el país pareciera seguir intentando apagar este ventilador en el que más de uno de las altas jerarquías políticas se ve implicado, desviando los procesos jurídicos que ya están demorados en proceder.