Daniela Garzón
Línea de Democracia y Gobernabilidad
La reaparición de Aída Merlano en la escena pública ha causado un revuelo sinigual, más por cuenta de su relación amorosa con Alejandro Char que por lo verdaderamente grave: sus acusaciones en contra de políticos reconocidos. La historia de Merlano arrancó en 2018, cuando la Sijin allanó su sede el mismo día de las elecciones a Congreso y encontró allí certificados electorales, armas y dinero. La Corte Suprema de Justicia la condenó en 2019 por delitos electorales a más de 15 años de cárcel, y después de su fuga confirmó su culpabilidad, pero redujo su condena a un poco más de 11 años, en mayo de 2020.
Además de las tres casas políticas que aparecen en su sentencia como las que estaban detrás de la “estructura organizativa”, la de los Char, los Gerleín y los Name, con la que no solo ella sino otros políticos ganaron las elecciones en 2014, 2015 y 2018, aparecen los nombres de Arturo Char, Laureano Acuña, Carlos Rojano, y su coordinadora de campaña hoy en la lista a la Cámara del conservatismo, Adriana Blanco. Asimismo, los de Vicente Rosanía, Jorge Rangel, Juan Carlos Zamora, Emeterio Montes, Aissar Castro, Margarita Ballén, el Mono Díaz y el que fue el presunto enlace entre los Char y la campaña de Merlano: Lilibeth Llinás, candidata a la cámara por Cambio Radical en 2018.
Sin embargo, en lo dicho por Merlano han aparecido otros nombres que, en medio de la curiosidad de la prensa rosa, han pasado desapercibidos. Sobre las campañas presidenciales, dijo en sus primeras declaraciones en febrero de 2020, después de su arresto en Venezuela que:
“(...) los últimos presidentes, desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron también comprando votos, y que se invirtieron más de 25.000 millones de pesos por cada casa política para aporte a las campañas presidenciales de los mismos (...)”
Particularmente, sobre Iván Duque, Merlano dijo que no solo las dos casas políticas detrás de su campaña estaban interesadas en asesinarla después de la fuga, sino también él “para cuidar la espalda de su jefe Uribe” y al “exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez” haciendo referencia al escándalo de Odebrecht y a los nexos entre Martínez y Sarmiento Angulo, dueño de una de las empresas socias de la brasilera. También mencionó a Germán Vargas Lleras como el encargado “de repartir toda la contratación” entre las empresas y congresistas amigos del gobierno, que en ese entonces era el de Juan Manuel Santos.
En ese momento, Merlano dijo que quería saber de Duque “por qué razón luego de cuatro días de mi fuga es que él decide cobrar (sic) una recompensa de 50 millones de pesos, y por qué el día 16 después de mi fuga, él decide aumentar a 200 millones mi recompensa”. Según ella, Duque sabía dónde estaba y cuando se escapó de quienes la tenían “retenida”, se aumentó la recompensa para hallarla.
En la entrevista que le concedió a Vicky Dávila, Merlano dijo que los Char compraron votos en la segunda vuelta para la campaña de Iván Duque, a pesar de que en el papel los Char apoyaban a Germán Vargas Lleras, quien obtuvo alrededor de un millón de votos en la primera vuelta en 2018, muy lejos de Gustavo Petro. Los datos electorales muestran que Duque pasó de tener 236.291 en primera vuelta en el Atlántico a 343.629, un aumento de alrededor de 107.000 votos. La diferencia para Gustavo Petro en el mismo departamento pasó de 331.979 a 440.975, 108.996 más.
Aunque esas declaraciones se desarrollaron en febrero de 2020, dos años después el gobierno colombiano ha sido incapaz de traer a Merlano extraditada. Cuando Merlano se escapó, en octubre de 2019, Duque dijo que “hay que capturarla, la vamos a capturar” y como otras declaraciones del presidente, se las llevó el viento.
Al mismo tiempo, el fiscal Barbosa, amigo de Duque, dijo en su momento que solo estaba dispuesto a oír a Merlano “bajo mecanismos legales y formales en Colombia”. Según él, proponer la búsqueda de un acuerdo de cooperación entre la justicia venezolana y la colombiana para que se llevara a cabo la extradición de Merlano era una forma de “extorsionar a la justicia colombiana”.
Después de las declaraciones que dio Merlano en febrero de 2020, Duque dijo que “la esperaba la justicia colombiana” que era una “corrupta y una delincuente”, que no quería matar a nadie y que quería que se hiciera justicia. Pero el poco afán que ha tenido el gobierno colombiano para mover su salida de Venezuela y que venga a rendir testimonio en los procesos en los que este es clave, como el de Arturo Char, demuestra que no había tanta voluntad de que compareciera. El afán se acabó cuando apareció en Venezuela.
En cambio, la Corte Suprema de Justicia sí solicitó la extradición de Merlano, bajo el Acuerdo Bolivariano de 1911, que establece una cooperación para extraditar nacionales de entre los países de Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Sin embargo, tal pedido durmió en el sueño de los justos, porque la cancillería por la ausencia de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, decidió tramitarlo con el inexistente gobierno de Juan Guaidó. No sorprende entonces por qué tocó esperar a que la misma Merlano se atreviera a hablar para reabrir este caso.
El ventilador de Merlano no toca solamente a la familia Gerleín y Char, también probablemente toque a los Name, a Duque, a Vargas Lleras, y a expresidentes como Uribe y Santos. Una dinastía que ve en riesgo su emporio, unas declaraciones que desnudan lo que, en todo caso, ya era evidente para muchos: en Colombia algunas elecciones se ganan a punta de compra de votos, de negociaciones entre grandes empresarios, transando acuerdos entre congresistas y el ejecutivo, cuando desfilan ríos de dinero del erario.
La candidatura de Alejandro Char, que solo ha atinado a decir que Merlano miente y que se encuentra respaldada por el silencio de la coalición de la que hace parte, el Equipo Colombia, probablemente se hunda, como se hundió la de Germán Vargas Lleras en 2018. Solo queda preguntarle a Duque ¿el que la hace, la paga?