Por: Guillermo Segovia Mora. Columnista Pares.
El reconocimiento por las FARC del asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado estremeció al país. Fue recibido con distintas reacciones, según la orilla política, relacionadas con a quien habían responsabilizado durante años, con no disimulados intereses políticos y hasta insinuaciones de afanes económicos. El grupo guerrillero no aparecía en ninguna conjetura, a pesar de que por ahí asomaban, de vez en cuando, no despreciables evidencias, desconsideradas por los organismos de investigación judicial.
La familia de Gómez Hurtado, sus simpatizantes y gentes de derecha siempre achacaron el crimen al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) y su ministro de gobierno Horacio Serpa como retaliación a la oposición de Gómez al gobierno por el proceso 8 mil -como se conoció la investigación judicial por la financiación del narcotráfico a la campaña de Samper. Según ellos, el magnicidio habría sido financiado por los carteles del narcotráfico, lo que no ha sido probado aunque si de la campaña Samper, sin aceptación del beneficiario que expone una trama en su contra.
Los Gómez, precavidos de la posible prescripción del delito lograron que fuera declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad al no haberse sindicado responsables, salvo imputados que logaron libertad tras años de cárcel al demostrar su inocencia, uno de los cuales apoderado por el sobrino del líder inmolado, contra el cual inicialmente se habían constituido parte civil, lo que genera la conjetura de un interés económico en el caso. Su principal fuente son las declaraciones del criminal alías “Rasguño” ante la justica de los Estados Unidos, que esta misma deshecho por falaces.
En cambio, para el gobierno Samper, se trató del silenciamiento de “los conspiretas”, como denominó a los más radicales opositores de extrema derecha a raíz de la infiltración de los narcos en la campaña, debido a que Gómez Hurtado, convidado por aquellos a participar en un golpe de estado con aliados militares, se habría negado. Versión a la que dio el espaldarazo, años después, el para entonces embajador de los Estados Unidos Miles Frechette cuya injerencia en los asuntos internos del país y contra Samper era abierta.
El dirigente conservador, a través de su columna y opiniones en los medios fustigaba al gobierno por su ilegitimidad espoleando la necesidad de cambiar “el régimen”, el que había contribuido a construir a lo largo de una carrera política, compensada en altos cargos del gobierno y la diplomacia por el peso de su estirpe en la hegemonía bipartidista en la política nacional y su extremismo anticomunista. Extraña categoría politológica que incluía un gobierno al que puyaba pero en el que contaba con tres ministros, dos de ellos acérrimos defensores del mandatario, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Rodrigo Marín Bernal, y el otro, Daniel Mazuera Gómez, sobrino suyo.
Quien dio a conocer de manera anecdótica y como gran revelación, la participación de las Farc en el asesinato, fue el asesor presidencial y consejero de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), José Obdulio Gaviria, a quien un desmovilizado de esa guerrilla le entregara un impreso clandestino con correspondencia de la organización guerrillera en algunas de cuyas cartas se menciona la autoría, el propósito y la conveniencia de no reivindicar el atentado. Denuncia que no obstante lo explosiva paso inadvertida para la opinión y sin la menor atención de la Fiscalía, para frustración de su difusor.
Con el lenguaje campechano y desabrochado que le era propio, pero en aplicación de principio de la lucha de clases y de la guerra revolucionaria del marxismo ortodoxo, Pedro Antonio Marín, “Manuel Marulanda Vélez”, “Tirofijo”, el veterano comandante general de la guerrilla más grande del país, habla de agudizar las contradicciones entre los grupos dominantes, “bajar otros personajes” para acentuar la crisis y otros objetivos de la guerra contra el Estado en el fin estratégico de la toma del poder.
En su carta de compromiso frente a la Justica Especial de Paz, la dirigencia exfariana también se adjudica los atentados que le costaron la vida al general Fernando Landazábal, quien como ministro de defensa de Belisario Betancur fue un opositor de los propósitos de paz de éste, como doctrinario de la “Seguridad Nacional” anticomunista, acérrimo enemigo de la guerrilla, y del economista Jesús Antonio Bejarano, asesor de paz del gobierno Barco (1986-1990) en el que se firmó la paz con el M19 y consejero de paz del gobierno Gaviria (1990-1994), en el que se concretaron procesos con otros destacamentos guerrilleros, a quien las Farc consideraban ideólogo contrainsurgente por la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación. Landazábal y Bejarano eran mencionados, junto a Gómez, como víctimas de los conjurados contra Samper por haberse enterado y no haber participado en el complot.
Así mismo, asumen la ejecución de Fedor Rey y Hernando Pizarro que, como comandantes del grupo disidente Ricardo Franco, ocasionaron una espantosa y alucinada purga conmás de un centenar de torturados y asesinados en Tacueyó, Cauca, y atentaron contra miembros del Partido Comunista, a quienes señalaron como infiltrados del ejército, y el líder paramilitar Pablo Emilio Guarín quien instigó y financió grupos que golpearon con crudeza a las Farc en el Magdalena Medio.
Eso eran las Farc y ese era su propósito a mediados de los años 90 del siglo XX, cuando asesinaron a Álvaro Gómez, el 2 de noviembre de 1995, según lo reconocen hoy, en una época de crecimiento militar y expansión con golpes de trascendencia al ejército nacional, lo que llevó al gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) a iniciar un proceso de negociación política, visto por las partes como una oportunidad de acumulación de fuerzas y modernización bélica para imponerse en caso de fracasar la apuesta de del diálogo, como pasó con las conversaciones propiciadas por el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986).
En la valoración del objetivo, en unas Farc obnubiladas por el guerrerismo, para nada contó que, no obstante ser Gómez Hurtado visto como la representación supérstite del fascismo laureanista, la corriente de su padre que tanto tuvo que ver con la promoción de la violencia política, luego de su secuestro y liberación por el M19, que allanó el camino para una negociación del gobierno Barco (1986-1990) con el liderazgo de Rafael Pardo Rueda con esa guerrilla, fuera copresidente, con Antonio Navarro, exM19, y Horacio Serpa, uno de los señalados después por la familia Gómez como determinador del asesinato, en la promulgación de la Constitución de 1991.
Esa Carta promisoria y fallida, convergencia democrática, pluralista y de derechos que prometió una Colombia moderna y en paz, hoy saboteada por el uribismo, nostálgico de la Constitución conservadora y teocrática de 1886, como lo airea León Valencia en su novela “La sombra del presidente”, fue objeto de repudio por las Farc, puesto que al tiempo que se proclamaba, y ante el fracaso de las negociaciones con ese grupo, el gobierno Gaviria, con Rafael Pardo como ministro de defensa, osó lanzar una ofensiva militar contra “Casa Verde”, el hasta entonces icónico y desafiante campamento guerrillero desde donde se manejaba la guerra contra el Estado.
Las condiciones geopolíticas internacionales tras la implosión del campo socialista que orbitaba alrededor de la Unión Soviética, excepto Cuba, la declaratoria de guerra al terrorismo por la administración Busch en represalia por los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York cometidos por fundamentalistas islámicos y la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, determinado a cambiar la correlación de fuerzas en el conflicto a favor del Estado, implicaron un retroceso estratégico para las Farc, que salieron fuertemente golpeadas en esos ocho años de gobierno (2002-2010).
Las Farc siempre fueron capaces de escampar, adaptarse y crecer en condiciones adversas y no parecía que este caso fuera una excepción, a menos que hubiera sobrevenido un gobierno dispuesto a extirparlas a cualquier precio, incluido el de miles de civiles ajenos al conflicto. Por fortuna, no fue así. Juan Manuel Santos (2010-2018) advirtió que en ese punto de debilitamiento las guerrillas tendrían oído a una negociación política para su desmovilización y los esfuerzos conjuntos, a pesar de las dificultades, tuvieron concreción. Como parte de lo acordado, los desmovilizados deben pasar por la justicia especial de paz y la comisión de la verdad para contribuir con la justicia restaurativa y la verdad histórica.
Si bien su comparecencia reticente frente a la JEP, en particular en lo relacionado con el secuestro, la violencia sexual y el reclutamiento de menores estaba dejando mucho que desear, dado que le estaban dando un manejo táctico, la protuberancia y dramatismo de los relatos de las víctimas, entre ellos la conmovedora intervención de Ingrid Betancur, una de las más renombradas secuestradas en las épocas infames de los corrales humanos de la guerrilla, los llamados de atención de contrapartes en la negociación y simpatizantes de la paz así como el aprovechamiento de sus detractores, parecen haber cuestionado a la dirigencia desmovilizada para jugarse a fondo por la legitimidad del proceso y retar así a los demás actores del conflicto a sincerarse frente al país.
Algo de esto se puede entrever en la carta que, una vez comunicada la decisión de las exFarc de comparecer frente a los crímenes señalados y conocer su dolida reacción, le envió Rodrigo Londoño, hoy presidente del partido de la rosa, a Álvaro Leyva Durán, un intransigente defensor de la solución política y artífice de los acuerdos de La Habana, muy cercano al asesinado Álvaro Gómez, “logró hacerme estremecer con la descripción de su llanto adolorido. De inmediato comprendí el tamaño de su lealtad hacia el líder asesinado, así como el sufrimiento ocasionado a personas como usted, a la familia del gran político y a buena parte del país”. Y agregó “fuimos las Farc-EP las únicas responsables del execrable hecho de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la Comisión de la Verdad, recibirán de nosotros los elementos que pueden acreditarlo”.
Londoño, en guerra “Timochenco”, trajo las justificaciones de su acción “Desde niño escuché hablar de la violencia liberal conservadora de los años 50 y el papel desempeñado en ella por el doctor Laureano y su hijo. En las Farc este último político aparecía como el senador que había incendiado el Congreso, clamando por el exterminio de las llamadas repúblicas independientes. No resultaba difícil alimentar ideas y sentimientos negativos hacia él”. Confiesa y se arrepiente “Todo eso ciega. Y no solamente a la dirección de las Farc que tomó la decisión de llevar adelante el delito, cuando el doctor Gómez Hurtado era un hombre completamente diferente al de décadas atrás, una especie de profeta que se hallaba por encima del bien y del mal, preocupado fundamentalmente por el futuro del país. Y porque ese futuro fuera de paz”.
Frente a la confesión de las exFarc hay reacciones de todo tipo, según los intereses de hoy. Samper y Serpa deben sentir alivio porque se ratifica que su talante y posición social e histórica hace increíbles las acusaciones en su contra, no obstante el proceso ocho mil y la intransigencia de la familia Gómez. La de los Gómez que es una cruzada anti Samper al parecer irrenunciable. Y la del gobierno -uribismo-, en una peligrosa actuación de politización de la justica, que pone en duda la confesión de un compareciente dando a entender que su dictamen es otro, que ha puesto esa visión en manos de una Fiscalía propia y que va a obstruir el procesamiento de las Farc como deponente confeso en la jurisdicción de paz para cobrarse por la trastienda sus resquemores.
Con esguinces, manejos, dilaciones, las Farc acaban de dar un paso impensable en un país en el que nadie responde por nada, la corrupción campea impune, en el que ha sido imposible poner en claro los responsables de sus más hondas heridas y donde cunde la mediocridad y el acomodamiento, al punto que el caso Gómez lo esclareció quien lo cometió y nunca consideraron, enredados en sus propias pujas politiqueras, y la ineficiencia y contumacia de sus instituciones.
Londoño finaliza su carta a Leyva Durán con una actitud inusual que les franquea a las exFarc la puerta a un país distinto, a pesar de quienes se empecinan en venganzas, al reconocer que “hoy los antiguos guerrilleros de las Farc vemos cuán equivocados estuvimos, cuánto contribuimos al infierno en que se convirtió nuestra querida Colombia”. Se escuchan las voces de los demás responsables de la violencia…