Por: Laura Cano
Periodista Pares
El pasado 03 de febrero, a través de las redes sociales de Dignidad Ganadera se publicó una carta de denuncia en la que se exponía que la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, estaría ejerciendo presiones a ganaderos de varias regiones para que voten por María Fernanda Cabal, quien está en la lista del Centro Democratico para el Senado.
Desde hace más de 20 días, en varias sedes de organizaciones de ganaderos, se hicieron llamados por parte de funcionarios de Fedegan a que debían respaldar a María Fernanda Cabal, poniéndoles cuotas de número de votos que deberían sacar y, chantajenadolos con que, si no lo hacen, no les darán o renovarán el manejo del ciclo de vacunación de fiebre aftosa”, se lee en el documento.
Además, también se denunció que estaba llegando publicidad de la candidata para que se pegará en las sedes de organizaciones ganaderas. Así las cosas, se solicitó que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea, y al contralor general, Felipe Córdoba, adelanten una investigación de control administrativo contra Fedegan.
Tras esto, José Félix Lafourie, presidente de Fedegan y esposo de María Fernanda Cabal, en entrevista con El Tiempo, aseveró que estas acusaciones son falsas y que responden a una campaña a favor de Jorge Robledo, pues, como mencionó el ganadero “Óscar Gutiérrez crea a Dignidad Agropecuaria para respaldar, desde hace muchísimos años, al Polo Democrático y, por supuesto a Robledo. Hay una campaña a favor de él".
Asimismo, agregó que "las organizaciones que realizan la campaña de vacunación no las escoge Fedegan, sino que las definen, a través de un proceso reglado, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), por eso, si un gremio quiere o no apoyar a María Fernanda Cabal está en todo su derecho".
Hay que recordar que esta no es la primera vez que a la senadora o los votos a su favor están relacionados con hechos irregulares. De hecho, en 2018 el juez 27 de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel La Modelo a John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, funcionarios de la Secretaría de Integración Social que ofrecieron dinero a trabajadores de este ente para votar por Diego Caro y María Fernanda Cabal.
Tiempo después, en entrevista con Revista Semana, la senadora, quien para el 2018 consiguió un total de 37.905 votos, aseguró que “cuando arranqué campaña a Senado hubo un muchacho que pidió el aval en el Centro Democrático, se lo negaron y él se dedicó en alma, vida y corazón, como si fuera culpa mía, a ver cómo me hacía daño", dijo respecto a los hechos que la salpicaban.
En ese mismo medio se advirtió que los directamente implicados en el caso pedían a docentes de jardines infantiles que votaran por Cabal, y que de no ser así no se renovaría su contratación. "Para confirmar el compromiso, les exigió la elaboración de un listado con el nombre de al menos diez familiares, sus números de cédula y barrio de residencia y la participación en reuniones a las que asistieron mínimo veinte personas. A algunas de ellas habría asistido como veedor el señor Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de la Secretaría de Integración Social de la localidad de Kennedy".
"Cabal, fundamentalmente, ha gozado de impunidad porque ella y su esposo han construido un emporio político a punta de acciones irregulares y de promover la guerra y la violencia en Colombia. Su cercanía con altas esferas militares, así como su relación con hechos de corrupción comprobados de compra de votos para su campaña y de presiones para que voten por ella, son la prueba de que entre corruptos se cuidan", expone Esteban Salazar, coordinador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares.
De hecho, en el Congreso, Cabal ha sido ficha clave para esferas que se han opuesto a la restitución de tierras. Justamente hay que recordar que durante su precampaña presidencial se reunió con el exmagistrado Jorge Pretelt, involucrado en hechos de despojo de tierras y corrupción.
Justamente ella fue quien estuvo detrás del Proyecto de Ley 20 de 2019, que como denunciaba en ese momento Coljuristas, “esta iniciativa legislativa representa un grave retroceso para la Reparación a las Víctimas de Despojo y Abandono Forzado y pone en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición”.
Uno de los objetivos de dicho proyecto, que además había sugerido de varias formas por la congresista, era reemplazar los dos pilares de la Ley de Tierras, dando reconocimiento a terceros de la buena fe, exceptuados de culpa, y motivando a que el llamado segundo ocupante ya no fuera el que tuviera que comprobar si compró la tierra de buena fe, sino que la víctima era la que debía demostrar su despojo.
Ahora que de nuevo los escándalos rodean la campaña de esta senadora, que de quedar elegida llegaría por tercera vez consecutiva al Congreso, se esperaría ver cuáles son los intereses que motivan su permanencia en el Senado, pues Cabal no solo ha motivado proyectos de ley per se, sino que con hecho ha obstaculizado procesos necesarios como el Acuerdo de Escazú, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y para la reparación con millones de víctimas que dejó el conflicto armado, en especial aquellas que se vieron afectadas por las acción directa de los llamados "terceros de buena fe".
Como concluye Esteban Salazar, “no se puede esperar mucho de las acciones que se puedan presentar respecto a la reciente denuncia. No se cayó con compra de votos demostrado por un fallo judicial, mucho menos por esto.Van a buscar algún culpable dentro de la entidad y van a exculparla a ella, pues siempre sacrifican al más inocente”.