Por: Brandon Adrián Acuña y Santiago Medina
Asistentes de Investigación de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Foto tomada de: El Espectador
La extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones delincuenciales en Colombia, así como una de las prácticas criminales que más afecta a las comunidades, especialmente a comerciantes, tenderos y transportadores. Este delito ha registrado una tendencia al incremento durante los últimos años, siendo las grandes ciudades los sitios donde más se puede evidenciar su consolidación e impacto. (Pares, 2024)
Una de las principales estrategias usadas por las autoridades, en medio de sus esfuerzos por desarticular a las organizaciones delincuenciales y combatir la extorsión, ha sido realizar capturas de mandos medios y altos, siendo uno de los casos más recientes la captura de dos presuntos cabecillas de la banda Satanás, lo cual se ha calificado como un importante golpe en contra de la extorsión en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, esta estrategia no estaría cumpliendo su objetivo, pues la reclusión de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales parece estar trasladando sus centros de operación a las cárceles del país.
De acuerdo con un estimado de la Procuraduría General de la Nación, el 41% del delito desde las cárceles refiere a actividades extorsivas. Esto, parece evidenciar que, lejos de ser instituciones que aporten a la solución de la problemática ligada a la extorsión, las cárceles se están convirtiendo en centros dinamizadores del delito, propiciado por los altos índices de hacinamiento, corrupción y las dificultades existentes para el mantenimiento del control y las regulaciones en su interior.
Según una investigación de Juan Gómez Hecht (2014), las cárceles se convierten en lugares propicios para continuar delinquiendo, toda vez que facilitan el mantenimiento del control sobre las operaciones externas y, al mismo tiempo, permiten el posicionamiento de las organizaciones criminales como figuras de autoridad o de poder que producen y reproducen reglas propias y patrones culturales dentro de los establecimientos. En este sentido, las cárceles se han convertido en centros dinamizadores de la extorsión en todo el país.
¿Quiénes están detrás?
Desde la Fundación Paz & Reconciliación, se ha podido identificar algunos de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales que operan en las principales ciudades del país, encontrando patrones en sus dinámicas de funcionamiento, principalmente en lo referente al delito de extorsión y su dinamización. Para esto, se ha desarrollado un mapa interactivo en el que se podrá consultar los nombres de estos cabecillas y sus perfiles.
En Bogotá se pueden destacar nombres como el de Michael Brayan Reyes, alias ‘Brayan 38’, quien sería uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en la ciudad, y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel El Bosque en Barranquilla. Por otro lado, se encuentra José Manuel Vera, alias ‘Satanás’, líder de la banda Satanás, quien se encontraba recluido en la cárcel de Girón, en Santander, y recientemente fue trasladado a la cárcel La Tramacúa en Valledupar. También se ha identificado a Néstor Aguirre, alias ‘Camilo’, líder de la banda Los Camilos.
Para el caso de Barranquilla se destaca a Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Óber”, quién es cabecilla principal de los Rastrojos Costeños y se encuentra recluido en la cárcel La Picota, así como a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de Los Costeños, recluido en la cárcel de Palmira.
Por otro lado, en la ciudad de Cúcuta se identifican nombres como el de Evert Carreño Corredor alias “Porras”, líder de la banda Porras o Familia, así como el de Jhoswar Saúl Hernández Sanabria alias ‘Saúl’, líder de la banda AK-47, quien actualmente se encuentra prófugo.
Así mismo, en el Valle de Aburrá se encuentran nombres de peso en el mundo criminal, como Gustavo Adolfo Pérez alias ‘Montañero’, cabecilla de ‘El Mesa’, Freyner Ramírez García alias 'Carlos Pesebre' y Julián Jiménez Monsalve alias ‘Machete’, cabecillas de Los Pesebreros, Elkin Triana alias ‘El Patrón’, cabecilla de Los Triana, y Francisco Mazo Pulgarín alias 'Pocho', cabecilla de Los Pachelly, entre otros.
La anterior lista puede ser complementada con nombres de líderes de estructuras delincuenciales de ciudades como Cali, Tuluá, Buenaventura, Ibagué o Bucaramanga. Esta información indica que de los 10 principales GDO que operan en las ciudades, al menos 9 cuentan con uno de sus cabecillas en los centros de reclusión (Pares, 2024), pero, más importante aún, lo que hay que resaltar es que todos tienen algo en común, y es que han sido señalados de presuntamente continuar coordinando y liderando actividades delictivas, especialmente de extorsión, desde sus lugares de reclusión. Esto lo realizan principalmente a través de llamas telefónicas, así como mensajes y audios enviados a través de WhatsApp, burlando los controles y las medidas de seguridad existentes en las cárceles.
Sumado a esto, se han identificado patrones de funcionamiento de estas organizaciones, en las que los cabecillas recluidos delegan liderazgos sobre sus hombres de confianza en las calles, mientras continúan dando órdenes desde sus lugares de reclusión. Cuando los nuevos cabecillas son identificados y capturados por las autoridades, estos buscan seguir coordinando las actividades ilegales desde la cárcel, a la par que delegan nuevos líderes afuera, continuando con el ciclo.
Por este motivo, se pone en duda la efectividad que pueda tener la captura y reclusión de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales en busca de su desarticulación, y se considera necesario abordar la problemática de la extorsión, así como de la delincuencia organizada en las cárceles, de manera distinta.
¿Qué hacer ante esta problemática?
Uno de los mecanismos implementado recientemente por las autoridades colombianas para contrarrestar el fenómeno de la delincuencia desde las cárceles es la denominada “Operación Dominó”, la cual consiste en trasladar de manera periódica a distintos centros de reclusión de alta seguridad a los líderes de las organizaciones delincuenciales señalados de seguir delinquiendo desde la cárcel, esto, con el fin de evitar su comunicación con el exterior y consolidar su control y vigilancia personal. Esta operación ha sido puesta en práctica recientemente con alias ‘Satanás’, y se espera que sea aplicada también sobre otros delincuentes como alias ‘Negro Óber’, sin embargo, es una medida bastante nueva, y aún es difícil establecer cuál es el impacto para evitar que se prolifere la comisión de delitos desde las cárceles, especialmente porque se aplicaría con los principales cabecillas, dejando de lado a los demás eslabones existentes en las cadenas de mando delincuenciales.
Ante esto, desde la Defensoría del Pueblo se ha señalado la necesidad de complementar la ‘Operación Dominó’ con una inversión presupuestal por parte del Gobierno Nacional para la adquisición de inhibidores de señal de dispositivos móviles más modernos, que use tecnología 4G y 5G, que permitan anular las comunicaciones de los reclusos dentro de los centros carcelarios. Al respecto se sabe que, a la fecha existen 22 inhibidores, de los cuales solo 2 se encuentran funcionando. Por tanto, cabe preguntarse por qué los demás inhibidores no están funcionando, y si esto sería responsabilidad de las autoridades carcelarias, teniendo en cuenta el historial de corrupción que tiene la institución encargada de la seguridad (INPEC).
Otra estrategia, sugerida por la Procuraduría, es la instalación de una “Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional” con el propósito de focalizar un grupo que se encargue exclusivamente de abordar el delito de la extorsión carcelaria. Al mismo tiempo, sugiere vincular esta unidad con demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, para trabajar articuladamente y hacer eficiente la lucha contra este delito. Esto podría responder a la inoperancia e ineficacia que han evidenciado dichas instituciones al trabajar individualmente.
Concluyendo
Actualmente, los establecimientos carcelarios se encuentran en estado de emergencia, ocasionado por el hacinamiento y la erosión de las condiciones de seguridad y control en su interior. Esta situación ha llevado a demandar respuestas por parte del Estado, no obstante, es evidente que estas no han acabado con el problema de raíz. Por tanto, resulta imperante insistir en la búsqueda de una respuesta integral que aborde la crisis desde distintas perspectivas, de manera estructural, como la lucha contra la extorsión y la solución a la crisis carcelaria en sí misma.
Al respecto, el ya mencionado Juan Gómez Hecht (2014, p 159) sugiere que “las autoridades estatales deben abordar el fenómeno de las extorsiones estratégicamente y no reactivamente (…) También implica el dilucidar cómo articular opciones que puedan ser comprendidas e implementadas”. Esto llevaría a orientar políticas públicas que no solo combatan la extorsión desde las cárceles, sino que también aborden otros aspectos estructurales que le configuran y le perpetúan en el tiempo. Es a través de un enfoque estructural y coordinado que se podrá enfrentar de manera eficiente la extorsión carcelaria en Colombia y la crisis asociada a los centros penitenciarios.
Esto implica también indagar más profundamente sobre cómo se configuran las dinámicas de funcionamiento de las organizaciones criminales que permiten su eficiencia y consolidación dentro de los centros carcelarios, y suponen constantemente retos para la capacidad de respuesta de instituciones como el INPEC, el GAULA, la Dijín y la Fiscalía. Ante esto, es necesario abordar la dinámica de la corrupción y las falencias en el control y la vigilancia dentro de los principales centros carcelarios y penitenciarios del país. Es necesario poner bajo la lupa la reforma al sistema carcelario que se ha propuesto en el Congreso de la República, en la que se plantea una propuesta de humanización de los centros penitenciarios, la solución a las problemáticas de hacinamiento y vulneración a los derechos humanos, así como la recuperación de su intención resocializadora.
REFERENCIAS
Hecht, J. R. G. (2014). El Crimen Organizado en las Cárceles: Las Extorsiones desde los Centros Penales en El Salvador (2008-2009). Revista Policía y Seguridad Pública, 131-171. https://doi.org/10.5377/rpsp.v3i1.1333
Radiografía de la extorsión en Colombia. (2024, 4 marzo). PARES. https://www.pares.com.co/post/radiografia-de-la-extorsion-en-colombia