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ESMAD 20 años: un balance desalentador

Por: Laura Cano, periodista Pares.

Desde la creación del Esmad, se registran 34 casos de asesinatos perpetrados por el Escuadrón, esto además de los actos de violencia a los que los miembros de este organismo han sometido a la población que en todo su derecho sale a las calles a manifestarse, y de los 12 homicidios que se sabe que fueron cometidos por la fuerza pública, pero que hasta el momento no se sabe cuál de los actores en concreto fue el culpable. Así lo revela el informe Silencio Oficial realizado por Fescol.


En Colombia el derecho a la manifestación social está amparado en la Constitución de Colombia de 1991 en el artículo 37. Sin embargo, como muchos otros planteamientos de este documento, este ha sido tomado por las instituciones a su forma y conveniencia, dejando este derecho en el papel y poniéndolo en un discurso hegemónico en el que la protesta se vandaliza y donde empieza actuar una fuerza pública que por 20 años ha hecho trasversal la violencia a las exigencias de los diversos sectores colombianos: El Esmad.


Desde 1999, bajo el Gobierno de Andrés Pastrana, se creó el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como una medida transitoria durante el marco de las marchas cocaleras que se realizaban en el sur del país. Dos meses después se convirtió en una fuerza pública y permanente. Desde ese momento, la historia de este organismo ha estado atravesada por asesinatos, uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias, y una constante petición por parte de muchos sectores por la regulación o desmonte del Escuadrón.


Por otro lado, esa historia del Esmad también se ha registrado entre un notable incremento en el número de agentes que han integrado el organismo, además de un aumento en las cifras de las inversiones que el Estado hace al Escuadrón. Haciendo referencia a lo nombrado anteriormente, en el año 1999 el Esmad era integrado por seis (6) oficiales, ocho (8) suboficiales y 200 patrulleros, hoy al organismo pertenecen 3.580 hombres y mujeres, ubicados en los departamentos de Huila, Tolima, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Santander, Magdalena Medio, Córdoba, Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, Cesar, Bolívar, Guajira, Bogotá y Cúcuta.


Asesinatos legitimados


Según lo citado en el informe Silencio Oficial realizado por Fescol:


“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.


A pesar de esta claridad, el uso de armas letales se ha convertido en una constante dentro de la movilización social por parte del Esmad. Las llamadas ‘recalzadas’ se han sido uno de los elementos que más le han sumado asesinatos al Escuadrón. El Informe aclara que estas recalzadas están hechas por “2 cucharadas y media de pólvora y tapas de cartón. Se le echan canicas, balones o shakiras. Y luego, nuevamente le echan otra cucharada de pólvora y la sellan con cartón y parafina. Eso al introducir en el truflay salen como si fueran perdigones las canicas”.


Justamente, el uso de esas armas letales y el de la fuerza y el poder, que el Estado les ha dado, de forma desmedida, ha ocasionado que las movilizaciones que se han dado a lo largo y ancho del país por causas como la educación como derecho y su no precarización, el acceso a la tierra y las herramientas para la productividad de esta, la seguridad alimentaria, la inconformidad con algunos gobiernos y leyes, la salud, entre otros motivos, han terminado en escenarios violentos, pues la sola presencia de este organismo en las protestas quiebran las posibilidades que estas trascurran de forma pacífica.


El resultado de esto, que desde la creación del Esmad, se registren 34 casos de asesinatos perpetrados por el Escuadrón, esto además de los actos de violencia a los que los miembros de este organismo han sometido a la población que en todo su derecho sale a las calles a manifestarse, y de los 12 homicidios que se sabe que fueron cometidos por la fuerza pública, pero que hasta el momento no se sabe cuál de los actores en concreto fue el culpable.


De estos 34 asesinatos los sectores que tuvieron más víctimas fueron los estudiantes, los campesinos y los indígenas, con nueve casos en cada población. Estos hechos se dieron en contextos de agitación y movilización social dados en momentos precisos; la oposición contra la guerra que se desataba en Afganistán en el 2001, el día del trabajo que es conmemorado anualmente el primero de mayo, el desacuerdo con el TLC que Colombia firmaría con Estados Unidos (2005 – 2006), el Paro Agrario (2013 y 2016), el Paro del Catatumbo (2013) y el más reciente Paro Nacional (2019 – 2020).


Además, esta ola de violencia presenta tres picos en el número de asesinatos; la primera fue en el 2005, la segunda en el 2013 y por último en el 2016, en donde se registraron 6, 7 y 8 casos, nombrados respectivamente. Esto iniciado en una consolidación y fortalecimiento del Esmad que se dio entre los periodos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, donde según lo registra el Informe “entre el año 2012 y 2013 hubo un aumento presupuestal exponencial del 948% (de 112.491.000 a 1´179.044.516)”.


Asesinatos sin justicia


Ahora en el pliego de peticiones de muchas de las movilizaciones que se dan en el país, ejemplo de esto, las del Paro Nacional que trascurre en este contexto, está el desmonte del Esmad, la investigación efectiva de los responsables de, por lo menos, lo 34 casos registrados de asesinatos y la regulación, mientras ocurre un desmonte, de las actuaciones del Esmad dentro de la movilización social.


Sin embargo, estas peticiones se están yendo a la utopía. Por una lado en la última movilización que se dio en Bogotá contra los feminicidios ocurridos en los últimos meses, la legalización del aborto y la violencia machista que cada día pone más víctimas, terminó en la represión del Esmad a un grupo no mayor a 50 mujeres que se encontraban reunidas en el Parque Nacional y que la respuesta del Escuadrón fue lanzar gases lacrimógenos y mandar matrimonios para dispersar y deslegitimar lo que allí se exigía.


Esto se dio precedido por varias denuncias que se dieron en la última movilización en el marco del Paro Nacional, realizada el 21 de enero, en el que el uso de la violencia y las detenciones arbitrarias fueron el común denominador. Además, también antecedido, por el anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dio la autorización del ingreso de este organismo a las universidades de la ciudad.


El problema es que las actuaciones del Esmad se están quedando solo en los titulares de noticias, pues hay una brecha en cuanto a la categorización en la justicia que ha impedido que se hagan investigaciones que promuevan que estos hechos disminuyan o desaparezcan y que además los culpables sean judicializados, esto porque los delitos cometidos por el Esmad entran en la categoría de hechos cometidos por la Fuerza Pública, lo que hace que todos los hechos se registren de forma poco precisa lo que ha generado un aumento de la impunidad y de forma contraria, un poco acceso a la justicia por quienes han sido víctimas del Escuadrón.


De los 34 casos de asesinatos ejecutados por el Esmad, ningún agente ha sido condenado y solo hay dos procesos por el caso de homicidios cometidos por este organismo, como lo registra Silencio Oficial:


“(…)uno de ellos, el que se encuentra activo, ocurrió en el año 2005, en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. El otro, por su parte, se encuentra inactivo y ocurrió en el año 2006, en Villavicencio, en el departamento del Meta”. A esto se le suma un constante hostigamiento a las familias que han no han bajado la guardia buscando que sus casos se esclarezcan.


Además, hay un juego con la memoria de lo que ha ocurrido en los últimos años. En el último caso, el de Dilan Cruz, muchos se han encargado de que este asesinato quede en la historia llena de sangre del Esmad, pues mientras muchos gritan en medio de las movilizaciones “sin violencia”, la respuesta por parte de quienes supuestamente deben velar por la seguridad de quienes salen a las calles es: “tirar matar” y además borrar cualquier manifestación que les recuerde que su institución es una maquina de asesinar, tal como lo ocurrido este fin de semana en el homenaje que familiares y ciudadanos habían construido en la esquina de la calle 19 con carrera 4 y que apareció totalmente destruido. La memoria no se destruye.


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