Por: Katerin Erazo, Periodista
Este 15 de febrero fue presentando ante el Consejo Superior de Política Criminal el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, el cual se espera que pronto sea radicado en el Congreso de la República.
Este proyecto, que está compuesto de 20 páginas y 54 artículos, está dirigido especialmente a las bandas criminales que no tienen origen político y cuyas actividades están centradas en la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión.
El articulado tiene como objetivo establecer mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas y de crimen de alto impacto como El Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, Los Shottas y Los Espartanos, entre otros (Ver:‘Shottas’ y ‘Espartanos’ inician diálogos con el Gobierno Nacional para sometimiento a la justicia).
Según el documento, las organizaciones ilegales que entrarían en este proyecto deberán cumplir cinco condiciones:
Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas.
Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red.
Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo.
Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen.
Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.
En la creación de este proyecto de ley participaron Jorge Perdomo, Mauricio Pava, Yesid Reyes, el ministro de Justicia Néstor Osuna, Camilo Umaña y los congresistas Iván Cepeda, Roy Barreras, Ariel Ávila y Alirio Uribe. Según Osuna, esta ley funcionaria por medio de tres fases:
Acercamiento, esta primera fase la ejecutaría el presidente Petro por medio del Alto Comisionado para la Paz, con el fin de hacer preacuerdos para el sometimiento colectivo.
La segunda fase estaría conformada por la Fiscalía para que verifique que los integrantes de las bandas ilegales realmente hagan parte de ellas, evitando colados en el proceso.
Imputación, en esta fase estarían los jueces que imputarían los delitos señalados a cada uno de los integrantes de las bandas criminales, con el objetivo de que cumplan sus condenas en centros carcelarios.
Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), estas fases podrían estar bien, sin embargo, no hay claridad sobre lo que implica cada una de estas, es decir, saber quiénes realmente formarían dichas comisiones y si los avances de acercamientos se darían solo en las zonas temporales dispuestas para ello.
El senador de la República por la Alianza Verde, Ariel Ávila, planteó un punto clave que tiene este proyecto y es que habrá un doble candado para evitar “colados” en esta ley, “uno es la Oficina del Alto Comisionado, inteligencia policial, inteligencia militar, dirección militar; y el segundo candado será la Fiscalía que puede depurar la lista”.
Según Alirio Uribe, miembro de la Cámara de Representantes, una vez que un grupo ilegal decida someterse a las reglas de este proyecto de ley tendrá que entregar información sobre las características de la banda, su modo de operar, sus patrones criminales y sus bienes.
De acuerdo a lo anterior, en el artículo 42 de este proyecto de ley se menciona que los miembros de las organizaciones ilegales tendrían un beneficio por entregar los bienes con anticipación. “El procesado se hará acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizable o tengan en sí mismo capacidad para la restauración de las víctimas”, menciona el artículo 42 en el texto, lo que quiere decir que estas personas al cumplir con lo anteriormente mencionado podrían conservar un porcentaje (6%) de sus bienes.
Además, esta ley contempla dos etapas en las condenas para los miembros de las organizaciones ilegales, la primera contempla que los condenados paguen un periodo en las cárceles entre los seis y ocho años, sin alguna reducción ni beneficios; y la segunda, según el medio de comunicación El País, luego de dicha condena, deberán permanecer por cuatro años en actividades de justicia restaurativa a las víctimas y de reinserción a la sociedad, este momento estará monitoreado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Cabe mencionar que estos beneficios podrían ser aplicados a integrantes de las organizaciones ilegales que estén actualmente detenidos, es decir, que las condenas que se les haya impuesto se cobijarán bajo la medida.
Para obtener los beneficios mencionados, las estructuras ilegales deberán cumplir algunos compromisos establecidos en el artículo 10 del proyecto de ley, los cuales son: “manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición (...) la entrega de armas; la entrega de secuestrados; entrega de menores reclutados; entrega de inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura y la entrega de información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo”.
Según el artículo 12 del proyecto, habría cuatro causantes para que los integrantes de las estructuras ilegales perdieran los beneficios:
Retornar a las armas.
Cometer nuevos delitos dolosos.
No cumplir con las obligaciones de contribución establecidas en el artículo 11 de la presente Ley.
No cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, este proyecto de ley es un gran avance, pero que aún faltan desarrollar muchos detalles tanto operativos y técnicos que aclaren el cómo se va a llevar a cabo el sometimiento. Morales señaló que seguramente durante el trámite legislativo se aclararan. Finalmente, Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, mencionó que este proyecto de ley deberá esperar los comentarios del Consejo Superior de Política Criminal, con el fin de, en caso tal, modificar algunos puntos que pueda mencionar el Consejo Superior para que posteriormente sea radicado en el Congreso. Por ahora no hay una fecha estimada, pero según Pérez, se espera que este proyecto de ley sea radicado en sesiones extraordinarias.