Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
El pasado domingo 3 de febrero, el Ejercito de Liberación Nacional – ELN, liberó el Maxwell Joya, Carlos Quinceno y Julio Díaz, quienes habían sido secuestrados por el grupo armado el pasado 11 de enero en el municipio de Hacarí, en Norte de Santander. Justamente, esto ocurre en el marco de los 17 días que han pasado desde que el presidente Iván Duque decidiera levantar la mesa de negociaciones con el ELN.
Cabe recordar, que el secuestro se dio después de que las unidades guerrilleras del Frente de Guerra Nororiental del ELN derribaron el helicóptero de trasporte de valores donde se transportaban los contratistas, en el corregimiento de San José del Tarra en Hacarí. De esta acción, es produjo el secuestro de 24 días de la tripulación y el robo de 1.700 millones de pesos.
La liberación, por su parte, se hizo por medio de una comisión de la Defensoría del Pueblo y Gabriel Ángel Villa, arzobispo del municipio de Ocaña. El arzobispo, después de que el ELN se atribuyera el secuestro, se ofreció para adelantar trabajos de mediador y garante en las comunicaciones hacia la guerrilla; velando por la liberación de los tres tripulantes del helicóptero.
Tanto la comisión de la Iglesia Católica y la comisión de la Defensoría del pueblo, fueron contactadas por integrantes del ELN en la madrugada del 3 de febrero, quienes le manifestaron que necesitaban de su intermediación para una acción humanitaria. Rafael Navarro, coordinador del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, reveló que la liberación de Díaz, Quinceno y Joya, se produjo alrededor de las 11:30 de la mañana en medio de las espesas selvas del Catatumbo.
Además, se dio a conocer ante la opinión pública que el ELN, antes de hacer efectiva la entrega, leyó un comunicado en el que le manifestó al gobierno nacional que esta guerrilla tiene la intención de que se reabra el diálogo para una salida pacífica.
El comunicado entre otras cosa, respondió a las declaraciones del gobierno, manteniendo que “Al recrudeciendo de la guerra anunciada por Iván Duque, el ELN responde con su accionar político y militar, al tiempo que reitera su voluntad de buscar caminos de solución política que conduzcan al país hacia un futuro de cambios y transformaciones”.
¿Se reabrirá la mesa de diálogo?
Para Luis Eduardo Celis, experto en conflicto armado interno, la liberación de Maxwell Joya, Carlos Quinceno y Julio Díaz tiene claros visos de diálogo por parte de la guerrilla. Adicionalmente, resaltó el trabajo desempeñado por la Defensoría del Pueblo y el apoyo de la Iglesia Católica. Referente a la forma en que se llevó a cabo la liberación, según Celis, es “una muestra por parte del ELN de capacidad para la resolución de asuntos humanitarios de este tipo, sin la necesidad del gobierno nacional”.
La visión de Celis se hace más evidente en razón a las declaraciones que Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz sobre a las conversaciones que reveló Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN en Cuba. Ceballos dijo «Las varias conversaciones que yo sostuve con el señor Beltrán eran especialmente orientadas a temas humanitarios relacionados con protocolos que exigía en su momento el ELN para liberar a varios soldados, policías y civiles y de ninguna manera pueden entenderse como un espacio oficial de diálogo». Así las cosas, el Alto Comisionado hace entender que los canales de acercamiento, por parte del gobierno nacional, están cerrados.
Sobre los liberados, el comunicado indica que “se les ha brindado un trato digno y respetuoso” y que la liberación obedece compromiso público manifestado hacía los familiares de Díaz, Quinceno y Joya; por medio de un comunicado que data del 16 de enero. En dicho comunicado, expresamente, dicen “Les comunicamos a las familias de los tripulantes que ellos se encuentran bien y tenemos la voluntad de liberarlos, gestiones que estaremos organizando con los organismos humanitarios pertinentes”.
Precisamente, dicho comunicado se dio un día antes del ‘carrobomba’ en la Escuela de Cadetes General Santander, al sur de Bogotá (17 de enero). Después de este atentado, el 18 de enero, Iván Duque levantó la mesa de conversaciones, y reestablecio la orden de captura de los diez miembros negociadores del ELN que residen en Cuba, al tiempo que le solicitó su captura al gobierno cubano, en lo que ha sido un capitulo tenso para las relaciones internacionales de ambos países.
La tensión internacional de la que ha sido protagonista este gobierno del presidente Iván Duque, obedece a la negativa del gobierno de ceñirse a los protocolos en caso de una ruptura de la mesa de negociación. Es preciso recordar que dichos protocolos son producto de la negociación de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos que iniciaron en 2017 en Quito, Ecuador y que fueron trasladados en mayo de 2018 a La Habana, Cuba.
Los protocolos dictaminan que los países garantes y las partes contarían con 15 días desde la ruptura del diálogo, con el fin de crear un corredor que permita el retorno a Colombia de los diez negociadores del ELN. Frente a estos protocolos el discurso tanto de canciller Carlos Holmes Trujillo y de Miguel Ceballos, es que tras el atentado perpetrado por el ELN no se deben respetar dichos protocolos que el gobierno Duque dice no reconocer. Según estos portavoces del gobierno, Duque no ha incumplido ningún protocolo, debido a que el mandatario no firmo nada con el ELN y que ese era un compromiso de gobierno (Santos) y no del Estado colombiano.
La incertidumbre aún invade la situación con el ELN, aunque la guerrilla busca abrir una puerta para un devenir con salidas negociadas, el gobierno de Iván Duque le apuesta a la mano dura y al plan ‘El que la hace la paga’.
Luis Celis, ha reiterado que el gobierno tiene que actuar responsablemente y “no convocarnos a un baño de sangre”. Justamente, según la investigación adelantada por la Fundación Paz & Reconciliación en el informe ‘Cómo va la Paz: la reestructuración unilateral del Acuerdo de Paz’, el ELN tiene presencia en 115 municipios en el país, una expansión en 19 municipios con respecto del año 2016. Este informe señala también que, en la región del Catatumbo, desde el año 2017, la disputa con Los Pelusos se intensificó y dio lugar a graves afectaciones humanitarias.