Por Camilo Diaz, investigador nacional, y Nataly Triana, asistente de investigación. Línea Democracia y Gobernabilidad.
El día de ayer, 21 de noviembre, se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales en Venezuela. Con 70.244 registrados, se eligieron 3.082 cargos de elección popular, entre los que se encontraban 23 gobernaciones y 335 alcaldías municipales.
Con la emisión del primer boletín electoral, leído por Pedro Calzadilla, presidente del CNE, se dio a conocer que el oficialismo se había llevado la mayoría de las gobernaciones del país, en medio de varias irregularidades desde el ventajismo institucional y varios hechos de alteración del orden público que marcaron la jornada electoral.
Los resultados electorales
Pasada la medianoche en Venezuela, se dio a conocer el primer boletín electoral por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según las cifras reportadas, de los 21.391.620 ciudadanos habilitados para votar, solo participó el 41,8% correspondiente a 8.151.793 personas.
De los 23 estados, la oposición ganó en 3 y el oficialismo se quedó con 20. En los estados de Anzoátegui, Mérida y Táchira, que tenía un gobernador opositor, ganó el oficialismo. El estado de Nueva Esparta es el único que mantuvo una votación mayoritaria de la oposición, logrando Alfredo Díaz su reelección. Por su parte, en los estados de Zulia y Cojedes, que estaban en manos del oficialismo, ganó la oposición.
Los resultados electorales en los estados fronterizos
En el caso de Zulia, ganó Manuel Antonio Rosales en una elección en la que se enfrentaba al controvertido Omar Prieto. Con un 56,9% de la votación, correspondiente a 1.494.994 votos, Manuel Antonio logró quitarle la gobernación de este estado al oficialismo.
Rosales es abogado y cuenta con una especialización en Administración, Gerencia y Recursos Humanos. Fue alcalde de Maracaibo en 1995, gobernador del estado de Zulia en el año 2000 y reelecto para el mismo cargo en el 2004. Se retiró de su segundo periodo como gobernador para ser candidato a la presidencia en 2006, elección que perdió al conseguir solo el 36,2% de la votación nacional. En 2008 había sido elegido de nuevo alcalde de Maracaibo, pero tras una presunta persecución política se exilió en 2009 y regresó a Venezuela en 2015.
Por su parte, en el estado de Táchira se dio el proceso contrario. Freddy Alirio Bernal, quien había fungido como protector del estado, le ganó a la gobernadora opositora Laidy Yorveys Gómez, que buscaba reelegirse en el cargo.
Bernal ha sido diputado, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, alcalde del municipio Libertador, comisario general del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional, jefe de los Comités de Abastecimiento y Producción (CLAP) y nombrado protector del estado Táchira en 2017.
Como lo anunció la Fundación Paz y Reconciliación en el informe “La salud de la democracia en Venezuela: Elecciones del 21N y su impacto en la frontera”, Bernal llega al cargo con serios cuestionamientos. Ha sido vinculado varias ocasiones por tener nexos con grupos armados y el narcotráfico, por lo que fue incluido en la “lista Clinton” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
También ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas irregularidades electorales, censura y corrupción. Sumado a ello, se ha visto envuelto en varios hechos de corrupción que rodean las cajas CLAP y las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
El ventajismo institucional anunciado
Las elecciones del pasado domingo en Venezuela transcurrieron con una serie de irregularidades que fueron previstas desde Pares en el informe “La salud de la democracia en Venezuela: Elecciones del 21N y su impacto en la frontera”.
En primer lugar, los centros de votación tuvieron retrasos en su apertura debido a la falta de los miembros de mesa sorteados, esta situación permitió la sustitución de estas personas por militantes de partidos políticos que fueron acreditados de manera irregular como miembros de mesa accidentales. De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, este proceso se saltó el procedimiento de sustitución establecido en la Ley de Procesos Electorales (LOPRE), en donde se señala que a falta de estos miembros su reemplazo debe darse con los miembros de mesa sorteados suplentes o con los miembros de reserva de las otras mesas.
La violación de esta figura radica no solamente en el incumplimiento del proceso de sustitución y quorum, sino también la obligación de ser una figura compuesta por electores independientes de líneas partidistas. Este mecanismo de corrupción fue pronosticado por A.C Súmate, quienes denunciaron previamente que el CNE no se había comprometido en la convocatoria de los miembros de mesa accidentales para cumplir con su servicio electoral. De acuerdo con esta organización, era su deber constitucional haber realizado una campaña informativa pública tal y como se encuentra prevista en la LOPRE.
Es posible que este hecho se deba a las alteraciones que llevó a cabo el CNE para la acreditación de los miembros de mesa, según A.C Súmate varios miembros de mesa complementaron su ciclo de formación para hacer parte de las mesas como miembros sorteados suplentes. Sin embargo, no fueron seleccionados en la lista definitiva de esta figura, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales para hacerlo.
Lo anterior, fue posible tras el cambio o eliminación de los cargos a más de 300.000 miembros de mesa el 19 de noviembre, en especial al permitir la presencia y participación en este proceso a actores ajenos al proceso electoral en vez de miembros y testigos de mesa acreditados. Esto sin mencionar la opacidad de la información por parte del CNE en la instalación de las mesas electorales.
En segundo lugar, en esta jornada también se violó el principio de la igualdad en la competencia electoral tras el incumplimiento de la veda electoral impuesta desde el 19 de noviembre. Los partidos oficialistas a través de sus redes sociales y los medios de comunicación nacional han mantenido la campaña electoral en todo el día domingo, en contradicción a lo establecido en el cronograma electoral. Hasta la hora de cierre de las elecciones, el canal Venezolana Televisión difundió a través de su web y cuenta en Twitter 65 espacios informativos de los cuales 53 eran a favor del PSUV, mientras la Radio Nacional de Venezuela y la YVKE publicaron un 100% a favor de este mismo partido.
Por otro lado, el funcionamiento de los puestos de votación fue alterado de manera discrecional. En el Zulia en algunos centros de votación se presentó un cierre prematuro que originó protestas que fueron reprimidas violentamente por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De acuerdo con el Observatorio de Conflictos, se presentaron protestas en Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Caracas, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia.
En los estados Vargas, Monagas, Carabobo, Torres, Yaracuy, Caracas, Portuguesa, Maturín, Miranda, Sucre y otros, no se pudo finalizar, en algunos de sus centros de votación, la jornada electoral y por el contrario se mantuvieron abiertas de manera inconstitucional. Según la LOPRE, los puestos de votación se mantuvieron abiertos hasta las 6:00 pm y solo se permitía la continuidad del proceso de votación, siempre y cuando a esa hora haya personas ingresando para ejercer su derecho. No obstante, en ninguno de los casos mencionados había personas en cola dispuestas a votar.
En relación a los mecanismos de cooptación, nuevamente se presentaron los Puntos Rojos, carpas o espacios relativamente cercanos a los puestos de votación donde el oficialismo lleva a cabo campaña política y coacciona a los electores a través del Sistema Patria. De acuerdo con el último reporte de A.C Súmate, la irregularidad más denunciada es la presencia de estos puntos partidistas y según su conteo representa el 23.2% de las irregularidades delatadas.
Alteraciones de orden público
Human Rights Watch denunció haber recibido denuncias sobre la presencia de colectivos armados cerca de los centros de votación. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos, se presentó presencia de colectivos en los estados de Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Caracas, Lara, Mérida, Portuguesa, Vargas y Zulia. Mientras, fuentes de prensa denunciaron la presencia del ELN en Táchira.
En el municipio de San Francisco del estado del Zulia se presentó un tiroteo cerca al centro de votación ubicado en el Colegio Eduardo Emiro Ferrer, mientras en la Unidad Educativa Arquidiocesana Madre Laura hubo hombres armados que realizaron tiros al aire. Según los testigos, los responsables presuntamente son colectivos o bandas afines al chavismo.
Estas alteraciones del orden público estuvieron acompañadas de intimidaciones y amenazas de estas mismas organizaciones a candidatos y/o integrantes de la oposición. En el municipio de San Francisco Eduardo Labrador fue agredido por este tipo de organización en la sede de campaña del MUD en el estado del Zulia. De acuerdo con Labrador, este acto fue incentivado por el actual alcalde Dirwings Arrieta del PSUV.
En un caso similar, en el estado Lara fueron agredidos físicamente integrantes de Transparencia de Venezuela que se encontraban haciendo monitoreo electoral, conforma su testimonio el colectivo justificó su accionar al haber ellos tomado una foto. De acuerdo con el Colegio Nacional de Periodistas, en estas elecciones se presentaron agresiones hacia periodistas, las más comunes fueron impedimento de acceso a los centros de votación, eliminación de material grabado, intento de decomiso de equipos, hostigamiento y amenazas.