Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
Las protestas en curso tienen un claro mensaje: hay una amplia ciudadanía que no quiere seguir viviendo en este orden de exclusiones de todo tipo.
Las juventudes reclaman su derecho a la educación y a un proyecto de vida con una ciudadanía de calidad, no este presente de marginalidad que les garantiza una vida sin posibilidades de desarrollarse en sus capacidades, talentos y aportes a una sociedad que tiene tantos desafíos. Una sociedad donde los y las jóvenes no pueden acceder a una educación de calidad, es una sociedad donde se frustran sueños y anhelos de vivir de manera digna.
Las protestas lideradas por jóvenes universitarios, y a las que se han unido jóvenes que no han podido acceder a una educación técnica o universitaria, han sido importantes en los últimos quince años. Han sido sostenidas y han contribuido con propuestas concretas sobre cómo se puede ampliar la educación en cobertura, pertinencia y calidad: han abierto caminos hacia la posibilidad de que la educación sea realmente un derecho universal —como lo contempla la constitución del 91— y no una mercancía a la que acceden quienes tienen cómo pagarla (tal como es la dura realidad de hoy).
En las calles hay indignación; es la indignación que se ha cocinado en hambres sostenidas por un tercio de todas las familias colombianas. Esto se ha agudizado durante el desarrollo de la pandemia, pero viene de atrás: décadas de exclusiones y de un modelo de desarrollo que excluye a millones. Bien sabemos que el hambre es mala consejera y ha empujado muchas transformaciones en la historia de la humanidad. Es intolerable que fácilmente veinte millones de colombianas y colombianos, que van desde niños y niñas hasta personas mayores, se acuesten sin haber consumido lo mínimo en alimentación.
En las calles y carreteras están las y los campesinos que exigen políticas que atiendan sus derechos y necesidades; están quienes que no cuentan con carreteras para sacar sus productos ni con crédito y asistencia técnica para su agricultura, seguridad y justicia; allí están millones que esperan que el Acuerdo de Paz firmado con las Farc vaya hacia delante de manera decidida y no en modo simulación y desvirtuado, o por pequeños pedazos, como lo hace avanzar el gobierno de Iván Duque.
Esta indignación ciudadana y popular no va a pasar fácilmente. Hay anhelo de cambios y de respeto; está en curso una lucha entre mantener este orden de exclusiones y democracia de baja calidad o avanzar hacia un nuevo pacto social, donde la economía esté al servicio del conjunto de la sociedad y no de minorías que se lucran y acumulan de manera grotesca enormes riquezas, mientras cerca de la mitad de la sociedad languidece en la miseria y la falta de oportunidades para llevar una vida digna. Esta afrenta histórica de unas elites de poder que todo lo han concentrado está llegando a su fin. Hay una sociedad luchando por las transformaciones necesarias y ya todo el mundo está notificado: o hay cambios o esta rebelión ciudadana seguirá.
El uribismo se aferra al viejo poder —el poder que está feneciendo—. De manera autoritaria y despótica, prefieren hacer correr la sangre de quienes levantan la voz a ceder en sus convicciones: para el uribismo, el país está bien y así debe seguir; todo lo que hablan de cambios son nuevas ofensas que avivan la indignación.
El presidente Iván Duque no asume ninguna iniciativa de envergadura, no da pasos para escuchar el clamor ciudadano: se requiere respeto, pan, educación, posibilidades de protestar sin perder la vida o un ojo. Pero el Gobierno nada de nada respecto a estos reclamos más que justos.
El uribismo es arrogante y criminal. Ya estamos notificadas y notificados: van a seguir respondiendo a la protesta con bala y nada de reformas sustanciales. Ya sabemos cómo está casada la pelea, por eso insisto y me reitero: al uribismo hay que derrotarlo en las urnas, en las mentes y corazones de una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos que queremos un orden social donde sea posible vivir en una democracia de calidad, no en esta precaria democracia, plagada de exclusiones, violencias y autoritarismo.