Por: Camilo Díaz Suárez, investigador nacional
Línea de Democracia y Gobernabilidad
La Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral de la Cámara de Representantes, citó a un debate de control político el pasado jueves al registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, y al presidente reglamentario del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Abreo Méndez, con el fin de conocer los hechos y acontecimientos de los Comicios Electorales en la jornada del pasado 13 de marzo, en el que se realizaron las elecciones para el Congreso de la República y la consulta presidencial.
Ya el pasado 05 de abril había sido citado a un debate de control político en plenaria del Senado, con la finalidad de conocer las actividades y controles realizadas con respecto al proceso electoral, que pusieron en entredicho la actuación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la empresa INDRA, proveedora del software de las elecciones del 13 de marzo.
Sin embargo, Alexander Vega no asistió a dicho debate, aludiendo a estar atendiendo compromisos relacionados con el proceso electoral, como el escrutinio y la organización de las elecciones presidenciales. Por ello, envió a tres delegados que sostuvieron que hubo errores en la transcripción de datos, afectando el preconteo, y aludieron que se tomarían acciones como solicitar a la Fiscalía y a la Procuraduría determinar la posible responsabilidad penal o disciplinaria en la que habrían incurrido los jurados de votación de 5.109 mesas de votación.
En el reciente debate citado, Alexander Vega asistió, exponiendo un informe técnico realizado por la Registraduría que sostiene que las inconsistencias de la jornada electoral del 13 de marzo fueron por los jurados de votación. Dicho informe sostuvo que se presentaron 22.255 inconsistencias en 5109 mesas de votación, aludiendo a que los jurados no siguieron las instrucciones de la Registraduría y exculpando a la entidad.
A su vez, el registrador expuso la estrategia del fortalecimiento del proceso electoral, entre lo que se encuentra hacer un doble reporte durante el preconteo; excluyó a los jurados de las 5109 mesas que tuvieron inconsistencias, a la vez que incluyó otros criterios de selección de jurados; un rediseño del formulario E-14, incluyendo la foto de los candidatos a presidencia y otros cambios de diseño; y campañas de auditoría al software electoral, que podrán tener presencia de delgados de todos los partidos políticos.
Pese a esto, las múltiples inconsistencias siguen siendo un antecedente frente al cual la Registraduría no ha asumido mayor responsabilidad. Todo, en cabeza de un cuestionado registrador.
Los votos, la principal inconsistencia
Las actividades posteriores a la jornada electoral del preconteo y el escrutinio, mostraron una diferencia de grandes proporciones entre los resultados de uno y otro ejercicio de conteo de votos. Cabe mencionar que el preconteo es una medición informativa que realiza la Registraduría Nacional luego de las elecciones, mientras que el escrutinio es el conteo de los votos a cargo del el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las comisiones escrutadoras, que tiene carácter legal y entrega el resultado oficial.
Tras múltiples denuncias de candidatos y partidos políticos, se dio a conocer que existió una diferencia de 1’026.000 votos entre el preconteo y el escrutinio. En esta diferencia la coalición más afectada fue la del Pacto Histórico, con una diferencia de cerca de 500.000 votos.
Esa diferencia, que no había sido evidenciada en jornadas anteriores, está relacionada con la selección y capacitación de jurados votación, falsedades en los registros electorales, la omisión de registro de votos en los formularios E-14 y deficiencias en el diseño de los formularios.
Las otras irregularidades de la Registraduría
La Alianza para la Veeduría Electoral, conformada por Extituto de Política Abierta, el Instituto Anticorrupción y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló que aparte de las diferencias entre preconteo y escrutinio, el proceso electoral tuvo diversas irregularidades:
- Varios colombianos en el exterior no pudieron ejercer su derecho al voto, en razón a errores con la plataforma virtual de inscripción habilitada por la Registraduría.
- Hubo fallos de la plataforma virtual “InfoVotantes” de la Registraduría, para consultar aspectos de la jornada electoral como zona, puesto y mesa de votación. Además, esos fallos llevaron a demoras en la entrada de testigos electorales a puestos de votación, aumentando los riesgos de la jornada electoral y afectó la transparencia de esta. Para justificar las fallas, Alexander Vega aludió a un ataque cibernético, desmentido por la Fiscalía General de la Nación. Este fallo implica un incumpliendo de los deberes de la Registraduría.
- La selección y capacitación de jurados presentó deficiencias e irregularidades, como la omisión de la última parte de los formularios E-14, que se vieron reflejados en los numerosos errores ocurridos durante el preconteo.
A esto se suma que la hoja de vida de Alexander Vega no aparece en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), que compila la información de gestión del talento humano al servicio del Estado Colombiano. Llama en especial la atención, toda vez que de acuerdo al Decreto 2842 está obligado a diligenciar la hoja de vida en el SIGEP.
Desde la Registraduría se sostuvo que esto se debía a un proceso de migración del SIGEP al SIGEP II, lo que el director del Departamento de Función Pública, Nerio Alvis, desmintió y sostuvo que la responsabilidad de la ausencia de la hoja de vida es de Alexander Vega, lo cual podría suponerle una sanción disciplinaria.
¿Qué se viene?
Tras la intervención de Alexander Vega en la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral de la Cámara de Representantes no se puede esperar una actuación que avance más de la citación. Esto, principalmente porque se ha caracterizado por ser un registrador amigo de políticos y aliados de partidos políticos tradicionales, que conforman la gran mayoría de esta comisión especial. En la citación, básicamente, se escuchó a Alexander Vega.
Integrantes Comisión Especial
Fuente: Pares
De igual forma, ante las múltiples fallas registradas durante las pasadas elecciones legislativas del 13 de marzo, desde diferentes sectores se ha solicitado la suspensión e, incluso, la destitución de Alexander Vega. Sin embargo, frente a esto, la procuradora Margarita Cabello descartó una suspensión.
De momento, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en su contra por posibles faltas en la jornada electoral del pasado 13 de marzo y una indagación preliminar a funcionarios de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en la administración de las plataformas de ‘software’ usadas y en los procesos de inscripción de cédulas.
¿Quién es Alexander Vega?
Es un abogado de la Universidad Libre y registrador nacional desde octubre de 2019, cuando fue elegido por los tres presidentes de las altas cortes. Antes de llegar a ese cargo fue personero en el municipio de Chía, Cundinamarca, abogado litigante ante el Consejo de Estado y consejero en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según Alfredo Molano, Vega llegó a la Registraduría después de un intenso lobby con los magistrados que iban a definir la elección, que incluyó “viajes al exterior, serenatas, obsequios, comidas y detalles de cumpleaños”.
Además, Molano también señala que dentro de sus amigos se cuentan los condenados Bernardo ‘El Ñoño’ Elías y Eduardo Pulgar, el investigado Musa Besaile, los Char y la excandidata Sandra Villadiego, cuestionada por su esposo que fue condenado por parapolítica, Miguel Ángel Rangel. Vega también cuenta con el apoyo de Lucy Jeanette Bermúdez, saliente presidenta del Consejo de Estado y quien, según Molano, ha sido fundamental en el rápido ascenso que ha tenido Vega en su carrera, pues tiene un poco más de 40 años. Su paso por el CNE se lo debe justamente a su cercanía con algunos políticos del partido de la U, del cual era representante en esa corporación.
Pese a llevar poco más de dos años en la Registraduría, su gestión ha estado llena de inconsistentencias. El primero de ellos fue el empeño de Vega para tener un nuevo código electoral, lo que por supuesto implicó una negociación intensa con los congresistas para su aprobación. Aunque el nuevo código electoral aún está en examen constitucional, detrás de este hay un jugoso negocio que Pares denunció en 2020.
Vega también ha desatado peleas con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, por supuestas inconsistencias en el censo electoral y con la oposición al decir que si creían que no había garantías electorales no se presentaran a elecciones.
Además, ha sido acusado de ser lobbista de Indra, una de las empresas que está encargada del conteo de votos. El expresidente Pastrana sostuvo en Semana que Vega habría llevado a algunos políticos a España, como el alcalde Jaime Pumarejo, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga y el representante Erasmo Zuleta, para que conocieran el programa de la compañía. Esto, mientras Vega declaró desierta la licitación para la compra de un software propio, beneficiando a los contratistas de siempre. Algo usual con Vega, luego que Camilo Enciso, mostró que la renovación de los contratos de los supernumerarios, según uno de los coordinadores de Talento Humano de la entidad, dependen de “su amistad o la conexión política”.