Por: Esteban Salazar Giraldo, @estebanalitic.
Coordinador
Línea de Democracia y Gobernabilidad - Pares
En menos de 6 meses el país ha presenciado el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Iván Duque de forma fehaciente. Dos paros armados, uno del ELN y otro del Clan del Golfo, han paralizado una decena de departamentos y una centena de municipios. Todo ante la mirada inerme de la fuerza pública.
Las banderas del gobierno Duque fueron hacer trizas el Acuerdo de Paz y promover la seguridad democrática en una versión remasterizada. Cumplieron lo primero, se quedaron cortos en lo segundo. Duque se convirtió en un presidente débil para la paz y para la guerra. Más allá de un par de bajas importantes y algunas capturas, las Estructuras Armadas Ilegales (EAI) proliferaron por todo el territorio nacional. Además, no se llevaron a cabo grandes desmovilizaciones, procesos de sometimiento o acuerdos de paz.
En efecto, la guerrilla del ELN y el reducto paramilitar del Clan del Golfo se han unido en estas elecciones para generar un miedo ambiente electoral, el cual pareciera justificar nuevamente la búsqueda de un gobierno de mano dura, como el que prometía Duque. Sin embargo, esta estrategia poco o nada está calando en las encuestas.
Lo que se observa es un cambio en el comportamiento electoral. La ciudadanía parece haber despertado de un letargo de oferta y demanda de seguridad artificiosa, que tenía un impacto en las elecciones presidenciales anteriores. Después de la firma del Acuerdo de Paz, la ciudadanía levantó una alfombra pesada del conflicto para notar otros graves problemas que carcomen al país: la corrupción, el desempleo, el medio ambiente, el crimen organizado a nivel urbano, entre otros. Por eso, aunque el país esté en jaque, ya no es atractivo en estas elecciones el modelo de seguridad que fracasó durante dos décadas.
Se requiere una reingeniería de la política de seguridad en el país, un tema huérfano en el debate de los candidatos presidenciales. Esto no se suscribe solamente a un acuerdo de paz con el ELN, o a un proceso de sometimiento del Clan del Golfo, se trata fundamentalmente de desmantelar el modelo de impunidad del que gozan los mayores beneficiarios en Colombia.
El lavado de activos, el encubrimiento de agentes estatales, la complicidad de terceros involucrados en el conflicto, las rentas ilegales...todos estos problemas demandan el fortalecimiento del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como identificar a aquellos empresarios, políticos y funcionarios dentro de la institucionalidad que han permeado el sistema de justicia y la fuerza pública.
Tampoco puede hacer carrera en Colombia que, cada vez que una EAI determine un paro armado, la fuerza pública continúe con la estrategia de manos caídas, permitiendo los vejámenes que se han visto recientemente contra la población civil. Hay que revisar la doctrina militar, la estrategia para combatir estas EAI; pero, sobre todo, reafirmar su estatus de subordinación al poder civil y de Estado; mas no a los gobiernos o filiaciones políticas.
Mucho daño le ha hecho a la institucionalidad el general Zapateiro, quien, desconociendo la Constitución y la ley, se fue lanza en ristre contra un candidato mediante una injerencia indebida en política electoral. Mientras tanto, el país se ha enfrentado a dos paros armados en menos de seis meses y a Zapateiro no se le ve el mismo ímpetu (que se le vio para interferir en política) para combatir a estas EAI.
Asimismo, las afirmaciones irresponsables del presidente Duque y del ministro de defensa Molano deben revisarse. En octubre se planteó que, con la captura de “Otoniel”, se había acabado Clan del Golfo. Una afirmación falsa, como lo demuestran las cifras.
Según el informe Plomo es lo que hay, el Clan del Golfo es la estructura criminal más poderosa del país, con presencia en 243 municipios, bajo el control de 3.200 hombres y las rentas ilegales diversificadas de cocaína, deforestación, minería criminal, compra y venta de armas, entre otros. Ni siquiera se le aproximan en poderío el ELN o las disidencias, guerrillas que llegan a tener un control territorial en 184 y 180 municipios, respectivamente.
El paro armado tras la extradición de “Otoniel”, es una muestra más del poder del Clan del Golfo. Ya en 2017, tras la neutralización de alias “Gavilán”, segundo al mando de la estructura en ese momento, el Clan del Golfo activó un paro armado y un plan pistola para atacar policías. Definitivamente es incoherente plantear que el Clan del Golfo se acabó luego de que este grupo, a pesar de que su otrora jefe máximo esté extraditado, haya podido articularse en 11 departamentos y 90 municipios para poner en vilo a la ciudadanía.
El Clan del Golfo se está reestructurando rápidamente y lo que sucede es comparable al fenómeno de los carteles mexicanos. La captura y extradición a Estados Unidos de “El Chapo Guzmán”, líder del Cartel de Sinaloa, dejó atrás una estela de impunidad para sus víctimas en México, que se quedaron sin verdad ni reparación. Además, su captura no dio fin a este cartel, el cual paralizó varios estados en México luego de la extradición de “El Chapo”. De hecho, el Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo son socios principales en el negocio del narcotráfico.
En suma, los candidatos presidenciales deben pensarse de forma integral la forma de abordar el problema de seguridad de forma doméstica, integral e internacional. A pesar de que el país esté retrocediendo décadas en materia de seguridad, la fórmula de la seguridad democrática fracasó y hay que ser más audaces para evitar una nueva generación de conflictos anárquicos, mediante la búsqueda de procesos de sometimiento efectivos, acuerdos de paz y reestructuración de la fuerza pública.