Por: Redacción Pares
El pasado 03 de diciembre, el senador Ariel Ávila publicó su nuevo libro El mapa criminal en Colombia, en el que expone el estado actual de las organizaciones criminales y los grupos armados en el país, de cara a la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
Ávila argumenta que los grupos armados de hoy no son los mismos de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana, sino que en el país nos estamos enfrentando a un nuevo ciclo de violencia que se propone a analizar en el texto, de cara a la política de paz del gobierno actual.
El director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, es el autor del prólogo de este libro. A continuación, el prólogo:
Prólogo al libro ‘El mapa criminal en Colombia’ de Ariel Ávila
Por: León Valencia
Con este libro Ariel Ávila cierra su época de investigador social y abre la etapa de líder político. Son actividades muy distintas, aunque todo lo acumulado como académico le servirá para su labor de parlamentario. Acerca de las diferencias entre estos dos oficios decía André Malraux, un intelectual y político francés: el político tiene una idea para vendérsela a mucha gente, en cambio, el intelectual tiene muchas ideas para vendérselas a poca gente. La política se mueve en blancos o negros, es banderiza, afirmativa, implacable; en la labor académica las preguntas, las dudas y los grises, son esenciales.
Ariel trabajó a lo largo de 14 años conmigo en investigaciones tan apasionantes como arriesgadas, ligadas al conflicto armado, a la presencia de las mafias en la política, al narcotráfico, a la protesta social, a la realidad de las fronteras colombianas, en fin, la mayoría de los conflictos que atraviesan la sociedad colombiana. Lo hizo con rigor, con dedicación, con audacia, siempre pensando en transformar la democracia, en cambiar las injustas relaciones sociales, en buscar una mejor vida para la gente del país. Estoy seguro que con estos mismos ideales se desempeñará en el escenario político.
Se ocupa en este libro de pasar revista a las violencias después del Acuerdo de Paz, específicamente de lo que ha ocurrido en el gobierno de Iván Duque. Es un balance crítico, pero, como siempre, muy documentado. Tiene razón el autor en sus preocupaciones. En el gobierno que concluyó labores el 07 de agosto de 2022, mostró las orejas una nueva ola de violencias. Menor a la violencia que vivimos en los primeros cinco años del siglo y menor también a la que sufrimos entre 2008 y 2012, pero, en todo caso, muy dolorosa y triste.
El primer mandato de Álvaro Uribe Vélez empezó en medio de un gran incendio. Los homicidios, los secuestros, las masacres, el desplazamiento forzado y el narcotráfico, estaban en auge. Uribe, combinando una ofensiva contra las guerrillas y una negociación con los paramilitares, redujo todos los indicadores de violencia. De eso ya nadie tiene duda. Ocurrió, eso sí, que el costo en derechos humanos fue enorme. De esa época es también el ascenso vertiginoso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, que llegó a la pavorosa cifra de 6402 víctimas. Ahora, esos hechos macabros tienen en graves líos políticos y judiciales tanto a Uribe como a funcionarios de su gobierno y a decenas de militares y policías.
El segundo mandato de Uribe fue menos exitoso en materia de seguridad y en 2008 empezaron a crecer de nuevo las violencias, hasta 2012, cuando empezó el proceso de negociación con las FARC. En ese momento se produjo un alentador corte y las violencias empezaron a disminuir. El narcotráfico fue el único factor que se mantuvo en niveles bastante altos.
Para que los lectores tengan una noción de los cambios profundos que ocurrieron en el país con motivo de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional, hagamos una comparación entre los tiempos del gran incendio y los tiempos del proceso de paz. A finales del siglo pasado y principios de este siglo hubo años de tres mil secuestros, seiscientos mil desplazados, dieciséis mil homicidios. Inmediatamente después de la firma del Acuerdo de Paz teníamos cerca de cien secuestros por año, sesenta mil desplazados, doce mil homicidios. Sólo para citar algunas cifras, sin abundar en ejemplos de las victorias tempranas de la paz.
Pero el incendio no se apagó del todo. Quedaron unos leños prendidos. El ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y demás estructuras del crimen organizado, las graves tensiones con el gobierno de Venezuela y algunas zonas del país donde persistía una disputa violenta. Duque y su gobierno tenían la obligación moral y política de echarle agua a esos leños prendidos para apagar definitivamente el gran incendio, pero hicieron todo lo contrario: le echaron gasolina.
Este libro muestra con cifras y análisis que el gobierno de Duque ha significado una grave interferencia en el proceso de paz y reconciliación del país. Decidieron que el triunfo del ‘No’ en el plebiscito y la victoria electoral del uribismo en 2018 los autorizaba para implementar sólo parcialmente el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC y no buscar un acuerdo con el ELN ni un sometimiento a la justicia del crimen organizado. Las consecuencias están a la vista, estamos ante el resurgir de algunas violencias y ante el temor de que el incendio tome otra vez una gran fuerza.
Pecaríamos de pesimistas si dijéramos que todo está perdido. La paz conquistada no fue borrada, por eso es lícito utilizar la palabra interferencia en el proceso, es decir, tropiezo, pausa. Un nuevo gobierno puede y debe retomar la aplicación del integral Acuerdo de Paz.
Ahora bien, la interferencia en el proceso de reconciliación no se ha hecho impunemente, la sociedad colombiana ha castigado al gobierno de Duque, su impopularidad es enorme, tanto que ha arrastrado al otrora rey de las encuestas, al expresidente Uribe, que ahora se lamenta de la ingratitud del país que lo está dejando solo. Están probando con amargura que la gloria es efímera.
Este libro es una potente voz de alerta. De sus entresijos se pueden sacar conclusiones interesantes para encarar el futuro: 1. Es preciso cumplir a cabalidad lo acordado con las FARC, 2. Es necesario sellar un acuerdo de paz con el ELN, 3. Es urgente una estrategia contra el crimen organizado que combine un plan de persecución a estas estructuras con un plan de sometimiento a la justicia, 4. Es posible y necesario iniciar diálogos humanitarios y acuerdos locales en las zonas donde persisten las graves disputas violentas, 5. Es urgente plantear en serio una discusión internacional de legalización de las drogas alucinógenas y sicoactivas y ensayar una estrategia distinta a la guerra contra las drogas que ha dominado la política colombiana a lo largo de 40 años, 6. Es prioritario normalizar las relaciones con Venezuela y establecer un plan conjunto para atender la larga frontera entre los dos países.