Por: Walter Aldana. Colaborador Pares.
La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), es para la institucionalidad, en este tema, “palabra de Dios”; debe ser por eso que no le atinan ni un poquito a las alternativas para la solución al problema de las drogas en nuestro país.
Claro y es que no hablan de la pobreza, la desigualdad y la deuda social del Estado con esa otra Colombia, por ello y sin corresponsabilidad de los países consumidores, sólo se habla de hectáreas, precio, ejército, policía antinarcóticos, glifosato, erradicación forzada y se cuentan nuestros muertos en el forcejeo. Los unos por arrancar una mata y los otros por garantizar el cultivo que da de comer a sus hijos, me refiero obviamente, a las y los pequeños productores, de ninguna manera a los cultivos llamados extensas áreas o industriales.
Quienes conocemos el territorio y sufrimos ese centralismo que ahoga las regiones, sabemos que el “resumen ejecutivo” de corte a noviembre de 2019, es una suerte de malabarismo de la entidad que vuelve a colocar únicamente la responsabilidad en el eslabón más débil de la cadena, el pequeño productor o productora de hoja de coca y soslaya los otros componentes – precursores químicos, licencias para gasolineras, paraísos fiscales para el dinero resultado de este negocio, al igual que el lío de las cifras públicas que varían dependiendo del funcionario: Presidente, Ministro o consejero, sin que por ello se sonrojen.
El Departamento de Estado de los amos del norte, dicen que tenemos doscientas mil hectáreas sembradas de hoja de coca, UNODC señala en el informe en referencia que son ciento cincuenta y cuatro mil, y el presidente Duque acepta el dato de la ONU, pero avala y usa como cifra a través del consejero Emilio Archila en debate de la cámara de representantes el pasado 12 de Junio el dato de EEUU; definitivamente no se juegan una lleva.
Lo cierto es que pudo haber rebajado un 9% del área sembrada, pero lo interesante en el análisis es que aumentó su productividad en un 7%, por la tecnificación, las variedades de semillas; creció de tres a cuatro o cinco cosechas al año, de trescientas cincuenta aproximadamente a quinientas arrobas por hectárea, y el precio, de veinticinco mil en el 2017 a cuarenta y cinco mil o más en este año dos mil veinte.
El énfasis en este gobierno no está en la concertación para acabar o disminuir los cultivos; con erradicadores terrestres y la aspersión aérea, pretenden terminar este año 2020 con ciento treinta mil hectáreas, mientras tan sólo quince mil de estas se anexan en programas de sustitución.
De igual manera, llama la atención desde el gobierno anterior, el afán por vincular al campesinado que tiene cultivos de uso ilícito a la producción de palma o cacao, es decir sacarlos del monocultivo de la hoja de coca para llevarlos al de productos únicos.
En contravía a ello las organizaciones de los productores, proponen sistemas, zonas agroecológicas, agroambientales, donde la seguridad y soberanía alimentaria sean garantía de desarrollo del campo, acompañado del mejoramiento o construcción de la infraestructura institucional necesaria para el éxito de la siembra, la cosecha, la transformación y la garantía de su comercialización.
Seguirán contando hectáreas, arrobas, toneladas, mientras no hablen de desarrollo rural integral, concerten y se construya un programa voluntario de sustitución, se coloquen los dineros para su implementación y se implemente hasta el final. Este es el seguro de confianza comunitaria frente al Estado representado en su gobierno.