Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 10 de enero a través del portal periodístico ‘Los Danieles’, el periodista Alberto Donadio publicó la columna titulada ‘Virgilio Barco y el exterminio de la UP’, en el que hace varias revelaciones que responsabilizan al presidente de ese momento (1986 – 1990) sobre el genocidio cometido con integrantes de la Unión Patriótica, partido político que nació en 1985, como resultado del proceso de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado colombiano y las Farc.
Se planteaba, que el gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes, otorgaría a la UP las garantías de seguridad para poder realizar su ejercicio político. No obstante, como una historia que se sigue repitiendo, poco tiempo pasó para que los asesinatos contra los miembros del partido comenzaran a marcar el inicio de un genocidio que ha cobrado al menos la vida de alrededor de 3000 personas, así causó miles de víctimas de desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y otras violaciones a los Derechos Humanos, que en lo corrido de la historia del país, una historia además marcada por la violencia, ha constituido una de las etapas y de los hechos más violentos con casi 6000 víctimas, que además, como ha sido denunciado constantemente y desde distintos sectores, todo esto tuvo la complicidad del Estado, por acción u omisión, pues como lo han dejado ver los años ninguno de los casos fue aislado, y lo cometido fue un genocidio planificado.
Siguiendo esto hay que mencionar uno de los puntos del que parte la investigación del periodista Donadio es la responsabilidad del Estado colombiano en lo ocurrido con la Unión Patriótica, señalando puntualmente que el presidente sucesor de Belisario Betancur, con quien se llevó a cabo el proceso de paz, Virgilio Barco fue determinante con lo ocurrido con la UP.
Esto tiene estrecha relación con quien fue consejero en cuestiones de seguridad en ese Gobierno, es decir, Rafi Eitan quien era un espía israelí “con verdadera licencia para matar; no de los que en el celuloide se dedican a seducir rubias en raudos coches, sino de los que encuentran razones de Estado o de sentimientos patrióticos para acabar con la vida de otros”, menciona el periodista en su columna.
Esta afirmación no es aislada, pues justamente lo que se denuncia es que, luego que el expresidente y el espía se conocieran en Washington –cuando Barco era embajador de Colombia en los Estados Unidos- y tras posicionarse como mandatario del país, Barco contactó a Eitan para que le aconsejara la mejor manera de combatir la guerrilla.
Luego de que el israelí visitara Colombia – por medio de recursos dados por Ecopetrol que se habrían conseguido a través de Juan José Turbay, miembro de la junta directiva de la empresa- el espía afirmó que la forma de afrontar el requerimiento, del en ese momento presidente, era “eliminar los miembros de la Unión Patriótica. (…) Barco no cuestionó la recomendación, ni formuló objeciones éticas, morales, legales o políticas”.
Esto se habría dado luego que se realizaran dos reuniones, una primera el 07 de agosto de 1986, en la que se pidió que el israelí viniera a Colombia, en la que además de Barco también participó el secretario general de la presidencia, quien para ese entonces era Germán Montoya. Asimismo, se hizo una segunda reunión en donde se escuchó a Eitan, en estas, como lo expone Donadio, estuvieron tanto el expresidente, como el secretario presidencial, así como un alto militar; “(…) el alto mando militar se opuso con vehemencia a que se le diera un segundo contrato y señaló que renunciaría si Eitan era el encargado de la misión. En su concepto debía ejecutarla el Ejército y no un comando extranjero. Barco aceptó que así fuera”.
Hay que señalar que de las reuniones y de la gestión que en su momento hizo Turbay para que Eitan viniera al país no quedaron registros. No obstante, y como uno de los argumentos que da Donadio, se establece que durante los primeros 14 meses del periodo presidencial de Virgilio Barco el número de asesinatos de miembros de la UP superaba los 400.
Adicional, hay que resaltar, que este exterminio continuó durante otros gobiernos, incluso el Centro Nacional de Memoria Histórica logró establecer que durante 223 meses consecutivos no hubo un solo mes en el que no se registrara un asesinato o una desaparición forzada de miembros de la UP.
¿Qué ha pasado luego de las revelaciones?
Hay que señalar que una de las reacciones más relevantes fue la de la Unión Patriótica, que ratificó las denuncias que “durante décadas el movimiento político ha realizado ante diversas instancias nacionales e internacionales, señalando la responsabilidad directa de altos funcionarios del Estado y sus FFAA en la decisión, planeación y ejecución sistemática del exterminio y genocidio en contra de la Unión Patriótica”, aseveraron a través de un comunicado.
Así, solicitaron a la JEP citar a varios miembros del Gobierno de Virgilio barco, entre quienes está el general (r) Rafael Samudio Molina, quien para ese momento fue designado por el entonces presidente como ministro de Defensa, cargo que le permitió dirigir las Fuerzas Militares en ese periodo, y cargo desde el que también recibió, como lo planteó Donadio, la alerta hecha por el entonces el consejero de paz, Carlos Ossa Escobar, quien le aseguró que todos los días estaban matando a un integrante de la UP, a lo que Rafael Samudio Molina habría respondido: “a ese ritmo no van a acabar nunca”, lo que acentuó la gravedad de los hechos violentos cometidos contra los militantes de la UP.
Justamente, otra de las reacciones vino del exministro, quien señaló en Blu Radio que todo se trataba de un “habilidoso montaje” que tendría relación con intereses electorales de cara a las campañas del 2022. Por su parte, el senador Iván cepeda comunicó en su cuenta de Twitter que: «Ante la revelación hecha hoy por el periodista Alberto Donadio, anuncio que en mi condición de víctima formularé las acciones penales a las que haya lugar contra el exministro de Defensa, general (r) Rafael Samudio por su presunta responsabilidad en el genocidio contra la UP”.
Tras esto el general (r) Jaime Ruíz en diálogo con Semana dijo que todo era un “bochinche mediático”, y que eso explicaría que Iván Cepeda hiciera dicho anuncio de la denuncia: “todo estaba perfectamente calculado”, afirmó. Además, en ese mismo espacio, en el que también participaba la senadora Aída Avella, se refirió a que las denuncias que ha venido haciendo ella, quien es militante de la UP y por años ha exigido justicia en este caso, son “lecturas de historietas y de documentos que recita de memoria”, a lo que la senadora respondió que nunca se ha tratado de eso, que por el contrario “son hechos de la vida nacional, juzgados por jueces nacionales e internacionales”.
Hay que mencionar que ambos militares retirados hacen parte de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares –ACORE-, organización que teniendo en cuenta las acusaciones y el relacionamiento que se hace de las Fuerza Pública con el exterminio de la UP debería atender a los cuestionamientos que se le hacen, no obstante, durante la emisión lo que resaltó fueron los señalamientos a la senadora sobre lo que nombraron como “falsas imputaciones”. Con esto, la senadora advirtió a través de su cuenta de Twitter: “Me dio la impresión que a los generales retirados, Ruiz Barrera de ACORE y el exministro de Defensa Samudio Molina, les incomoda que continúe viva y en la política”.
Dado esto, desde Pares se habló con la senadora de la bancada Decentes Aída Avella y presidenta de la Unión Patriótica.
Pares: La columna y las revelaciones que hace Donadio, ¿qué aportes dan a las investigaciones y las denuncias que se han hecho, por ejemplo desde la UP, sobre la responsabilidad del Estado colombiano con el exterminio de la UP?
Aída Avella: Primero que todo agradecer al periodista que sacó a la luz pública algo que era desconocido en el país y que es necesario que también se pongan los ojos ahí y sobre los otros actores internacionales que han participado en esto. Es un eslabón perdido que se ha encontrado.
No se puede dejar de lado que un agente con las cualidades de Eitan, que fue capaz de poner un espía a los Estados Unidos contratando a Jonathan Jay Pollard, quien fue detenido por el FBI y que estuvo preso 30 años. Lo aterrador es que Eitan afirmaba que “toda operación de inteligencia es una alianza con el delito”. Si partimos de esa premisa eso nos lleva a entender muchas cosas de las que pasaron en Colombia.
Yo sí creo que todas esas cuestiones que se saben y que se empiezan a vislumbrar no serán las únicas, seguramente vendrán otras más. Creo también que habrá otras conexiones entre Eitan y el señor Yair Klein, que fue el que entrenó los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, no creo que haya sido el primero que estuvo en todo esto.
Hay que decir que esta investigación aporta al proceso con las víctimas, por eso es necesario reconocer ese trabajo periodístico en el que seguramente participaron más periodistas que se han dedicado a aportar a este caso tan doloroso.
Pares: Varias veces se ha enfatizado en la relación que tiene este caso con los asesinatos sistemáticos que están siendo cometidos contra las y los firmantes de paz. Esto que se logró establecer periodísticamente, ¿qué luces da de la situación actual que afrontan quienes se acogieron al Acuerdo de Paz firmado durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos?
A.A: Aquí dejaron establecidos unos métodos y dejaron establecidas formas de actuar. Estaba pensado toda esta semana y llego a creer que la barbarie, que la sevicia hace parte de todo lo que le enseñaron a un grupo que me imagino fueron personas ligadas con la institucionalidad, especialmente con la institucionalidad de la inteligencia en Colombia.
Yo sí creo que todos los asesinatos sistemáticos que ahora se están cometiendo; lo que hacen con los líderes y lideresas sociales, con los/as indígenas, con los/as afros, y los/as firmantes de paz es utilizar lo mismo que se determinó hacer con la Unión Patriótica.
En estos momentos Colombia está siendo observada por todos los organismos de Derechos Humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, WOLA, etc., nos están observando porque el genocidio ahora es contra los líderes sociales, contra los sectores indígenas y afros, y los/as firmantes, y todo parece indicar que esta situación apunta al mismo objetivo; acá el que hable de paz se muere.
Aquí hay listas otra vez. Uno se pregunta: ¿quién tiene esas listas?, es fácil de entender, esas listas las tiene el Ministerio del Interior. Las listas de la gente desmovilizada y bancarizada las tiene el Gobierno, las manejan en alguna de las dependencias que están hechas para la implementación de los Acuerdos.
¿Quién tiene la lista de los/as indígenas, de los/as afros? Las tiene el Gobierno. Es decir, no les queda difícil para absolutamente nada ubicar a la gente. Desde antes que se firmara el Acuerdo de Paz están haciendo las listas; en sitios públicos llegaron a comentar que no importaba lo que firmaran, que ya estaban haciendo las listas de los “terroristas”, no les tocó ni siquiera trabajar en eso. Yo sí creo que con todo esto que pasa son las Águilas Negras, y no dan con este grupo porque es parte de la institucionalidad que actúan bajo el rotulo de la Águilas Negras, que no son negras.
«Aquí dejaron establecidos unos métodos y dejaron establecidas formas de actuar. Estaba pensado toda esta semana y llego a creer que la barbarie, que la sevicia hace parte de todo lo que le enseñaron a un grupo que me imagino fueron personas ligadas con la institucionalidad, especialmente con la institucionalidad de la inteligencia en Colombia.» Imagen: Pares.
Pares: Ayer en un debate en el que usted estuvo varias afirmaciones salieron por parte de Jorge Ruíz y el exministro Samudio. ¿Cómo interpreta usted esas afirmaciones en medio de todo este contexto?
A.A: Yo creo que son unas afirmaciones apenas obvias en las que estuvieron trabajando en el momento en el que se conoció que Eitan estuvo en Colombia, pues el general Samudio tenía un importante papel durante ese gobierno, así como otros militares, quienes la forma que han usado para defenderse es juzgar descalificativamente todos los hechos que por años se han venido probando. Para ellos los asesinatos, las desapariciones, las amenazas, las torturas son historietas, pero para los seres humanos que las sufrieron son verdaderas vulneraciones de los derechos humanos.
Desde luego, como víctima lo que pedimos a la JEP es que no solo cite a Samudio Molina, que ha dicho, además, que tiene muy buena memoria, sino además a otras personas que estuvieron también involucrados y, por supuesto, que se abra la posibilidad que se defiendan, pero que en todo eso se respete que todo esto no es ningún escándalo, son hechos reales, donde hubo un genocidio planeado y ejecutado.