Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.
De acuerdo con el Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Fundación Feminicidios Colombia, en 2019 se registraron 260 casos de feminicidio en todo el país y en lo que va corrido del 2020 se han presentado 11 casos. El más reciente se dio el pasado viernes en Bucaramanga, cuando Argemiro Alberto Urrego Carmona, asesinó a puñaladas a Angie Paola Cruz Ariza con quien había mantenido una relación sentimental y a Manuela Betancourt Vélez amiga de Angie Paola, ambas estudiantes de la Universidad Industrial de Santander-UIS.
Este doble feminicidio ha escandalizado a buena parte del país, sin embargo, este tipo de hechos se han vuelto algo común y de ligero consumo en los titulares y en las redes sociales, no se nota un abordaje integral por parte de las autoridades y del Estado mismo frente a este tipo de hechos.
El feminicidio se encuentra tipificado en el código penal colombiano, a raíz del macabro episodio del que fue víctima Rosa Elvira Cely, una mujer que fue agredida, violada y asesinada en el Parque Nacional en 2012, hecho que despertó el rechazo nacional y que casi tres años después inspiró la expedición de la Ley 1761 de 2015.
A esta tipificación Colombia llegó tarde ya que desde mediados de los 2000 en otros países de América Latina se había declarado el Feminicidio o el Feminicidio como un hecho punible; el código penal define el Feminicidio cuando se le causa la muerte a una mujer por su condición de ser mujer y enuncia una serie de agravantes; vale la pena aclarar que no todos los homicidios de mujeres resultan ser feminicidios, tiene unas causas contextuales para definirse como tal.
En la mayoría de los casos se tiene como común denominador que el feminicida se relacionaba de alguna manera con la víctima, había sido su pareja sentimental o su propio padre en algunos casos, y muchas veces las víctimas habían realizado denuncias de riesgo a sus vidas por la intimidación de sus agresores, esto vuelve al feminicidio el delito más predecible, sin embargo es el que menos se evita debido a la falta de interés de las autoridades o al desconocimiento de su manejo.
Si a muchas de esas víctimas se les hubiese escuchado con tiempo o se hubiese hecho ejercicio de inteligencia a los agresores, estos hechos se hubiesen podido evitar; el caso de Urrego tiene esta particularidad, el doble feminicidio había dejado mensajes claros de misoginia en sus redes sociales y el desenlace resultó lamentable.
Ahora bien, las expresiones de violencia contra la mujer que van desde el hostigamiento, el acoso, la agresión sexual y el feminicidio mismo se han manifestado en espacios públicos, lo que lo convierte en un problema de seguridad ciudadana, ya que entornos como las calles, los parques, el sistema de transporte, los colegios, las universidades y hasta los mismos sitios de trabajo se han convertido en escenarios de este tipo de agresiones.
Por ello, se debe evitar la normalización de estos hechos y realizar un abordaje integral desde las políticas de seguridad ciudadana en los entornos locales y desde el ámbito nacional, que incluya el fácil acceso a los mecanismos de denuncia, formalizar las ruta de atención a las mujeres en riesgo, acceso al aparato de justicia, enfoques preventivos de atención del delito y una educación integral en la materia.
En general incluir el enfoque de género en las políticas públicas, hecho que queda pendiente en cierto grado dentro de la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno Nacional, donde si bien hay un tratamiento explícito a la condición de mujer como parte de un grupo de población vulnerable no se presenta un enfoque mucho más integral de cómo debe prevenirse este tipo de violencias pues afecta a las mujeres en varios entornos de su vida y los casos son numerosos: el manoseo en el transporte público, el hostigamiento y la persecución junto a la vulnerabilidad frente a la autoridad, recordando el caso de una joven en Bogotá que fue violada por un patrullero de la policía en días pasados dentro de un bus de la institución.
Por otra parte, es preciso señalar los recientes casos de Transfeminicidio, entendido como el asesinato de mujeres trans por su condición de mujer, como el ocurrido el año anterior en Tuluá o el reciente hecho presentado en Neiva, donde hombres armados atacaron a un grupo de mujeres Transgenero dedicadas a trabajos sexuales en las calles de la ciudad, el hecho se presentó con total sevicia y fue condenado por la comunidad LGBTI y colectivos de diversidad sexual en todo el país; este tipo de hechos también deben ser tratados como acciones de violencia contra la mujer que afectan la convivencia y la seguridad de la ciudadanía, son en el fondo feminicidios.
La violencia contra la mujer y contra quienes se identifican como tal no puede seguir siendo pan de cada día para la ciudadanía, se debe aprender a prevenir de forma integral, utilizando canales de comunicación efectivos que eviten estos hechos. No puede ser posible que solo la sororidad sea la herramienta con que ellas cuenten para proteger su vida y su integridad física; al Estado le falta mucho por avanzar en esta materia al asumirlo como un problema real de política pública.