Por: Camilo Díaz Suárez Investigador nacional - Línea de Democracia y Gobernabilidad
El pasado 20 de octubre, a la una de la mañana, con la votación positiva del Presupuesto General de la Nación en plenaria de la Cámara de Representantes, para la vigencia 2022, se pasó el cuarto y último debate para hacerlo oficial. Con ello, la atención pública fue llevada a la modificación de la ley de garantías en un artículo del Presupuesto (Te podría interesar: “Trampas, peleas y enredos: en busca de la ley sin garantías”).
De todas formas, pasando en un segundo plano, se estableció el presupuesto para el 2022 en 350 billones de pesos. Así, hubo un incremento del 5,3 % respecto al 2021. Cabe mencionar que, de este monto, el 59,8% corresponde a gastos de funcionamiento, el 20,8% a pago de la deuda y el 19,5% a inversión.
Como es usual, los sectores con mayor destinación del Presupuesto General de la Nación fueron: educación, con $49 billones; defensa y Policía, con $42 billones; salud y protección social, con $41 billones; trabajo, con $34 billones; y hacienda, con $24 billones. Por su parte, al cumplimiento del Acuerdo de Paz se destinaron, aproximadamente, $11 billones.
Respecto a la asignación presupuestal a entidades y a los puntos del Acuerdo de Paz, hubo manifestaciones relacionadas a que esta no era suficiente para alcanzar las metas propuestas. Entre las personas que hicieron este llamado de atención se encuentra la representante Katherine Miranda, quien afirmó que “quisieron hacer realidad eso que tanto decían de hacer trizas el Acuerdo de Paz”, refiriéndose al presupuesto asignado, entre otros, a la Comisión de la Verdad. De igual forma, el representante Omar de Jesús Restrepo sostuvo que la inversión en la paz ha sido escasa y no se ha cumplido. Esto lo acompaña un proyecto de acto legislativo que se encuentra en trámite en comisión y que busca acabar con puntos del Acuerdo de Paz.
El presupuesto de la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD
Con el Presupuesto General de la Nación 2022 aprobado, los recursos para la paz por entidades quedaron en $598.000 millones de pesos, distribuidos en $374.898 millones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), $81.000 millones para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, y $142.102 millones para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
En términos generales, respecto a este asunto, los recursos para el 2022 siguen una tendencia ascendente. Sumando el presupuesto de las tres entidades en 2020, el total fue de $512.727 millones, distribuidos en $296.850 millones para la JEP, $95.824 millones para la Comisión de la Verdad, y $120,051 millones para la UBPD. En cuanto al 2021, la JEP tuvo una asignación de $330.748 millones, la Comisión de la Verdad $116.992 millones, y la UBPD $127,889 millones, para un total de $575.629 millones.
Presupuesto cada año por entidad en miles de millones
Cabe recordar que la Corte Constitucional, el pasado 1 de octubre, le dio vía libre a la Comisión de la Verdad de funcionar hasta el 2022. Tras la sentencia c-337 de 2021, la Corte consideró que, debido a la pandemia de covid-19, se produjeron afectaciones al derecho de la verdad. Luego de varias intervenciones de las víctimas del conflicto armado, la Sala Plena de la Corte determinó que las acciones de mitigación del covid-19 (como el distanciamiento social, el aislamiento y la virtualidad) afectaron la entrega de declaraciones y, con esto, quedó en riesgo el derecho a la verdad. Más concretamente, las víctimas aludieron que no rindieron declaraciones por miedo de hacerlas de forma virtual o por no contar con las herramientas para hacerlo (Te podría interesar: “Corte Constitucional extiende el tiempo para la labor de la Comisión de la Verdad”).
El presupuesto para la Construcción de Paz
Por su parte, por puntos del Acuerdo de Paz, la distribución de recursos, con respecto al Presupuesto General, muestra una disminución frente a los años anteriores. Más concretamente, en 2021, el Gasto para la Construcción de Paz correspondió al 3,40% del total del presupuesto; mientras que para el 2022 tendrá una asignación del 3,13% del total de lo aprobado el 20 de octubre. Esto muestra una tendencia decreciente en lo concerniente a la inversión a la paz.
Porcentaje del Presupuesto General de la Nación para la Construcción de Paz
Cabe recordar que son 6 puntos los que conforman el Acuerdo de Paz: (1) reforma rural integral, (2) participación política, (3) fin del conflicto, (4) solución al problema de las drogas, (5) víctimas del conflicto y (6) implementación, verificación y refrendación. En términos nominales, cuatro de esos puntos tienen un aumento en su asignación presupuestal, a excepción de los puntos 3 y 4 del Acuerdo, los cuales presentaron un decremento. También es notable que la Reforma Rural Integral es el punto que ha acaparado y acapara más recursos.
Inversión total del Presupuesto General de la Nación por punto del Acuerdo de Paz en billones de pesos
Otro intento para acabar con el Acuerdo de Paz
Para esta última legislatura que queda, se encuentra en trámite en comisión el proyecto de acto legislativo 296 de 2021, en Cámara de Representantes, para derogar la JEP y otros artículos del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se dictan disposiciones transitorias para la terminación del conflicto. El proyecto fue radicado por congresistas del Centro Democrático, constituyéndose como otro intento para acabar con elementos del Acuerdo.
El mencionado proyecto pretende derogar los artículos del 5 al 17 del Acto Legislativo 01, los cuales crean la JEP y establecen su competencia, conformación y acción. De igual forma, se encuentra el artículo 19, que garantiza la no extradición a exintegrante de las FARC-EP en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Además de los ya mencionados, se buscan derogar los artículos del 21 al 26, que tratan las normas que aplican a miembros de la fuerza pública para la terminación del conflicto y la construcción de paz. Finalmente, se incluye el parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, el cual dicta que grupos armados organizados al margen de la ley y miembros de la fuerza pública que no hayan sido condenados por delitos dolosos, luego de la firma del Acuerdo de Paz, pueden ser empleados públicos o trabajadores oficiales.