Por: Ernesto Medrano
Asistente de Investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad
En el Centro Democrático se vislumbra la reiterada contienda entre el presidente de la República, los representantes del partido y su líder natural. En la más reciente disputa al interior de la colectividad, se presentó la desautorización, por parte del exsenador y jefe natural del partido, Álvaro Uribe Vélez, sobre el artículo introducido en la ley de presupuesto que busca modificar la ley de garantías para las elecciones del 2022.
Pero, ¿qué es la ley de garantías?
La ley de garantías es un instrumento que busca regular y establecer mecanismos de protección de la democracia con el fin de ofrecer la igualdad electoral. Esta ley evita que personas a la cabeza de alcaldías y gobernaciones puedan ejecutar el presupuesto o establecer convenios administrativos cinco meses antes de las elecciones a Congreso y Presidencia. El propósito de esto es impedir la aparición de incentivos perversos que interfieran con el sano desarrollo de la democracia.
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en su momento, realizamos un análisis sobre las implicaciones de la derogación o modificación del artículo 38 de la ley de garantías, explicando que la intención resulta abiertamente inconstitucional porque la Ley de Presupuesto es una ley ordinaria, y un artículo en este tipo de leyes no puede derogar elementos de las leyes de carácter estatutario (Te podría interesar: “En vilo la ley de garantías: ¿otra jugada del Gobierno?”).
El argumento de las personas ponentes ha sido que, como no existe la reelección presidencial en Colombia, no tiene sentido mantener vigente la restricción en la contratación en periodos electorales. Esta postura no contempla que el artículo primero de la ley 996 de 2005, no solo establece una restricción de cara a la reelección presidencial, sino también un criterio democrático sobre cómo debe desarrollarse el debate y el proceso electoral en el país.
Contradicciones en el Centro Democrático
En el partido de gobierno se han presentado diferentes discrepancias frente a la introducción del artículo que elimina la ley de garantías. Para el senador Ciro Ramírez, por ejemplo, la ley de garantías solo es un obstáculo que no permite la ejecución presupuestal de los gobernantes y, además, de acuerdo con sus declaraciones en un entrevista para W Radio, “no es el antídoto para evitar la corrupción”. Sin embargo, por otro lado, para el exsenador Álvaro Uribe es necesario derogar la ley de garantías, pero no es conveniente hacerlo en vísperas de las elecciones del 2022.
Incluso, el exsenador Uribe solicitó el apoyo a las congresistas Milla Romero Soto y María del Rosario Guerra (como si se tratase de las grandes defensoras de la democracia y el respeto por la Constitución), como un intento por mostrar las discrepancias entre los miembros del partido ante el mico introducido.
Evidentemente, la discusión por el mico incrustado en la ley ordinaria del presupuesto general para el 2022 ha generado grandes contradicciones en las toldas uribistas. De hecho, como coordinadores ponentes del proyecto de ley aparecen los nombres de los senadores Nicolás Pérez Vázquez y Ciro Ramírez, así como los representantes a la Cámara Juan Pablo Celis Vergel y Diego Javier Osorio Jiménez.
Congresistas ponentes del proyecto de presupuesto del Centro Democrático
Las contradicciones no vienen solo de este último periodo de tiempo. En 2015, mientras se desempeñaba como senador de oposición, el hoy presidente Iván Duque se oponía a la idea de la eliminación de la ley de garantías. A continuación, mostramos el recorrido del conveniente cambio de opinión del partido de gobierno frente a la eliminación de la ley de garantías:
Intención y efecto
El mensaje emitido por Uribe Vélez deja entrever que su intención sí es derogar la ley de garantías, argumentando que alcaldes y gobernadores no tienen tiempo suficiente para ejecutar el presupuesto establecido, incumpliendo así, sus planes de gobierno. Ante esta tesis, las personas a la cabeza de alcaldías y gobernaciones ya se han pronunciado, precisamente, en la misma dirección.
Para el Centro Democrático, la controversia y las opiniones distintas resultan ser un buen mecanismo para el ejercicio político que precede a la campaña electoral del 2022. Si bien algunos y algunas congresistas han apoyado la idea de tumbar la ley de garantías, por medio de la ley de presupuesto, para otro grupo de congresistas del partido esto no es estratégico.
El mensaje más interesante al respecto fue, precisamente, el del exsenador Álvaro Uribe. Esto, debido a que no corre riesgos, políticamente hablando, al afirmar que hay que tumbar la ley; pero no así ni ahora. En este sentido, Uribe se adapta al debate generado en torno a la inconstitucionalidad e inconveniencia del artículo, pero, además, envía un mensaje convincente a mandatarios y mandatarias de alcaldías y gobernaciones: estoy con ustedes.
El cálculo político del Centro Democrático es medido, pues de cara a las elecciones del 2022 necesitan los votos tanto de acaldes y alcaldesas, como de gobernadores y gobernadoras. De hecho, en el marco de las próximas elecciones, es importante tener en cuenta que, de las 32 gobernaciones, 20 pueden ser catalogadas como independientes[1]. Es decir, este espaldarazo, para que mandatarias y mandatarios locales puedan adelantar contratos interadministrativos y contrataciones en periodo electoral, hace parte de una estrategia clientelar en la que “yo te apoyo y tú me apoyas”.
[1] Para el cálculo de las gobernaciones, según la declaratoria (Gobierno, Independiente u Oposición), se realizó un análisis de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, y si en el proceso electoral el partido de gobierno tenía candidatura propia. Gobierno: cuando el candidato es del Centro Democrático o el partido está presente en la coalición. Independiente: cuando el elegido no pertenece al partido de gobierno o si el candidato compitió en contra del partido Centro Democrático. Oposición: cuando el partido del elegido o la coalición se ha declarado en oposición, de acuerdo al Estatuto de la Oposición. ND: cuando no es posible establecer la declaración de afinidad del partido o coalición frente al Gobierno nacional.
Juego político
En el juego político, el Centro Democrático esperaría contar con el apoyo de gobernadoras y gobernadores, no solo de quienes harían parte de los partidos de la coalición de gobierno a nivel nacional, sino que también buscarían atraer a quienes se han declarado como independientes, pero que con la eliminación de la restricción de la ley de garantías se verían beneficiados. Más aun teniendo en cuenta que las gobernaciones que pueden catalogarse como afines al gobierno suman 1.697.502 votos, mientras que las gobernaciones independientes suman 5.750.754 votos. Es decir, se espera cautivar un nuevo nicho electoral con la introducción de un enorme mico, a pocos meses de la entrada en vigencia de la ley de garantías y de los comicios electorales.
Número de votos obtenidos por gobernadores afines al partido de gobierno
Número de votos obtenidos por las gobernaciones catalogadas como independientes
En el caso de las alcaldías ocurre algo similar. En este caso, se tomaron las alcaldías de las ciudades capitales. A partir de la declaratoria de afinidad política hacia el Gobierno nacional, se logró definir que solo la alcaldía capital del departamento de Sucre pertenece a la coalición de gobierno. De las 31 alcaldías de ciudades capitales, 19 pueden ser catalogadas como independientes, 9 serían opositoras y 2 estarían indeterminadas.
Así mismo, el potencial electoral que ofrecen las alcaldías es importante. El total de votos obtenidos por las alcaldías capitales suma 3.327.505 votos. De estos, el caudal electoral de los partidos y coaliciones independientes llega a 1.038.505 votos.
Por su parte, desde la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, se solicitó la derogación de la ley de garantías. Esto debido a que, según estas instituciones, la ley de garantías produce desincentivos y limitaciones al sano desarrollo de la gestión pública y la ejecución de proyectos.
Comunicado conjunto de organizaciones municipales y departamentales
La trampa como instrumento político
Ante este panorama, la congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda había realizado, a través de su cuenta de Twitter, una denuncia sobre un posible entramado que permitiría la aprobación de la ley de garantías el pasado lunes festivo, 18 de octubre. En la denuncia de la congresista se enfatizaba que, además, los congresistas no sesionaron en toda la semana, en virtud de la llamada semana de receso que los presidentes de Cámara y Senado consideraron oportuna.
Sin embargo, tras las reacciones de la opinión pública, la sesión plenaria, tanto en Cámara como en Senado, fue movida para el martes 19 de octubre. Como resultado, finalmente, se obtuvo la aprobación del proyecto del presupuesto general para la vigencia del 2022 y la eliminación del artículo 38 de la ley de garantías, incluso, a sabiendas de su inconstitucionalidad.
Conclusión
Es claro que oponerse a la ley de garantías puede implicar una percepción de sensatez bien vista por los alcaldes y gobernadores. Sin embargo, hacerlo previo a elecciones legislativas y presidenciales resulta ser una estrategia clientelista y antidemocrática. Así mismo, el oportunismo del Centro Democrático no deja de ser llamativo, porque mientras disfrazan sus intenciones con peleas internas, los congresistas ponentes del proyecto de presupuesto general para el 2022 están a gusto con el mico introducido, e incluso lo defienden con afirmaciones poco serias.
Pero más preocupante aún es que, no contentos con la introducción del mico inconstitucional, pretendían aprobar a pupitrazo, y de espaldas al país, el proyecto del presupuesto general y, por supuesto, el mico que busca eliminar la ley de garantías. Si bien las alertas que encendieron algunos congresistas dejaron entrever las intenciones de la bancada de gobierno y sus aliados por aprobar, en la opacidad, el proyecto de presupuesto, el debate continuó el martes 19 de octubre, con la noticia de que el Centro Democrático dejó en libertad a sus representantes para tomar cualquier decisión sobre este proyecto.
Y, finalmente, la decisión de los senadores y las senadoras aliadas del Gobierno fue la aprobación de la ley de presupuesto, con mico incluido, que permitirá desplegar estrategias y prácticas clientelares, a lo largo y ancho del país, con recursos públicos. Es decir, comprarán votos con dinero público.
[1] Para el cálculo de las gobernaciones, según la declaratoria (Gobierno, Independiente u Oposición), se realizó un análisis de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno, y si en el proceso electoral el partido de gobierno tenía candidatura propia. Gobierno: cuando el candidato es del Centro Democrático o el partido está presente en la coalición. Independiente: cuando el elegido no pertenece al partido de gobierno o si el candidato compitió en contra del partido Centro Democrático. Oposición: cuando el partido del elegido o la coalición se ha declarado en oposición, de acuerdo al Estatuto de la Oposición. ND: cuando no es posible establecer la declaración de afinidad del partido o coalición frente al Gobierno nacional.