Por: Laura Cano, Periodista Pares.
El pasado 23 de junio se reportó que en Ciudadela Sucre en Soacha había alrededor de 800 personas que se habían instalado en un lote donde ubicaron algunas carpas, además de parcelar el terreno entre familias. Esta situación, según los videos que circularon en redes y también a través de lo informado por la Red Popular de Derechos Humanos, se provocó por la imposibilidad de solventar gastos de arriendo, dado el escenario económico crítico acentuado con la pandemia, pero también siendo un resultado de los problemas estructurales que hay para poder tener acceso a una vivienda digna.
En este sentido una de las peticiones que se hacía era la presencia del dueño o dueña del lote para poder mediar con la intención de un acuerdo económico y de construcción. Lo anterior teniendo en cuenta el problema que en Soacha está hace por lo menos 40 años con los llamados tierreros, quienes venden terrenos de forma ilegal generando urbanizaciones informales, que como una de sus consecuencias tiene, precisamente, los desalojos que se dan institucionalmente e incluso a través de la violencia, creando una doble afectación a quienes han encontrado en los asentamientos ilegales una solución para las pocas garantías de vivienda.
Tras esto el 24 de junio a la zona llegaron policías y algunos organismos municipales como la Secretaría de Gobierno, la Personería, además de miembros Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Al no proponer soluciones efectivas a las solicitudes de la comunidad hay una negativa en dejar el lote, lo que es utilizado como argumento para que al día siguiente desde horas de la mañana agentes del ESMAD hicieran presencia en el punto con la intención de desalojar el lote.
Esta situación venía precedida por uno de los hechos más críticos presentados en Bogotá durante la pandemia, cuando a inicios de mayo se registraron varios desalojos en Altos de la Estancia, Ciudad Bolívar, en donde a las familias, además de las afectaciones físicas propias del uso abusivo de la fuerza, también quedaron perjudicadas por la destrucción de sus viviendas y la violencia simbólica a la que fueron expuestas.
La situación en Soacha obedeció a dinámicas similares por parte de la Fuerza Pública; uso de la dotación del Escuadrón que afectó tanto a las personas que estaban en el terreno, pero también a los habitantes del barrio, además, más allá de ofrecer soluciones efectivas para el acceso a la vivienda lo que se terminó realizando fue una complicación del escenario de vulnerabilidad en el que está la comunidad.
Duván Aldana, otra vida aniquilada
*Duván Mateo Aldana Álvarez. 15 años. Estudiante de octavo grado del Colegio Distrital Buenos Aires. Hijo de Deisy Álvarez. Habitante del barrio Ciudadela Sucre, Soacha*.
En medio de los hechos ocurridos el pasado 25 de junio en circunstancias que todavía son objeto de investigación, fue asesinado Duván Aldana, un joven de 15 años que recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego que minutos más tarde le causó la muerte. Fue en vano el esfuerzo de los habitantes de la zona que lo trasladaron hasta el Hospital Cardiovascular de Soacha, donde llegó sin vida.
Esta situación de nuevo puso sobre la mesa la responsabilidad de la Fuerza Pública con la gente, pues de nuevo eran noticia por actos que atentaban contra los derechos humanos de quienes debían en su servicio proteger.
Dado este caso han sido varios los pronunciamientos que se han hecho desde las entidades municipales y también a partir de las personas que se encontraban ese día en la zona; tanto los ocupantes del lote, como de quienes eran desde antes habitantes del barrio.
¿Qué dice la gente?
En uno de los primeros videos que se conocieron de la situación que se vivía el 25 de junio en Ciudadela Sucre se escucha a una mujer de la comunidad gritando que no les disparen, porque están desarmados. Sus palabras se escuchan justo segundos antes de que la comunidad recogiera el cuerpo de Duván. Como este son varios los videos que circulan en redes, los cuales muestran cómo la gente del barrio quedó en medio de los enfrentamientos que se produjeron con el ESMAD.
A Punta de gases lacrimógenos esmad desaloja ciudadela Sucre en Soacha, comunidad engañada por los Forero Fetecua invadieron terrenos en la comuna cuatro pic.twitter.com/JMtGhuLTJp — William Parra (@William_Garra) June 25, 2020
Por su parte, desde la Red Popular de Derechos Humanos informó que: “en el procedimiento de desalojo los agentes de la Policía hacen disparos al aire y hacia la comunidad, como resultado uno de esos disparos impactó en el cuello del menor Mateo Aldana de 15 años”. A esto se suma lo declarado por Deisy Álvarez en entrevista con Caracol Radio en donde afirmó que “tenemos claro que había policías en civil también disparando”.
Además, agregó que en medio de los enfrentamientos “el ESMAD tiró gases lacrimógenos. El momento fue desesperante y tuvimos que salir de las casas y correr porque el gas se nos metió en las viviendas”. Vale la pena señalar que según la Campaña Vida los desalojo se dieron “sin que se hubiese propiciado un espacio de diálogo, interlocución y negociación”.
Ante este panorama, es transversal la exigencia de justicia para Duván y también hacia un esclarecimiento de los hechos, que permita que el caso no quede impune y además que la familia reciba la reparación adecuada en caso que en efecto los responsables de lo ocurrido con Duván haya sido responsabilidad del la Fuerza Pública, lo que agregaría una vida más a, por lo menos, los 34 asesinatos que ha cometido el ESMAD.
¿Qué dice la institucionalidad?
En este punto es necesario nombrar que antes del caso sucedido en Ciudadela Sucre la Corte Constitucional en relación con lo ocurrido en mayo en Altos de la Estancia, La Viga (Cali) y Pance (Cali) se había pronunciado respecto a los desalojos que se han venido haciendo en medio de la pandemia, aclarando que a pesar de que las autoridades pueden adelantar estas medidas, en la coyuntura actual es una prioridad aplazar los desalojos en casos como los asentamientos informales, y además hace el llamado a que primen la búsqueda de garantías para ofrecerles un techo a los más vulnerables.
Sin embargo, y en un panorama contrario a lo expresado por la Corte, los otros pronunciamientos han sido varios. Por una parte, luego de conocerse sobre el asesinato de Duván desde la Policía de Cundinamarca el comandante César Castro aseveró que al agotarse los intentos de diálogo se procedió a la intervención de la Fuerza Pública. Asimismo, manifestó que “durante el procedimiento nunca se tuvo conocimiento de algún lesionado o alguna situación que hubiera pasado durante el tiempo que duró el procedimiento”.
Por otra parte, Nidia Pilar Rojas, directora seccional de Cundinamarca de la Fiscalía anunció que desde el organismo se inició una investigación por el delito de homicidio contra Duván Aldana. Por su parte, en una de las intervenciones de Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, se dijo que “no voy a permitir la invasión de terrenos. Soacha ha sido por décadas el lugar donde unos pocos invaden y se aprovechan de la pobreza de los habitantes de la ciudad”.
Tras lo anterior vale la pena aclarar que los llamados ‘tierreros’ han tenido presencia en Soacha, por lo menos, desde hace 40 años, y en cabeza en este municipio, por una familia de apellido Forero Fetecua, la cual tiene antecedentes de construcción ilegal de vivienda desde los años 80. Hoy el problema de los tierreros persiste en los barrios periféricos y el llamado sigue siendo a que se tomen acciones sobre estas personas que dirigen estos negocios, y no sobre sus víctimas.
Adicionalmente, el concejal del Bogotá Diego Cancino solicitó al alcalde de Soacha tramitar una mesa amplia de diálogo para establecer rutas que permitan desde la participación de varios sectores hacerle frente a los problemas que históricamente ha vivido esta zona por los índices de pobreza que ha tenido como una de sus más críticas consecuencias la falta de acceso a vivienda digna, que incluso según el Informe Déficit de vivienda urbana en Bogotá y Cundinamarca, publicado y realizado por la Alcaldía de Bogotá en 2017, se asevera que en ”El caso más crítico en términos absolutos es Soacha, por ser el municipio de la región metropolitana de Bogotá que muestra la mayor cantidad de hogares en déficit de vivienda (24.134)”.
Se debe agregar que el concejal alertó que por denuncias ciudadanas se supo que en medio de los desalojos dos niñas de 4 meses habrían muerto a causa de la asfixia provocada por los gases lacrimógenos. Además, en la tarde del primero de julio a través la campaña Defender la Libertad: Asunto de todas se conoció el relato de una mujer embarazada víctima de abuso policial el pasado 25 de junio.
Tras todo esto es necesario establecer dos conclusiones: por un lado, la necesidad de seguir exigiendo justicia para Duván Aldana y también para las personas que ese día sufrieron los abusos de poder por parte de la Fuerza Pública. Por otro parte, debe ser una prioridad de las entidades gubernamentales tomar medidas efectivas para frenar la problemática histórica que han vivido los barrios con los llamados tierreros, partiendo de que las acciones deben ir bajo ese fin, más no revictimizando a las personas que se han visto afectadas con esta problemática.